(Quinto Capitulo) DEL GOBIERNO DE LA COSTUMBRE AL DESPRECIO POR LA LEY

 

Nuevamente, este gobierno municipal “mete la pata con las podas”

Hay pueblos que evolucionan con el tiempo y otros que parecen atrapados en una forma de gobernar propia de otra época. Durante demasiados años, Valdemorillo ha vivido bajo una especie de derecho consuetudinario no escrito: no el que nace legítimamente de las costumbres sociales, sino el que convierte la voluntad del alcalde en la norma de facto.

La ausencia de una oposición efectiva permitió que esa forma de actuar se consolidara. Los plenos municipales dejaron de ser el órgano de debate y control de la “no democracia” para convertirse, en demasiadas ocasiones, en un simple trámite destinado a dar apariencia de legalidad a decisiones ya tomadas. El consenso no nacía del diálogo, sino de la falta de discrepancia.

Quien quiera comprender cómo se ha construido ese poder solo tiene que observar la historia reciente del municipio y la influencia recurrente de determinados apellidos. No se trata de demonizar a nadie, sino de reconocer una realidad que se ha repetido durante décadas: los mismos entornos de influencia, las mismas inercias y, con demasiada frecuencia, la misma resistencia al cambio.

Pero el siglo XXI exige otra manera de gobernar. Las instituciones no pueden funcionar sobre la base de tradiciones políticas, relaciones personales o equilibrios de poder heredados. Deben hacerlo conforme a la ley. Ni más ni menos. Por ello resulta especialmente preocupante que, contando el Ayuntamiento (“kakistocracia”) con un secretario municipal licenciado en Derecho, cuya misión esencial es garantizar la legalidad de los acuerdos y advertir de cualquier irregularidad, sigan produciéndose situaciones que terminan en los tribunales. La función preventiva de la legalidad pierde todo sentido cuando es la Justicia la que acaba corrigiendo, meses o años después, decisiones que nunca debieron prosperar. Me estoy refiriendo al asunto de las podas en las urbanizaciones.

La legislación aplicable a las urbanizaciones no admite interpretaciones caprichosas ni excepciones interesadas. Sin embargo, la sensación que perciben muchos vecinos es que su cumplimiento ha sido, cuando menos, desigual. Y mientras tanto, el Pleno continúa aprobando acuerdos que posteriormente son paralizados o anulados por los jueces. Cuando eso ocurre de forma reiterada, ya no puede hablarse de simples errores administrativos; es legítimo preguntarse si existe un problema más profundo en la forma de entender el ejercicio del poder.

Cada resolución judicial que corrige una actuación municipal supone mucho más que un revés político del PP y VOX. Significa tiempo perdido, dinero público comprometido, inseguridad jurídica para los vecinos y un deterioro de la confianza en las instituciones. Lo que un tribunal anula después ya ha producido sus efectos, y esos efectos rara vez son gratuitos.

La ley no está para adornar los expedientes ni para invocarla únicamente cuando conviene. Está para cumplirse desde el primer momento. Quien gobierna no recibe un cheque en blanco cada cuatro años; recibe un mandato sujeto a límites muy claros: la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a todos los ciudadanos por igual.

Este pueblo necesita, después de haber duplicado su población con capitalinos,  pasar definitivamente de la cultura del "siempre se ha hecho así" a la cultura del "así lo exige la ley". Porque las costumbres pueden explicar el pasado, pero nunca justificar un presente en el que el Estado de derecho quede relegado a un papel secundario. Una democracia madura no se mide por la comodidad con la que gobiernan sus dirigentes, sino por el rigor con el que respetan las normas que están obligados a cumplir.