Cuarto capitulo
LO PÚBLICO TAMBIÉN ES NUESTRO
Sin embargo, cuando se rompe una farola, se levanta
una acera, un parque se deteriora o una instalación municipal permanece
abandonada durante meses, la reacción suele ser muy distinta. Lo vemos como un
problema del Ayuntamiento. Como si no fuera con nosotros.
Y ahí está el error.
Todo lo que pertenece al municipio también nos
pertenece a los vecinos. Se ha construido y se mantiene con el dinero de
nuestros impuestos. Cada banco, cada árbol, cada metro de acera, cada edificio
público y cada servicio municipal representan el esfuerzo económico de todos
los ciudadanos.
Cuando esos bienes se deterioran por abandono, por
falta de mantenimiento o por una mala gestión, no es el Ayuntamiento quien paga
la factura. La pagamos todos nosotros.
Quizá esta sea una de las razones por las que durante
demasiado tiempo hemos tolerado con resignación el despilfarro o incluso la
corrupción. Cuando pensamos que lo público no es nuestro, dejamos de vigilar
cómo se administra. En cambio, nadie permitiría que un administrador
gestionara su patrimonio privado sin pedirle cuentas.
Esa misma exigencia debería aplicarse a la gestión
municipal.
En estos momentos, Valdemorillo afronta una decisión
de enorme trascendencia: la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU). No es un asunto reservado a técnicos, arquitectos o políticos.
Nos afecta a todos.
El PGOU decidirá cómo crecerá nuestro pueblo durante
las próximas décadas, dónde podrán construirse viviendas, qué espacios
naturales se protegerán, cómo será la movilidad, dónde irán los equipamientos
públicos y qué modelo de pueblo heredarán nuestros hijos y nietos.
Una democracia no se fortalece únicamente votando cada
cuatro años. También se fortalece cuando los ciudadanos cuidamos el patrimonio
común, exigen transparencia, fiscalizan la gestión pública y participan en las
decisiones que afectan a su futuro.
VALDEMORILLO NO ES DEL AYUNTAMIENTO. VALDEMORILLO ES
DE SUS VECINOS.
Y el patrimonio común merece el mismo cuidado, la
misma vigilancia y el mismo respeto que dedicamos a nuestra propia casa.
Porque, al final, la diferencia entre un pueblo que
despierta y otro que permanece indiferente no la marcan sus gobernantes, sino
la conciencia de sus ciudadanos.
Profesor y compañero, Sr. González:
ResponderEliminarLos últimos doce años de mi vida docente los pasé en la Universidad de Lovaina. Al regresar a España, ya jubilado, comprobé con tristeza el enorme contraste en el respeto por lo público. No se trata solo de una cuestión de recursos, sino, sobre todo, de educación y civismo.
Resulta lamentable que muchos ciudadanos saquen a pasear a sus perros y abandonen sus excrementos en las aceras, arrojen colillas, papeles o cualquier otro desperdicio al suelo con absoluta naturalidad, como si las calles fueran un vertedero y limpiar fuera una obligación exclusiva de los servicios municipales. Esos servicios los pagamos entre todos, pero eso no exime a nadie de comportarse con responsabilidad.
Lo más preocupante es la indiferencia general. Quienes presencian estas conductas suelen mirar hacia otro lado. Nadie llama la atención al incívico por miedo, comodidad o simple desinterés. Ese silencio acaba convirtiéndose en una forma de complicidad.
Una sociedad no se mide únicamente por su riqueza o por la calidad de sus infraestructuras, sino por el respeto que sus ciudadanos muestran hacia los bienes comunes. Mientras sigamos considerando que lo público no es de nadie, sino del Ayuntamiento o del Estado, seguiremos degradando nuestro entorno y dando un ejemplo deplorable a las nuevas generaciones.
Es hora de dejar de justificar estas conductas y empezar a exigir responsabilidades. El civismo no consiste en esperar que otros limpien lo que ensuciamos, sino en actuar con el respeto y la educación que toda convivencia exige.
Profesor Rodríguez de Rivera:
ResponderEliminarLa educación cívica se mama en el entorno familiar y, en España, no hemos sabido transmitirla suficientemente. Cuando se sale de nuestro entorno social, esas carencias llaman la atención.
La educación y la corrección cívica deberían ser herramientas fundamentales para estimular la conciencia ciudadana. Asimismo, los poderes públicos deben sancionar aquellas conductas incívicas cuando son reiteradas.
Lo público no pertenece solo al alcalde o a la Administración; es de todos los ciudadanos que contribuimos con nuestras tasas e impuestos. Del mismo modo, también pagamos los sueldos de funcionarios y políticos, por lo que es legítimo exigirles que cumplan adecuadamente con sus responsabilidades.