La pena de inhabilitación

Cuando  prevaricar  forma parte del paisaje natural

La sociedad, en su conjunto, necesita de una catarsis de honestidad. Nosotros debemos analizarnos para darnos cuenta que estamos contribuyendo de manera directa o indirecta a una sangría económica que nos sitúa como el país más corrupto de la UE.

La intervención de Juan Porras ayer, me dio la idea para someter a debate, un nuevo tema que sistemáticamente está presente en la mayoría de las mediaciones. Pero para reflexionar sobre este asunto, se hace necearía la autocrítica para entender que se necesita reprogramar el proceso y concientizarse de una realidad y que impida que el error se convierta en hábito.

Voy a intentar ser más conciso poniendo un ejemplo que sintetiza plenamente el debate que está fundamentado en la verdad objetiva, aunque es posible que otras personas pudieran tener otras opiniones subjetivas, en cuyo caso sería importante matizarlas exponiéndolas claramente.

Coincidiendo con la construcción de la Gazuela, como técnico tuve ocasión de conocer un hecho que me llamo poderosamente la atención y sin embargo para algunos ciudadanos de Valdemorillo constituía lo habitual. Una parte de las actuaciones de obras destacadas en Valdemorillo estaban firmadas por la esposa del arquitecto municipal del pueblo y el era precisamente el quien concedía las licencias. Un acto para muchos ciudadanos del pueblo normal pero que suponía un detalle claro de abuso de poder o prevaricación. Algo que imposibilitaba a otros arquitectos más jóvenes competir en igualdad.

Esto viene a cuenta para entender algunas de las actuaciones que históricamente se llevaron a cabo en este pueblo con el consentimiento de la clase política que no quería ningún conflicto con el funcionariado más poderoso y los vecinos promotores que no pretendían problemas para conseguir licencias de construcción. Esta misma situación, pero con diferentes matices, podría hacerse extensivo a cualquier ámbito del sistema funcionarial. Como por el ejemplo el de la desidia de un funcionario para que un expediente duerma en su despacho durante largos meses sin ser incriminado por nadie del gobierno municipal.

Somos la verguenza de Europa

El Título XIX, Delitos contra la administración pública, integra aquellos tipos penales en los que el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración pública. El artículo 404 del Código Penal dispone que “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

De lo anterior se deduce claramente que, para prevaricar no basta con dictar una resolución “injusta“, es decir, que sea contraria a derecho y contraria al ordenamiento jurídico. Es necesario algo más, y ese algo se encuentra en el hecho de que explícitamente ha de ser “arbitraria”. El otro requisito, de carácter personal, viene determinado por el término “a sabiendas, que es la expresión de la constatación del dolo como elemento del delito.

Este acontecimiento nos ha pasado a los españoles con la corrupción de los últimos años, millones de euros, una factura muy importante que ha sido engullida por todos aquellos situados próximos al poder y que podían hacer lo que les venía en gana con la aprobación del poder político y económico.

Somos cómplices de una estructura organizada de la prevaricación que se encuentra imbricada en la estructura misma de la organización del estado. Nuestra catarsis debe suponer un cambio radical en nuestro comportamiento actuando de manera eficaz en todos los lugares del poder que cuando precisamente ese poder les sirva para enriquecerse.