Carta Abierta al Alcalde y al Secretario municipal

 

En su momento se hará por registro municipal, para que nadie pueda alegar ignorancia.

El Ayuntamiento de Valdemorillo tiene la obligación de responder de manera expresa a cualquier petición ciudadana en virtud de un derecho fundamental recogido en el artículo 29 de la Constitución Española y regulado por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre.

Esta ley establece que las peticiones pueden versar sobre cualquier asunto o materia comprendida en el ámbito de competencias de la Administración Local, independientemente de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general. El artículo 29 busca unir el ejercicio de los derechos con los intereses de la comunidad mundial, exactamente para lo que la ONU fue establecida en 1945.

En caso de que se haya ejercido el derecho de petición, el Ayuntamiento debe, al menos, acusar recibo de cada petición presentada, comunicándolo al interesado dentro de los diez días siguientes a la solicitud. Parece que tanto el Alcalde como el mismo Secretario municipal no son conscientes que están incurriendo en una falta regulada.

Sr Secretario del Ayuntamiento, usted es un Funcionario Público y debería conocer este Mandato Constitucional regulado por una Ley Orgánica. Y si no dispone de tiempo suficiente para hacer su trabajo, cumpliendo con nuestra Constitución, debería haberlo puesto en conocimiento del Alcalde para encontrar una solución. Debe usted saber, Sr Secretario, que, en los últimos años, hemos estado asistiendo a una ampliación gradual de los parámetros de imputación de responsabilidad penal a los Secretarios de la Administración Local, que implicaba, muchas veces, la peligrosa y reprochable superación de los límites de las obligaciones legales de dicho Cuerpo Nacional de Funcionarios del Estado. Como es sabido, los Secretarios de la Administración Local, tienen como principal función, otorgar la fe pública, así como la prestación del asesoramiento legal preceptivo.

Sr Alcalde y Sr Secretario, aunque las peticiones ciudadanas se refieran a sugerencias o solicitudes de actuación o intervención municipal en diversos asuntos de gestión que corresponden al propio Ayuntamiento, ello no justifica la falta de respuesta expresa conforme a lo que procede en derecho. Es importante tener en cuenta que se está ejerciendo un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Española y regulado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre. La Ley establece que las peticiones pueden versar sobre cualquier asunto o materia comprendida en el ámbito de competencias de la Administración destinataria, independientemente de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general.

En caso de que se haya ejercido el derecho de petición, el Ayuntamiento tiene la obligación de, al menos, acusar recibo de cada petición presentada, comunicándolo al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción. En el caso de que proceda la declaración de in admisibilidad de lo pedido, tal decisión será siempre motivada y deberá acordarse y notificarse al peticionario en los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.

Si el Ayuntamiento considerase que el contenido de algún escrito presentado no se encuadra dentro del derecho de petición (por ser una solicitud, queja o sugerencia para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto), entonces la declaración de in admisión de la petición deberá indicar expresamente las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse. En estos casos los escritos se tramitarán, en principio y con carácter general, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la cual también se establece la obligación de contestar expresamente (artículo 21 de la citada Ley 39/2015).

Hay que señalar que, cuando se presenta un escrito solicitando que se le facilite una determinada información municipal que obra en los archivos o registros del Ayuntamiento, entonces está ejerciendo el derecho contemplado en el artículo 13.d) de dicha Ley 39/2015, así como en los artículos 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y también en los artículo 207 y 231 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

El hecho de que usted, como Alcalde-Presidente del Pleno, haya hecho comentarios o referencia a alguna de las cuestiones planteadas en los escritos presentados, y que fueron identificados, no justifica que no deban ser contestados de forma expresa, bien accediendo a lo solicitado en ellos, o bien desestimando de forma motivada esas peticiones, reclamaciones o recursos. Lo mismo sucede con aquellas peticiones de información presentadas que hubiesen coincidido con las facilitadas por ese Ayuntamiento a través de sus canales de comunicación.