CARTA AL ALCALDE Y AL PP DE VALDEMORILLO (PLENOS)
En Valdemorillo hay una pregunta que no puedo plantear como una simple cuestión administrativa: ¿de qué sirve que los vecinos tengamos un procedimiento para presentar preguntas al Ayuntamiento si, después de registrarlas, podemos quedarnos sin respuesta y sin posibilidad de formularlas públicamente?
El
artículo 109 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales establece el contenido de las
actas y contempla las incidencias producidas durante la sesión. No se pide una
transcripción taquigráfica, sino que el hecho quede documentado. Además, el
Ayuntamiento dispone de Video acta. Lo ocurrido en el Pleno queda
registrado audiovisualmente. Existe una grabación, una hora y un momento
concreto en el que se levanta la sesión. Por tanto, existe la posibilidad de
comprobar lo sucedido.
Solicito al alcalde o al
secretario municipal que respondan por escrito a una cuestión concreta: ¿qué
procedimiento tiene un ciudadano para dejar constancia oficial de que ha
presentado una pregunta, ha acudido al Pleno para formularla y no ha podido
hacerlo porque la sesión terminó antes de su intervención?
No considero suficiente
responder que «así funciona el Pleno», que «el alcalde tiene potestad para
levantar la sesión» o que «la pregunta puede volver a presentarse”. Porque si
no existe ningún mecanismo, tenemos un problema serio: un ciudadano puede
registrar una pregunta, pero nadie garantiza que llegue a formularla; puede
acudir al Pleno, pero nadie garantiza que pueda intervenir efectivamente; y
puede solicitar que conste lo ocurrido, sin que exista un procedimiento claro
para incorporarlo a la documentación oficial.
Mientras tanto, la
Administración conserva el Registro, el acta y la grabación. Entonces pregunto:
¿qué falta? ¿Un procedimiento? ¿Voluntad? ¿O asumir que la participación
ciudadana no puede depender exclusivamente de quien preside el Pleno?
El problema no es que una
pregunta pueda resultar incómoda. El problema es que un ciudadano pueda cumplir
todos los pasos establecidos y, aun así, quedarse sin voz.Y esto no afecta
únicamente a quien escribe estas líneas. Hoy puede ser mi pregunta y mañana la
de cualquier vecino. Puede tratarse de urbanismo, obras, contratos, servicios
públicos, movilidad, impuestos, seguridad o infraestructuras. Por eso no
defiendo únicamente mi derecho a preguntar. Defiendo el derecho de cualquier
vecino a que su participación sea real y verificable.
He
planteado esta cuestión ante la Comunidad de Madrid y la respuesta recibida confirma la existencia de
mecanismos para que los ciudadanos puedan formular preguntas dentro de los
cauces establecidos. Evidentemente, la Asamblea de Madrid y un Ayuntamiento no
son instituciones iguales ni se rigen por idénticas normas. Pero el principio
es el mismo: si la Administración habilita un cauce para que el ciudadano
formule una pregunta, ese cauce debe tener un contenido real.
No acepto presentar preguntas
por Registro para después comprobar que no obtienen respuesta y que, cuando
intento formularlas públicamente, el Pleno termina antes de llegar mi turno,
sin que exista además una forma clara de dejar constancia oficial de lo
sucedido.¿Quién decide cuándo termina la voz de los vecinos de Valdemorillo?
Si la respuesta es que la
decide el alcalde, quiero saber cuáles son los límites de esa decisión. Si
existen unas normas, quiero que se indiquen y se explique cómo se aplican. Si
el secretario debe limitarse a recoger lo establecido en el acta, quiero saber
cómo se incorpora una incidencia de estas características. Y si existe una
Video acta que recoge lo ocurrido, quiero poder acceder a ella y utilizarla
para acreditar los hechos.
Una pregunta puede ser
incómoda, molestar o poner en cuestión una decisión del Gobierno municipal.
Pero en una democracia no debería desaparecer simplemente porque el Pleno se
haya cerrado antes de escucharla.
Por eso seguiré presentando mis
preguntas por Registro, Cuando pueda acudiendo a los Plenos y solicitando que
quede constancia de lo que ocurra. Los vecinos no somos espectadores de la
política municipal. Somos quienes vivimos las consecuencias de las decisiones
que se toman en el Ayuntamiento. Tenemos derecho a preguntar. Tenemos
derecho a saber. Y tenemos derecho a que nuestra voz no desaparezca cuando
llega el momento de ser escuchada.Porque cuando el Pleno se cierra justo
antes de escuchar al ciudadano, la cuestión ya no es cuánto dura una sesión.
La
cuestión es cuánto dura, en realidad, la democracia.
Cuando un partido político coloca por delante de los intereses de los ciudadanos los propios del partido, surge una cuestión fundamental: ¿qué puede hacer realmente un alcalde ante esta situación? Y, sobre todo, ¿qué podemos hacer los ciudadanos en una democracia cuando nos percatamos de que esto ocurre?
ResponderEliminarPara evitar estas situaciones, considero que las necesidades de un pueblo deberían estar siempre presentes en la conciencia de cualquier ciudadano que participe activamente en el juego democrático. Resulta difícil de comprender que, en una democracia real, puedan anteponerse los intereses partidistas a las necesidades de quienes han depositado su confianza en sus representantes.
Lo cierto es que resulta incomprensible lo que usted pone de manifiesto en este artículo. Sin entrar a valorar si la ciudadanía es consciente de ello, lamentablemente existe un porcentaje muy elevado de vecinos que vota por asentimiento, por tradición o por identificación ideológica, sin analizar con suficiente profundidad las propuestas y actuaciones concretas de los diferentes partidos.
Quien se considera de derechas tenderá a votar al PP o a Vox, mientras que quien se identifica con la izquierda probablemente lo hará por el PSOE, sin tener demasiado claro qué intereses concretos están defendiendo y qué propuestas están realmente presentes en cada una de estas formaciones.
Una democracia verdaderamente madura exige ciudadanos informados, críticos y capaces de valorar la actuación de sus representantes más allá de las siglas. Solo así podremos exigir que los intereses de los ciudadanos estén por encima de los intereses de los partidos.
En Valdemorillo, seguramente, este problema se acentúa con la creación de las EUCC. Loa vecinos se han ido tragando esta anomalía. No hace tanto, algunos vecinos, dándose cuenta de este atropello, han empezado a escribir y a quejarse de esta situación.
ResponderEliminar.. Dice nuestro Señor secretario Municipal: El Ayuntamiento, siempre contesta, unas veces de forma directa y otras con EL SILENCIO ADMINISTRATIVO.
.. Las Juntas Gestoras de las EUCC, hacen lo que les da la gana. ¿Por que no van a hacerlo? Mientras existan juegan a favor del Ayuntamiento. Como los socios del Gobierno de Don Pedro. ¿Cómo no le van a apoyar?
.. Ya puedes impugnar cualquier acta o decisión de tu Junta Gestora, no tendrás respuesta y su presidente podrá iniciar la nueva asamblea con un: Ha habido impugnaciones, pero el Ayuntamiento no las ha contestado. Por tanto, el acta se da por aprobada. Y se queda tan pancho.
.. Es una lástima que este Equipo de Gobierno, siga con esta costumbre, porque ha hecho cosas que son de agradecer: Ha puesto “patas arriba” el tema de las EUCC, los gastos impropios, la venta de agua ilegal en las EUCC, en algunas, ha conseguido que el Canal de YII se haga cargo del agua, ha recepcionado parcialmente algunas urbanizaciones, se ha hecho cargo del alumbrado público, algunos asfaltados y alguna cosa más, seguro.
.. Lástima que no disuelva, porque, hasta entonces, en Valdemorillo habrá ciudadanos de primera y de segunda.
Pasadlo bien. Andrés
Andrés
EliminarEsta mañana he trasladado la misma pregunta a dos profesores de Derecho y Legislación, uno de ellos además viejo conocido por haber participado como invitado en algún debate, y ambos han coincidido en su respuesta. La cuestión es muy sencilla, pero al mismo tiempo tremendamente grave: ¿quién va a determinar las responsabilidades por las actuaciones de este equipo de gobierno cuando se impide a los vecinos ejercer un procedimiento perfectamente recogido y amparado por nuestra Constitución? Porque aquí no estamos hablando de una opinión política, de una discrepancia personal ni de una cuestión de gustos.
Estamos hablando de derechos de los ciudadanos y de procedimientos legalmente establecidos que, en distintas ocasiones, han sido cercenados por decisión del señor alcalde. Y ante esto surge otra pregunta que ya no puede seguir escondiéndose debajo de la alfombra: ¿cuál debería ser la actuación del secretario municipal cuando un vecino formula una pregunta utilizando un procedimiento legalmente establecido? ¿Guardar silencio? ¿No hacer ninguna puntualización? ¿Permanecer impasible mientras se limita o impide el ejercicio de un derecho? Porque, si quienes tienen la responsabilidad de velar por la legalidad permanecen callados cuando ocurren estas situaciones, el problema deja de ser exclusivamente político y adquiere una dimensión institucional mucho más preocupante.
El señor alcalde no está por encima de la Constitución, el equipo de gobierno no está por encima de la ley y una mayoría política no constituye un cheque en blanco para decidir qué derechos de los vecinos se permiten y cuáles se cercenan. Los vecinos tienen derecho a preguntar, a participar y a exigir explicaciones, y ningún cargo público debería sentirse con autoridad para decidir unilateralmente cuándo esos derechos le resultan cómodos y cuándo no. Y si alguien ha decidido impedir o limitar el ejercicio de esos derechos, tendrá que explicar por qué lo hizo, con qué fundamento legal lo hizo y quién asumirá la responsabilidad de haberlo permitido.
También sería conveniente saber qué hizo, qué dijo o qué advirtió el secretario municipal ante esas situaciones, porque el silencio ante una posible irregularidad no puede convertirse en la norma cuando precisamente se ocupa una responsabilidad que exige velar por el cumplimiento de la legalidad. Aquí no debería haber miedo, ni silencios interesados, ni mirar hacia otro lado. Debería haber transparencia, rigor y cumplimiento de la ley. Porque gobernar no significa mandar sin límites, ni disponer del Ayuntamiento como si fuera patrimonio particular de quien ocupa la Alcaldía. Gobernar significa respetar las normas, especialmente cuando esas normas protegen a quienes no tienen poder. Y que nadie se equivoque: los cargos pasan, los gobiernos cambian y los alcaldes terminan dejando sus puestos, pero las decisiones tomadas durante el ejercicio del cargo pueden tener consecuencias y las responsabilidades, si las hay, deben determinarse. Por eso la pregunta sigue encima de la mesa y cada vez resulta más difícil esquivarla:
¿QUIÉN VA A DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES POR ESTOS HECHOS? Y, sobre todo, ¿QUIÉN VA A DAR LA CARA Y EXPLICAR A LOS VECINOS POR QUÉ SE LES HA IMPEDIDO EJERCER UN DERECHO QUE LA LEY LES RECONOCE?
Si no recibo respuestas a mis peticiones (me valen las muestras de desconocimiento). Habrá denuncia
Qué se vea Profesor
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