El incumplimiento de las obligaciones municipales.

 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre... y las resoluciones tardías del Ayuntamiento…

Hace cuatro años, Ecologistas En Acción, me solicitó una Peritación Judicial sobre las construcciones en Fuentevieja; convencido que este asunto constituía una descomunal metedura de pata, de la entonces alcaldesa Pilar López Partida, en los albores de las elecciones municipales. Pero....

Creía que el proceso quedaba decidido con sentencia definitiva, para la paralización de la construcción en una zona protegida por la Red Natura 2000. El Supremos dictamino: “nula de pleno derecho”, con fecha 9 de octubre de 2019. Pero parece que todavía colea en el Juzgado. 

Sin embargo, hora todo sería más sencillo, ya que el Repertorio de Legislación Ambiental (RLMA) recoge toda la normativa de los ámbitos autonómico, estatal y europeo de aplicación en la Comunidad de Madrid. Las normas se van incorporando al Repertorio a medida que se publican en los diarios oficiales. La aplicación dispone de un sistema de búsqueda y cuenta con dos sistemas de ayuda. El objetivo del Repertorio ahora es, facilitar el acceso a la normativa según establece la Ley de Información Ambiental.

No nos debe caber la menor duda que, la responsabilidad de tramitación del procedimiento administrativo y la obligación de resolver de toda Administración Pública, se enuncian los artículos 20 a 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En cuanto a la responsabilidad de tramitación, el artículo 20 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, marca las resoluciones tardías no pueden tomarse como algo “normal” (en el sentido de ajustado a la norma). Por el contrario, se trata de una práctica patológica de la Administración Local, de un flagrante incumplimiento de su obligación, de una censurable y perniciosa praxis, que no puede ignorarse mirando hacia otro lado. Este comportamiento es, en resumidas cuentas, el resultado de una mala administración. Está ocurriendo igual con la Recepcion de las urbanizaciones

Haciendo memoria, la empresa promotora, adquirió la finca Fuentevieja de sesenta y ocho hectáreas, en octubre de 2013. Situada en una zona de espacio protegido, de Especial Conservación de las Cuencas de los ríos Alberche y Cofio y de Especial Conservación para las Aves Encinares de los ríos Alberche y Cofio. Además, en esta finca crían o se alimentan especies de aves incluidas en Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid.

La finca que nos ocupa, siguiendo los criterios del planeamiento urbanístico de Valdemorillo, está declarada no urbanizable y solo permite actividades forestales y construcciones ligadas a ese uso. Sin embargo, en mayo de 2015, el Ayuntamiento de Valdemorillo concedió licencia de obra para demoler las construcciones agropecuarias existentes y comenzar las obras de un chalet de lujo de 2.480 metros cuadrados de superficie. La mansión inició su construcción en el 2017, se levantó sobre lo que fue un complejo de interés histórico y arquitectónico que previamente había sido demolido casi en su totalidad.

Este contencioso, puede servir para penetrar en los entresijos municipales, y percatarse de su complejidad y de lo poco que los políticos hacen para resolver problemas endémicos que resuenan cada cierto tiempo, y sin que nadie con talento pretenda solucionarlo. Exactamente igual que pasa con la Recepción de las Urbanizaciones.

Ya la Consejería de Medio Ambiente anuló la concedida por la Dirección General de Urbanismo, reconociendo que el proyecto debería haberse sometido a evaluación ambiental, requiriendo al Ayuntamiento de Valdemorillo que suspenda la licencia otorgada en mayo y paralizara las obras. Ahora el Consistorio debe asumir su misión, para despues actuar exigiendo responsabilidades politicas.