Valdemorillo incrementa un 2,5 % los salarios de su Gobierno en 2026
mientras los perfiles formativos de algunos ediles reabren el debate sobre la
preparación para gestionar lo público
El proyecto de Presupuesto destina 466.118,59 euros a
las retribuciones y cotizaciones sociales de nueve cargos políticos. La
documentación oficial del Ayuntamiento refleja trayectorias formativas diversas
entre los integrantes del Ejecutivo municipal.
VALDEMORILLO. El Gobierno municipal elevo un 2,5 % las
retribuciones de los cargos políticos con dedicación exclusiva y parcial
durante el ejercicio 2026.
El documento presupuestario
mantiene nueve cargos con dedicación retribuida: cinco con dedicación
exclusiva y cuatro con dedicación parcial.
El alcalde percibe 54.020,43 euros anuales,
mientras que el primer teniente de alcalde 47.780,48
euros. El resto de los integrantes del Gobierno entre 33.492,61
y 43.216,03 euros, según el régimen de dedicación asignado.
La formación de los responsables municipales
Junto al proyecto presupuestario, el Ayuntamiento ha
difundido las fichas biográficas de los miembros del Gobierno municipal.
La información publicada muestra perfiles académicos y
profesionales heterogéneos. En algunos casos predominan cursos de
especialización, formación profesional o estudios universitarios en curso, sin
que la documentación haga constar titulaciones universitarias finalizadas
específicamente vinculadas con las áreas de gestión que dirigen.
El primer teniente de alcalde, Miguel Partida
Casado, acredita formación en Gestión de Ciudades Inteligentes,
Administración Local y Gestión de Instalaciones Deportivas. Asimismo, indica
que cursa el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración por la UNED.
La concejala de Promoción Económica, Juventud y
Deportes, Eva María Ruiz González, señala ser Técnico Auxiliar
Sanitario, haber realizado estudios superiores de Jardín de Infancia y diversos
cursos relacionados con educación especial, logopedia escolar y gestión
administrativa.
Por su parte, la concejala de Recursos Humanos y
Atención al Ciudadano, Rosalía Díez Gutiérrez, recoge formación en
desarrollo directivo y distintos cursos especializados sobre Administración
Local organizados por la Comunidad de Madrid.
La normativa española no exige una titulación
académica determinada para acceder a un cargo electo. Los representantes
municipales son elegidos por sufragio y pueden ejercer sus responsabilidades
siempre que cumplan los requisitos legales establecidos.
Salarios públicos y exigencia ciudadana
El monto salarial llega en un
contexto en el que la ciudadanía demanda una mayor transparencia en la gestión
de los recursos públicos y una rendición de cuentas más exigente respecto a la
actividad de los responsables políticos.
El debate no gira únicamente en
torno a cuánto cobran los representantes públicos, sino también a la
preparación técnica, la experiencia profesional y los resultados de su gestión.
Cada vez son más frecuentes las voces que reclaman que la información sobre el
currículo, la actividad institucional y el grado de cumplimiento de los
compromisos electorales sea fácilmente accesible para cualquier vecino.
La publicación de los perfiles
académicos permite precisamente que los ciudadanos conozcan la trayectoria de
quienes administran recursos públicos y puedan valorar si consideran adecuada
su formación para las responsabilidades que desempeñan.
Análisis
Los datos del proyecto
presupuestario ponen de manifiesto dos realidades objetivas. La primera es que
el Gobierno municipal incrementa un 2,5 % las retribuciones de sus cargos
políticos. La segunda es que la documentación oficial refleja trayectorias formativas
muy diferentes entre los miembros del Ejecutivo.
En una democracia, la
legitimidad de un gobierno procede de las urnas. Sin embargo, la confianza
ciudadana también se construye mediante la transparencia, la rendición de
cuentas y la eficacia en la gestión. Por ello, la publicación de los salarios,
de los currículos y de la información presupuestaria constituye una herramienta
esencial para que los ciudadanos puedan ejercer un control informado sobre
quienes administran los recursos públicos.
Seguirá.
Profesor González, no me extraña que tanta gente quiera dedicarse a la política, incluso cambiando de partido cuando conviene. Ser concejal en el Gobierno de Valdemorillo parece un auténtico chollo.
ResponderEliminarYo soy doctora en Historia y trabajo como profesora en un colegio, mañana y tarde, por menos de 30.000 euros al año. Me pregunto cuántos se apuntarían a ser concejales si, como ocurre en otros municipios, desempeñaran el cargo de forma más vocacional y por el bien del pueblo, en lugar de hacerlo por la remuneración.
En España, un concejal puede desempeñar el cargo sin percibir sueldo. Muchos ayuntamientos tienen concejales que no tienen dedicación exclusiva ni parcial y ejercen su labor de forma prácticamente voluntaria.
EliminarConsidero que algunos concejales, de los actuales, podrían continuar con su sueldo dejando que los funcionarios hagan bien su trabajo y ayudando. Eso sí, hay algunos matices: Pueden renunciar a cualquier retribución por el cargo. En algunos casos, pueden recibir indemnizaciones o dietas por asistir a plenos, comisiones o por gastos ocasionados por el desempeño de sus funciones, aunque también pueden renunciar a ellas. El hecho de no cobrar no reduce sus responsabilidades legales ni sus obligaciones como cargo público.
Por tanto, si alguien quiere ser concejal únicamente para ayudar a Valdemorillo y decide no cobrar, la normativa lo permite. Es una decisión personal, siempre que se ajuste a los acuerdos y normas del ayuntamiento correspondiente.
Ser concejal no implica necesariamente percibir un sueldo. La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que únicamente los concejales con dedicación exclusiva o parcial perciban retribuciones. Quienes ejercen el cargo sin ese régimen de dedicación pueden desempeñar sus funciones sin cobrar salario.
ResponderEliminarAdemás, como indica Fernando, estos concejales pueden tener derecho a percibir asistencias por la concurrencia efectiva a plenos o comisiones, así como indemnizaciones por los gastos ocasionados en el ejercicio del cargo. Sin embargo, también pueden renunciar voluntariamente a estas percepciones económicas.
Un concejal mantiene las mismas obligaciones legales, éticas y de servicio público que cualquier otro miembro de la corporación. Por ello, si una persona decide presentarse al Ayuntamiento con el único propósito de contribuir al bienestar de Valdemorillo y renuncia a cualquier retribución, la legislación española lo permite. Es una decisión personal que refleja una forma de entender la política como un servicio a los vecinos, siempre dentro del marco legal y de los acuerdos adoptados por el propio
Ayuntamiento.
Referencia jurídica: artículos 75, 75 bis y 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE núm. 80, de 3 de abril de 1985).
Si los concejales que trabajan poco o, sencillamente, no cumplen con las responsabilidades para las que fueron elegidos dejaran de cobrar, probablemente se resolverían muchos de los problemas que arrastra este pueblo. Cuando el cargo público se convierte en un sueldo garantizado en lugar de una responsabilidad, los vecinos son quienes terminan pagando las consecuencias.
ResponderEliminarSer concejal debería ser un servicio al pueblo, no una forma de asegurarse cuatro años de ingresos, privilegios y comodidad. El dinero público no está para mantener a quienes no aportan resultados ni asumen el compromiso que exige representar a los ciudadanos. Cada euro que sale de las arcas municipales debería estar respaldado por trabajo, dedicación y transparencia.
Lo más preocupante es que se haya normalizado esta situación. Se aceptan como inevitables determinadas prebendas, liberaciones y beneficios que deberían estar sometidos al mismo nivel de exigencia que cualquier otro empleo. En cualquier empresa, quien no cumple con su trabajo acaba asumiendo las consecuencias. En la política debería ocurrir exactamente lo mismo.
Los cargos públicos no son un premio, ni una colocación temporal, ni un modo de vida. Son una responsabilidad que debe ejercerse con honestidad, esfuerzo y vocación de servicio. Quien no esté dispuesto a trabajar por su pueblo, debería dejar paso a quien sí quiera hacerlo. Los vecinos merecen representantes comprometidos, no personas que vean el Ayuntamiento como una oportunidad para vivir del dinero de todos.
Cualquier conclusionque surja de este debate debería impulsarse desde la alcaldía, con la participación de todos los vecinos que deseen asistir. Eso sería un verdadero ejercicio de responsabilidad democrática y una forma efectiva de fomentar la concienciación y la participación ciudadana de cara a las próximas elecciones.
EliminarEn ese contexto, la sigla o el partido deberían pasar a un segundo plano. Lo verdaderamente importante es la gestión municipal, las decisiones que se toman y el coste que estas tienen para los ciudadanos, que son quienes, en última instancia, las financian y sufren sus consecuencias.
He tenido la oportunidad de abordar este asunto durante la tertulia matinal del "vinito" y todos coincidimos en una conclusión que resulta difícil de rebatir: la sociedad ha cambiado profundamente, pero algunos responsables públicos parecen empeñados en actuar como si el tiempo se hubiera detenido.
ResponderEliminarLa forma de entender la política, la administración y el servicio público ya no es la misma que hace décadas. Los ciudadanos son hoy más exigentes, están mejor informados y reclaman transparencia, respeto institucional y una gestión basada en la legalidad y en el interés general. Quien no comprenda esta realidad está condenado a generar desconfianza y a deteriorar la imagen de las instituciones que representa.
Sin embargo, basta asistir a determinados Plenos municipales para comprobar que ese cambio no siempre ha llegado al Ayuntamiento. Todavía hay concejales que actúan con la convicción de que determinadas competencias, decisiones o formas de proceder les pertenecen por tradición o por costumbre. Esa actitud refleja una concepción equivocada del ejercicio de la función pública, porque ningún cargo electo es propietario del Ayuntamiento ni de sus procedimientos. El Ayuntamiento pertenece a todos los vecinos y quienes ocupan responsabilidades políticas lo hacen de manera temporal y exclusivamente para servir al interés general.
Resulta preocupante comprobar cómo, en ocasiones, se confunde la autoridad con el privilegio o la firmeza con la imposición. Esa manera de actuar no solo está desfasada, sino que contradice los principios que deben inspirar cualquier administración moderna: transparencia, participación, igualdad de trato y respeto escrupuloso a las normas democráticas.
Además, quienes continúan actuando con criterios propios de otra época parecen ignorar una realidad evidente: hoy cualquier actuación pública está sometida a un control permanente. Los medios de comunicación, las redes sociales y la ciudadanía analizan cada decisión y cada comportamiento. Lo que antes podía quedar oculto entre las paredes de un salón de plenos, hoy trasciende de inmediato y puede convertirse en un ejemplo de mala práctica institucional o de abuso de autoridad.
Pero no toda la responsabilidad puede recaer en el equipo de gobierno. En una democracia madura, la oposición desempeña una función esencial: fiscalizar la acción del gobierno, exigir explicaciones, formular propuestas y defender los intereses de los vecinos. Renunciar a esa labor supone debilitar uno de los pilares fundamentales del funcionamiento democrático.
Resulta igualmente lamentable comprobar que, en demasiadas ocasiones, la oposición parece limitar su presencia en los Plenos a cumplir un trámite, priorizando la imagen sobre el trabajo efectivo. Se echa en falta una labor constante de estudio, seguimiento y control de la gestión municipal. La crítica solo tiene valor cuando va acompañada de argumentos, propuestas y un conocimiento profundo de los asuntos que se debaten.
ResponderEliminarLa política no puede reducirse a una puesta en escena ni a la esperanza de que el desgaste del adversario proporcione automáticamente los votos necesarios para alcanzar el gobierno. La confianza de los ciudadanos no cae del cielo ni se hereda; se gana con trabajo diario, preparación, presencia, cercanía y capacidad para ofrecer una alternativa sólida y creíble. Quien aspira a gobernar debe demostrar antes que está dispuesto a ejercer una oposición útil, rigurosa y comprometida.
Por eso, no basta con ocupar un cargo público; es imprescindible asumir que las formas también importan. La legitimidad no se obtiene únicamente en las urnas, sino que se mantiene día a día mediante una conducta ejemplar, respetuosa y ajustada a la legalidad. Quien pretenda gobernar desde la imposición o creyéndose dueño de las instituciones demuestra no haber entendido que los tiempos han cambiado y que la democracia exige responsabilidad, humildad y capacidad para escuchar.
En definitiva, el verdadero cambio no consiste únicamente en renovar a las personas, sino en renovar las actitudes. Mientras algunos sigan aferrados a prácticas del pasado y confundan el servicio público con una parcela de poder personal, y mientras otros renuncien a ejercer una oposición seria y eficaz, será difícil que los ciudadanos perciban que las instituciones avanzan al mismo ritmo que la sociedad a la que deben servir. La calidad democrática de un Ayuntamiento depende tanto de un gobierno responsable como de una oposición exigente y trabajadora. Cuando una de esas dos piezas falla, quienes realmente salen perjudicados son los vecinos.
Anonimo, comparto plenamente tu punto de vista, que coincide con lo que yo mismo he escrito en varias ocasiones.
EliminarPara que esto sea posible, es necesario que los partidos actúen con responsabilidad y obliguen a sus militantes a respetar unas normas básicas de conducta y convivencia, evitando los insultos, la descalificación y el enfrentamiento permanente.