Primer capítulo.

COMIENZA LA CAMPAÑA ELECTORAL

Pretendo iniciar una campaña de reflexión y análisis sobre las próximas elecciones municipales de Valdemorillo que se celebrarán el próximo año.

Mi intención no es apoyar ni perjudicar a ninguna candidatura, sino contribuir a que el debate público se desarrolle desde la información, la transparencia y la valoración objetiva de los hechos. Considero que las elecciones constituyen una oportunidad para que los ciudadanos evalúen la gestión realizada, contrasten las promesas formuladas con los resultados obtenidos y conozcan con claridad las propuestas que se presentan para el futuro del municipio

UN AYUNTAMIENTO ES UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS, SOSTENIDA CON NUESTROS IMPUESTOS

Un ayuntamiento es la institución encargada del gobierno y la administración de un municipio. Está formado por un alcalde y varios concejales elegidos por los ciudadanos mediante sufragio cada cuatro años. Sobre el papel, el sistema parece sencillo: los vecinos eligen a quienes deben gestionar los recursos públicos y atender los problemas colectivos.

Sin embargo, la realidad suele ser bastante más compleja. Los ciudadanos no elegimos gestores profesionales cuya preparación o experiencia en administración pública haya sido previamente acreditada. Votamos candidaturas políticas y, en muchas ocasiones, desconocemos la verdadera capacidad de quienes las integran para dirigir una organización que maneja millones de euros y adopta decisiones que afectan directamente a la vida de miles de personas.

Esta circunstancia adquiere especial relevancia cuando se analizan los resultados de una gestión. El actual alcalde de Valdemorillo prometió públicamente (y puedo afirmarlo porque estuve presente) que durante su mandato quedaría resuelta la situación de injusticia que, según la legislación vigente, afecta a más de la mitad de los vecinos que residen en las urbanizaciones. Transcurridos todos estos años, la realidad es evidente: el problema continúa sin resolverse y los afectados siguen soportando las mismas cargas que entonces.

Quizá gobernar sea más difícil de lo que parece durante una campaña electoral. Lo cierto es que la capacidad política y de gestión demostrada hasta ahora no ha sido suficiente para afrontar un asunto que afecta a una parte muy importante de la población del municipio.

En otros ámbitos tampoco resulta fácil identificar mejoras sustanciales para los vecinos. Se han impulsado actuaciones de carácter más simbólico que práctico, iniciativas que generan titulares, fotografías y actos oficiales, pero cuyos beneficios reales para Valdemorillo son, cuando menos, discutibles. Porque siempre parece más sencillo inaugurar una estatua de un toro que resolver problemas enquistados durante décadas.

Existe, sin embargo, un aspecto de la gestión que parece funcionar con notable eficacia: garantizar que los cargos públicos perciban puntualmente sus retribuciones. En algunos casos, la relación entre lo que se cobra y la aportación efectiva realizada al municipio podría abrir un legítimo debate sobre responsabilidad y rendimiento en la gestión pública.

Conviene recordar que un ayuntamiento no pertenece al alcalde, ni a los concejales, ni al partido que circunstancialmente ocupa el gobierno municipal. Es una institución pública sostenida por los impuestos de todos los vecinos y su finalidad debería ser administrar los recursos comunes con eficacia, transparencia y responsabilidad.

Sin embargo, con demasiada frecuencia la gestión municipal acaba condicionada por intereses partidistas, estrategias electorales y cálculos políticos. Los partidos terminan actuando como si el resultado de las urnas les otorgara la propiedad de unas instituciones que únicamente administran de forma temporal. Confunden gobernar con mandar y gestionar con disponer de recursos ajenos.

Las consecuencias de esta forma de actuar recaen siempre sobre los mismos: los ciudadanos. Somos quienes financiamos la administración, soportamos las decisiones equivocadas y padecemos los efectos de la improvisación, los retrasos y la falta de planificación. Mientras tanto, la propaganda institucional intenta presentar como grandes logros actuaciones que apenas modifican los problemas cotidianos del municipio.7uu

Lo más preocupante es que esta situación ha terminado normalizándose. Se promete durante la campaña electoral lo que después no se cumple en el ejercicio del gobierno y, llegado el siguiente proceso electoral, vuelven a formularse compromisos similares sin que nadie asuma responsabilidades por los incumplimientos anteriores. La palabra dada pierde valor y la gestión acaba siendo sustituida por el relato.


Las urbanizaciones de Valdemorillo constituyen un ejemplo especialmente significativo. Después de años de promesas, declaraciones públicas y compromisos adquiridos ante los vecinos, la situación permanece prácticamente inalterada. Resulta difícil comprender cómo un problema que afecta a más de la mitad de la población puede continuar bloqueado mandato tras mandato. O bien no existe capacidad para resolverlo o bien falta la voluntad política necesaria para hacerlo. Ninguna de las dos posibilidades deja en buen lugar a quienes tienen la responsabilidad de gobernar.

Además, cuando la dirección política carece de liderazgo efectivo o de objetivos claros, esa situación termina repercutiendo en el conjunto de la organización municipal. La desmotivación, la falta de control y el deterioro de la cultura de servicio público afectan inevitablemente al rendimiento de la administración y a la calidad de los servicios que reciben los vecinos.

La calidad de un ayuntamiento no debería medirse por el número de fotografías oficiales, por la cantidad de notas de prensa publicadas o por la habilidad de sus responsables para atribuirse méritos. Debería medirse por algo mucho más sencillo: su capacidad para resolver problemas, gestionar correctamente los recursos públicos y mejorar de forma tangible la calidad de vida de sus vecinos.

Porque los ciudadanos no necesitamos gobernantes que nos expliquen constantemente lo bien que gestionan. Necesitamos gestores que lo demuestren con hechos. Y cuando, después de años de promesas, los problemas siguen exactamente dónde estaban, la crítica deja de ser una opción para convertirse en una obligación cívica.

 


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