GOBERNAR NO
ES IMPROVISAR
Basta con asistir a un Pleno del Ayuntamiento de Valdemorillo para
comprobar una realidad preocupante: en demasiadas ocasiones, quienes tienen la
responsabilidad de gobernar demuestran un conocimiento insuficiente de los
asuntos que afectan al municipio.
No se trata de diferencias
ideológicas, propias de cualquier democracia, sino de algo mucho más grave: la
falta de preparación para ejercer una responsabilidad pública. Gobernar un
municipio no consiste en ocupar un asiento en el Pleno o levantar la mano en
una votación. Significa estudiar los expedientes, conocer la normativa,
analizar los problemas del municipio y responder a los vecinos con rigor,
transparencia y solvencia.
La Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, atribuye al Pleno funciones esenciales de
gobierno, control y fiscalización de la actividad municipal. Por su parte, el Real
Decreto 2568/1986, que regula la organización y funcionamiento de las
entidades locales, establece los derechos y deberes inherentes al cargo de
concejal. Asistir al Pleno no puede reducirse a una presencia física; el
ejercicio responsable del cargo exige preparación y conocimiento de los asuntos
sometidos a debate.
Cuando un representante público
desconoce los expedientes que defiende, no solo perjudica su propia
credibilidad. Se debilita el control democrático, se deteriora la calidad de
las decisiones y se resiente la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Lo más preocupante es que esta
realidad apenas trasciende fuera del Salón de Plenos. La mayoría de los vecinos
desconoce el nivel real de los debates municipales y muchos forman su opinión
únicamente a través de comunicados institucionales o redes sociales. También
sorprende que los grupos políticos que sostienen al equipo de gobierno no
parezcan exigir un mayor nivel de preparación a quienes representan a la
institución.
Conviene recordar además cuál
es el papel de los vecinos en las sesiones plenarias. La participación
ciudadana constituye un derecho de información y de intervención, regulado por
la normativa local y por el Reglamento Orgánico Municipal, pero las decisiones
corresponden exclusivamente al alcalde y a los concejales. Las intervenciones
vecinales enriquecen el debate, pero la responsabilidad de conocer los
expedientes y adoptar acuerdos recae únicamente sobre los representantes
públicos.
Precisamente por ello, no
existe excusa para afrontar un Pleno sin haber preparado los asuntos incluidos
en el orden del día. Cada respuesta improvisada, cada expediente desconocido y
cada explicación insuficiente evidencian una forma de entender la política
incompatible con la responsabilidad institucional que exige el cargo.
La Constitución Española,
en su artículo 103, establece que la Administración Pública debe servir con
objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la ley y
al Derecho. Ese principio solo puede hacerse efectivo cuando quienes dirigen
las instituciones cuentan con la preparación necesaria para desempeñar sus
funciones.
Valdemorillo merece
representantes capaces de debatir con argumentos, responder con datos y tomar
decisiones fundamentadas. La política municipal es la administración más
cercana al ciudadano y, precisamente por ello, debería ser también la más
exigente. La confianza de los vecinos no se gana con discursos ni con campañas
de comunicación, sino con trabajo, conocimiento y responsabilidad.
Porque la democracia local no
se debilita por la existencia de opiniones distintas. Se debilita cuando
quienes gobiernan sustituyen el estudio por la improvisación, el conocimiento
por la apariencia y la responsabilidad por la complacencia. Y eso es algo que
ningún municipio debería aceptar como normal.
Cualquiera que haya seguido las intervenciones podrá comprobar que existían al menos tres comentarios sobre este artículo. Sin explicación alguna, y por razones que desconozco, dichos comentarios han desaparecido. Si no se trata de un fallo técnico, estaríamos ante un hecho de extrema gravedad, impropio de un medio que dice respetar la libertad de expresión. Espero que este lamentable episodio no vuelva a repetirse y que se garantice el derecho de los lectores a expresar libremente sus opiniones, como corresponde a una auténtica democracia.
ResponderEliminarConviene recordar, cuál es el verdadero alcance del papel de los vecinos en las sesiones plenarias. La participación ciudadana en los plenos de Valdemorillo, constituye un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico, que garantiza a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la información pública, formular propuestas, plantear preguntas o expresar opiniones en los términos previstos por la legislación de régimen local y por el Reglamento Orgánico Municipal. Este derecho representa un valioso instrumento de transparencia, proximidad y control democrático de la actuación pública, y contribuye a enriquecer el debate político e institucional.
ResponderEliminarSin embargo, esa participación no altera la naturaleza representativa de los órganos de gobierno municipal ni desplaza las responsabilidades que la ley atribuye exclusivamente a quienes han sido elegidos por los ciudadanos. La dirección del Pleno, el estudio de los expedientes, la valoración de los informes técnicos y jurídicos, la deliberación de los asuntos incluidos en el orden del día y, en definitiva, la adopción de acuerdos corresponden única y exclusivamente al alcalde y a los concejales, quienes responden política y legalmente de sus decisiones.
Los vecinos no tienen la obligación de conocer el contenido íntegro de los expedientes administrativos ni de asumir las consecuencias jurídicas o económicas de los acuerdos que se adopten. Esa carga de diligencia recae únicamente sobre los representantes públicos, que disponen de acceso completo a la documentación, de los medios necesarios para su estudio y del deber de actuar con responsabilidad, objetividad y sometimiento pleno a la ley y al interés general.
En consecuencia, las intervenciones ciudadanas deben entenderse como una aportación al debate público y nunca como un mecanismo que sustituya o atenúe la responsabilidad de los miembros de la Corporación. Ningún representante público puede ampararse en las opiniones vertidas por terceros para justificar el sentido de su voto o eludir su deber de conocer los asuntos sometidos a decisión. La legitimidad democrática del Pleno descansa precisamente en que las decisiones son adoptadas por quienes han recibido el mandato de los electores y están obligados a ejercerlo con pleno conocimiento de causa, independencia de criterio y responsabilidad política y jurídica. Sólo ellos responden ante los ciudadanos por los acuerdos que aprueban y por las consecuencias derivadas de su actuación.
Sería conveniente que se pusiera en contacto conmigo para abordar, entre otros asuntos, este tema. Considero que el desarrollo de los plenos municipales viene evidenciando una forma de proceder que, a mi juicio, resulta autoritaria y alejada de los principios de transparencia, participación y respeto al debate democrático que deben presidir el funcionamiento de una institución pública.
EliminarA ello se suma el hecho de que las preguntas que he formulado por escrito y registrado en el Ayuntamiento continúan sin recibir respuesta, pese al tiempo transcurrido. Esta falta de contestación no solo supone un incumplimiento del deber de atender las solicitudes presentadas por los ciudadanos o miembros de la Corporación, sino que también dificulta el ejercicio de las funciones de control, fiscalización y participación en los asuntos públicos.
Entiendo que el diálogo, la transparencia y la rendición de cuentas son principios esenciales en cualquier administración pública. Por ello, considero necesario mantener una reunión en la que puedan abordarse estas cuestiones y adoptarse las medidas oportunas para garantizar un funcionamiento institucional más abierto, respetuoso con la legalidad y acorde con los principios democráticos que deben regir la actuación municipal.