Los tributos municipales

 

LAS URBANIZACIONES LLEVAMOS PAGANDO IMPUESTOS DESDE SIEMPRE.

El primer paso para pagar tributos debe pasar por reconocer que todos contribuimos al sostenimiento de los gastos públicos para sentirnos beneficiarios. Para que se pueda exigir impuestos hay que establecerlos. y decir a cada ciudadano: “me vas a pagar tanto para que pueda gastar y concretarse esa obligación”.

Mientras siga teniendo un número importante de lectores, que les interese seguir profundizando en el asunto del Reconocimiento las Urbanizaciones de Valdemorillo por parte del Consistorio, lo analizaré desde un punto de vista técnico, aunque que para ello tenga que recurrir a disposiciones legales, algo que asumiré con mayor dificultad. Pero, seguiré escribiendo sobre este asunto, hasta que la situación empiece a suscitar el interés de la CAM, del Defensor del Pueblo o el Gobierno Municipal sea capaz de propiciar una argumentación creíble de trabajo, interés y conocimiento sobre este argumento.

Aunque parezca obvio, el primer paso para que debamos pagar tributos es reconocer que todos los ciudadanos contribuimos al sostenimiento de los gastos públicos para también sentirnos beneficiarios. Para que se pueda exigir impuestos hay que establecerlos. y decir a cada ciudadano: me vas a pagar tanto para que yo pueda gastar. Debe instituirse algo delimitado y concretarse esa obligación para obtener algún beneficio.

Puede haber situaciones de falta de recursos para sostener los gastos públicos que lleven a un importante endeudamiento, puede haber deficiencias en la progresividad del sistema tributario, los impuestos se pueden mostrar incapaces de aportar eficiencia o las políticas públicas ineptas de resolver las crisis. La política fiscal es un instrumento que unas veces consigue sus objetivos, otra avanza parcialmente hacia ellos y en otras no es capaz de lograr los efectos que se pretendían. Pero finalmente se debe buscar para lograr una solución satisfactoria que debe obtenerse, como todo gasto, de las aportaciones del contribuyente.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un gravamen encuadrado en el sistema tributario local, de exacción obligatoria por el Ayuntamiento, que grava el valor de la titularidad de dominio y otros derechos reales que recaen sobre bienes localizados en el municipio. Entró en vigor el 1 de enero de 1990, bajo presidencia de Felipe González (han pasado más de treinta años). Tiene además carácter objetivo, derivado de una cuantificación de la carga tributaria que atiende exclusivamente al valor del objeto, y no a las circunstancias de los sujetos pasivos.

Para conseguir ese bien inmueble de las Urbanizaciones y poder otorgar las licencias de primera ocupación, el Ayuntamiento debe exigirse la garantía ineludible de que la parcela tiene la condición de solar, al contar con todos los servicios básicos, exigiendo expresamente una certificación sobre la puesta en funcionamiento de las instalaciones y la correcta ejecución de todas las acometidas de las redes de suministros.

El abastecimiento correcto de aguas por parte del CYII es un servicio obligatorio y mínimo: así se deduce de la lectura del art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL), si bien, en contra partida conforme el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que dice expresamente: las entidades locales, podrán establecer tasas (…) como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.

De esta obligatoriedad de prestación surge el correlativo derecho de los vecinos del municipio a poder exigir su establecimiento y prestación [art. 18.1.g) LRBRL], de tal manera que el vecino puede: Solicitar la prestación o el establecimiento del correspondiente servicio público, debiendo exigirlos formalmente al constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. Exigir que el servicio se preste en las condiciones y calidades adecuadas (mantenimiento) y que la legislación establece y que examinaremos más tarde. En caso de negativa por parte del Ayuntamiento, tal y como ha reconocido el Tribunal Supremo, pudiendo ejercitarse Acciones Judiciales al respecto.

PERO, ¿QUÉ PASA SI MI AYUNTAMIENTO NO TIENE LOS MEDIOS SUFICIENTES PARA PRESTARLOS DE FORMA ADECUADA?: Pues bien, partiendo de la obligación absoluta en tanto en cuanto si un Ayuntamiento no está dotado de los suficientes medios para poderlo prestar, debe prestar ese servicio, por ser obligatorio para todo tipo de municipios independientemente del tamaño y situación financiera de éstos, por sí o agrupado con otros municipios, dándose aquí la figura de las mancomunidades u otras entidades asociativas como las sociedades mercantiles intermunicipales para la prestación de este servicio.