Sí el proceso es admitido por el Juez:

EL GOBIERNO MUNICIPAL DEBE DIMITIR. 
La fiscalía se suma y apoya las tesis de P.AN.V en relación a conclusiones específicas de la auditoría de cuentas realizada por el Ayuntamiento. SI EL PROCESO SIGUE ADELANTE, POR COHERENCIA Y VERGÜENZA POLÍTICA: EL GOBIERNO MUNICIPAL ACTUAL, CON SU ALCALDESA A LA CABEZA, DEBE DIMITIR INMEDIATAMENTE.

El artículo 117 de la Constitución, establece que la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados como integrantes del poder judicial, con independencia, sometidos únicamente al imperio de la ley. El titular del poder judicial, como el del ejecutivo o el del legislativo, es el pueblo. El pueblo lo confía a los jueces y magistrados, que se encargan de realizar el poder judicial bajo el dogma de la soberanía nacional. Por tanto, los jueces y magistrados no son los titulares de ese poder como el principio, esencial en la democracia y en el Estado de Derecho.

Pero durante los últimos años es fácil percatarse que, esa independencia se ha ido difuminando del horizonte de los principales órganos colegiados de la Administración de Justicia por presión del poder político. El poder de los partidos, que se han conformado como los auténticos controladores de los poderes del Estado, que ha ido tomando los resortes del poder judicial. Las consecuencias de este proceso están a la vista de todos y se producen, con demasiada frecuencia, con las posiciones de sus señorías que coinciden, a veces a pies juntillas, con las expresiones vertidas, en multitud de polémicas y controversias, por los dirigentes de los partidos políticos. Exigir responsabilidades judiciales al poder político es complicado, ya que frecuentemente se tropieza con el posicionamiento de los jueces y solamente cuando la presión ciudadana y mediática ha sido importante aparece una nueva reacción. Me llamo poderosamente la atención  que la juez Ann Donnelly, de Brooklyn, en Nueva York, ha accedido a la petición de la Asociación de Defensa de los Derechos Civiles de suspender con carácter cautelar las deportaciones de personas que llegan a EEUU, decretada por el mismísimo Presidente, eso es sí que es independencia de los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

No es de extrañar que, el verdadero titular del poder judicial, el pueblo soberano, se lleve las manos a la cabeza, al comprobar de qué manera se administra justicia en España. ¿Por qué los ciudadanos, los verdaderos dueños del poder judicial, no reclaman que este poder del Estado también justifique y motive sus actuaciones más allá de la más que esperable alta argumentación que deben expresar las resoluciones de los jueces y tribunales?

El gesto de la Fiscalía del Escorial, promovido por el PANV, infunde esperanzas, y que esta vez sí puede ser posible que una denuncia fundamentada contra el poder, pueda prosperar en los tribunales. Siempre hay que partir del derecho a la inocencia de los denunciados, pero la justicia debe investigar sí durante el desempeño de sus funciones de poder, las irregularidades cometidas, según la visión del pueblo soberano, son constitutivas de un delito contra sus intereses.

Sobre este particular quiero hacer hincapié en la denuncia, por llamarla de alguna manera. La pantomima que personificaron los representantes de la izquierda sociológica (con perdón) de Valdemorillo, deberia ser motivo suficiente de dimisión inmediata. Sres. de Ahora Valdemorillo e IU deben ser consecuentes con sus idearios por el bien de la honestidad política y marcharse. Lo mismo que la consideracion de la alcaldesa (licenciada en derecho) que no vio argumentos para presentar el Informe Auditor en el Juzgado. Este nuevo escenario deberia llevarla a la dimisión inmediata por coherencia.

Para concluir esta reflexión estas y otras preguntas por el estilo se contestan reconociendo que la invasión del poder judicial por el poder político está produciendo, no sólo desconcierto en el pueblo, sino una profunda decepción con el sistema político.