EL NUEVO PLAN GENERAL DE VALDEMORILLO:
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y CONTROL
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Introducción
En febrero de 2025 el Ayuntamiento adjudicó
formalmente la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU), incluyendo expresamente la elaboración del documento de información
urbanística y del Avance de Planeamiento durante la primera anualidad del
contrato.
Posteriormente, en mayo de 2026, el Ayuntamiento aprobó
inicialmente dicho Avance, abriendo el correspondiente período de
información pública.
En otros planes generales elaborados por
Omicron-Amepro para municipios madrileños como Las Rozas de Madrid, Cercedilla
o Ambite figuran como integrantes del equipo redactor o de la dirección técnica
Fernando Carmona Mateos, profesor de Urbanismo y docente de la Universidad
Politécnica de Madrid, junto con Rubén Fernández Rodríguez y Magdalena
Barreales Caballero. En diversos documentos de la consultora, Magdalena
Barreales, ingeniera de Caminos, y Rubén Fernández, arquitecto, aparecen al
frente de la dirección técnica, mientras que Fernando Carmona figura como
miembro del equipo redactor.
La función de un Plan General es clara: ordenar
racionalmente el territorio, proteger los espacios de valor ambiental y
paisajístico, prever las necesidades futuras de la población y garantizar las
dotaciones públicas necesarias para una adecuada calidad de vida.
Corresponde al planeamiento determinar qué suelos tienen la condición de
urbanos, cuáles pueden desarrollarse en el futuro y en qué condiciones debe
realizarse conforme a los principios de transparencia, participación
ciudadana y control público que exige la legislación urbanística.
Sin embargo, la realidad que comienza a perfilarse en
Valdemorillo suscita interrogantes que merecen una reflexión serena y un debate
público profundo.
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Una materia especialmente sensible
El urbanismo ha sido históricamente uno de los ámbitos
de la gestión pública más expuestos a la especulación, los conflictos de
interés y las decisiones susceptibles de generar importantes beneficios
económicos para determinados propietarios. Precisamente por ello, la
legislación establece procedimientos rigurosos de información pública,
evaluación técnica y control administrativo destinados a garantizar que el
planeamiento responda al interés general y no a intereses particulares.
En este contexto, la situación de numerosas
urbanizaciones continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes del
actual gobierno municipal. Sin embargo, lejos de afrontarse mediante un debate
abierto, transparente y participativo, muchos vecinos percibimos que persiste
una notable incertidumbre sobre el verdadero alcance de las propuestas que
podrían incorporarse al nuevo planeamiento.
Hoy en día no existe información suficientemente
detallada que permita conocer con claridad cuáles serán las modificaciones
concretas planteadas, quiénes podrían resultar beneficiados o afectados por
ellas, quién asumiría sus costes y cuáles serían sus consecuencias
urbanísticas, económicas, sociales y ambientales. Esta falta de información
dificulta que los ciudadanos podamos formarnos una opinión fundada sobre
decisiones que afectan directamente al futuro del municipio y al valor de su
patrimonio colectivo.
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La necesidad de explicaciones claras
Cuando una decisión urbanística tiene capacidad para
incrementar significativamente el valor de determinados terrenos y generar
importantes plusvalías, la obligación de la Administración no consiste en
solicitar un acto de fe a los ciudadanos. Su responsabilidad es proporcionar
información completa, documentación accesible, informes justificativos y
mecanismos efectivos de participación y control.
La opacidad nunca favorece la confianza. Al contrario,
la ausencia de información clara y verificable alimenta inevitablemente las
dudas y la desconfianza. Y cuando las decisiones pueden movilizar importantes
recursos económicos y afectar al modelo territorial de todo un municipio,
cualquier falta de transparencia resulta incompatible con los principios de una
gestión pública responsable.
La confianza ciudadana no es un cheque en blanco ni
una exigencia que pueda imponerse desde las instituciones. Se construye
mediante la transparencia, la rendición de cuentas y el sometimiento permanente
de las decisiones públicas al escrutinio de los vecinos.
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El interés general debe prevalecer
Un Plan General no puede convertirse en un instrumento
destinado a legitimar errores urbanísticos del pasado, consolidar situaciones
problemáticas o generar beneficios extraordinarios para determinados intereses
privados sin una justificación rigurosa basada en el interés general. Tampoco
debería utilizarse para modificar sustancialmente el modelo territorial del
municipio sin una evaluación exhaustiva de sus impactos económicos, sociales y
ambientales.
Los vecinos tenemos derecho a conocer no solo qué se
pretende hacer con Valdemorillo, sino también qué informes respaldan cada
propuesta, qué alternativas han sido estudiadas y cuáles son los efectos
previsibles de las decisiones que finalmente se adopten. La transparencia no
constituye una opción política; es una exigencia inherente al funcionamiento de
una democracia avanzada.
· Un debate imprescindible para el futuro de
Valdemorillo
Valdemorillo necesita un Plan General concebido para
resolver problemas, ordenar adecuadamente su crecimiento y construir un futuro
sostenible para las próximas generaciones. Un planeamiento urbanístico debe
servir al conjunto de los ciudadanos y no convertirse en una herramienta para
satisfacer expectativas especulativas o favorecer intereses particulares bajo
la apariencia de decisiones exclusivamente técnicas.
Cuando el
urbanismo deja de estar al servicio del interés general, los costes terminan
siendo asumidos por toda la sociedad. Por ello, cada decisión debe ser
conocida, explicada y debatida públicamente antes de su aprobación definitiva.
El futuro de Valdemorillo merece un debate
transparente, informado y participativo. Porque solo desde el conocimiento y la
implicación de los vecinos pueden adoptarse decisiones legítimas sobre el
territorio que todos compartimos.
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Continuará…
El autor del artículo
es: Jesús González Martin. Profesor Titular jubilado de Construcciones Arquitectónicas
de la Universidad Politécnica de Madrid
Compañero profesor. Jesús, tu planteamiento apunta a algo que hemos discutido bastante en España: la relación entre el urbanismo, los intereses económicos y posibles prácticas irregulares en la gestión pública.
ResponderEliminarEl urbanismo tiene un enorme impacto económico porque decide qué suelo se puede construir, con qué densidad, y con qué usos. Eso convierte decisiones administrativas (a veces muy técnicas en apariencia) en decisiones con consecuencias millonarias. Por eso, históricamente ha sido un ámbito especialmente sensible a:
• Especulación del suelo (revalorizaciones rápidas tras recalificaciones)
• Falta de transparencia en planes urbanísticos
• Conflictos de interés entre cargos públicos y promotores
• Corrupción en la concesión de licencias o contratos
En España hubo múltiples casos conocidos sobre todo durante el boom inmobiliario de los años 90 y 2000, donde precisamente las urbanizaciones masivas y recalificaciones de suelo fueron el centro de investigaciones judiciales. Eso llevó a reformas legales y a un mayor control, aunque el riesgo no desaparece del todo.
Ahora bien, es importante matizar algo: No todo desarrollo urbanístico es “turbio” ni implica irregularidades. El crecimiento urbano también responde a necesidades reales (vivienda, turismo, infraestructuras). El problema surge cuando:
• No hay controles efectivos
• La toma de decisiones es opaca
• Se prioriza el beneficio privado sobre el interés general
En cuanto a la responsabilidad política que mencionas, en un sistema democrático existen mecanismos para exigirla:
• Investigaciones judiciales
• Órganos de control (tribunales de cuentas, fiscalías)
• Medios de comunicación
• Elecciones
Si tienes en mente un caso concreto o una zona específica, puedo ayudarte a analizarlo con más detalle y ver qué se ha investigado o qué irregularidades se han señalado.
Fer. Acabo de incorporarme al seguimiento de este asunto y, por tanto, todavía me encuentro en una fase de análisis y recopilación de información. No obstante, después de una primera aproximación a la documentación disponible y a los antecedentes que he podido conocer, considero que nos encontramos ante una cuestión que merece un estudio riguroso y transparente.
EliminarDebo reconocer que mi relación con el Ayuntamiento no atraviesa precisamente su mejor momento. La existencia de este blog, así como las opiniones y reflexiones que en él he venido expresando a lo largo del tiempo, han generado ciertas incomodidades y, en consecuencia, no puedo afirmar que goce de demasiadas simpatías en algunos ámbitos de la administración municipal. Sin embargo, ello no disminuye mi interés por contribuir a que los debates urbanísticos se desarrollen sobre la base de los hechos, la legalidad y el interés general.
Mi estado de salud limita actualmente mi capacidad de participación presencial y el ritmo con el que puedo involucrarme en determinadas iniciativas. Aun así, cuando las circunstancias me lo permitan, procuraré asistir a las reuniones o encuentros que se convoquen, con el objetivo de conocer de primera mano los planteamientos existentes y, sobre todo, identificar aquellos aspectos que todavía presenten dudas, contradicciones o zonas grises que deban ser aclaradas y documentadas adecuadamente.
Confío en que este grupo de urbanistas, por su experiencia profesional, su conocimiento técnico y su compromiso con una ordenación responsable del territorio, sabrá aportar el rigor necesario para analizar la situación con objetividad. En asuntos de esta naturaleza resulta fundamental distinguir entre opiniones e información contrastada, evaluar los antecedentes administrativos, revisar el cumplimiento de la normativa urbanística aplicable y valorar las consecuencias que las decisiones adoptadas pueden tener para el municipio y para sus vecinos.
Mantengo la esperanza de que, mediante un trabajo serio y fundamentado, se puedan poner los puntos sobre las íes, despejar cualquier incertidumbre y ofrecer a la ciudadanía explicaciones claras y comprensibles sobre aquellas cuestiones que generan preocupación o controversia. Por mi parte, intentaré establecer contacto con los miembros de este grupo para intercambiar información, conocer sus conclusiones y, en la medida de mis posibilidades, colaborar en todo aquello que pueda contribuir a una mejor comprensión de los hechos.
Estoy convencido de que la transparencia, el debate informado y el respeto a los procedimientos son herramientas esenciales para fortalecer la confianza pública y garantizar que las decisiones urbanísticas respondan verdaderamente al interés común.
Gracias por todo
Me parecería muy positivo que se organizara un debate público en la Casa de Cultura entre el equipo técnico municipal y los vecinos interesados para abordar este asunto con transparencia y rigor.
ResponderEliminarEl intercambio directo de información y argumentos permitiría aclarar dudas, contrastar puntos de vista y favorecer una mejor comprensión de las decisiones adoptadas.
Si una iniciativa de este tipo no pudiera llevarse a cabo por decisión de la Alcaldía, sería razonable que se explicaran públicamente los motivos, ya que la participación ciudadana y el diálogo abierto son elementos fundamentales en una gestión municipal transparente.