LA LÓGICA, LA RAZÓN Y CINCUENTA AÑOS DE SAQUEO URBANÍSTICO

 

La lógica y la razón constituyen el fundamento de cualquier sociedad que pretenda llamarse democrática, decente y civilizada. La razón permite pensar, cuestionar y comprender; la lógica impide que el poder convierta la mentira en norma y el abuso en procedimiento administrativo.

Cuando ambas desaparecen de la vida pública, lo que emerge no es la política, sino la degeneración institucional. Y eso es exactamente lo que durante más de medio siglo ha ocurrido en buena parte del urbanismo español.

En Valdemorillo no se planificó territorio: se planificó especulación. No se gobernó para los ciudadanos: se gobernó para intereses económicos y políticos perfectamente identificables. Bajo discursos técnicos y expedientes aparentemente legales, se levantó durante décadas un sistema diseñado para beneficiar al promotor, alimentar redes clientelares y trasladar después las consecuencias económicas a los vecinos.

Todo ello con la colaboración activa, pasiva o deliberadamente negligente de quienes tenían la obligación legal de impedirlo. Se aprobaron urbanizaciones sin garantizar previamente servicios esenciales, infraestructuras adecuadas ni capacidad real de mantenimiento. Se autorizó construir donde no existían garantías suficientes y, posteriormente, el Ayuntamiento evitó asumir la recepción efectiva de muchas urbanizaciones para no cargar con el coste económico que legalmente le correspondía.

La maniobra fue obscena: privatizar beneficios mientras se socializaban los problemas. Se construía. Se vendía. Se cobraba. Y después comenzaba el gran ejercicio histórico de irresponsabilidad institucional.

Las fianzas eran insuficientes, desaparecían o jamás cubrían los costes reales. Los controles administrativos se relajaban hasta volverse inútiles. Y mientras tanto, miles de ciudadanos quedaban atrapados en urbanizaciones abandonadas administrativamente, sin servicios adecuados y sometidos durante décadas a un limbo jurídico absolutamente intolerable en un Estado de Derecho moderno.

Lo más grave no es únicamente la acumulación de irregularidades. Lo verdaderamente escandaloso es el carácter sistemático del modelo. No fue un error. No fue una excepción. No fue una negligencia aislada. Fue un mecanismo repetido durante décadas con absoluta normalidad política y administrativa.

Cualquier persona conocedora, intelectualmente honesta que analice mínimamente este proceso descubrirá una montaña de complicidades, omisiones y decisiones deliberadas cuya magnitud resulta incompatible con la imagen de país serio que España pretende proyectar dentro de la Unión Europea.

Porque cuando una irregularidad se prolonga durante cincuenta años sin depuración real de responsabilidades, deja de ser una anomalía para convertirse en estructura. Y eso es precisamente lo más inquietante: la normalización de la impunidad.

Resulta difícil sostener que nadie supiera nada. Resulta todavía más insultante pretender que nadie fuera responsable. Durante décadas coincidieron intereses económicos, políticos y administrativos en torno a un mismo objetivo: permitir desarrollos urbanísticos cuyos beneficios eran inmediatos para unos pocos y cuyos costes serían soportados durante generaciones por los ciudadanos.

Eso no es mala gestión. Eso no es desorganización administrativa. Eso no es un fallo técnico. Es la degradación consciente del interés público.

La ausencia de responsabilidades penales o políticas relevantes no demuestra inocencia institucional; demuestra hasta qué punto determinadas prácticas llegaron a integrarse dentro del propio funcionamiento del sistema.

Y cuando un sistema se acostumbra a convivir con la irregularidad, la legalidad termina convirtiéndose en una simple escenografía burocrática destinada a ocultar decisiones previamente tomadas.

No puede seguir llamándose “normalidad urbanística” a lo que, observado desde la lógica, la razón y el derecho, constituye uno de los ejemplos más persistentes de irresponsabilidad política estructural. Porque allí donde la razón es sustituida por el interés y la lógica jurídica se prostituye para proteger privilegios, la democracia deja de servir al ciudadano y pasa a funcionar como una maquinaria de protección del poder.

Ningún país verdaderamente desarrollado puede sostener indefinidamente un modelo basado en la especulación, la irresponsabilidad institucional y la impunidad administrativa sin terminar erosionando la confianza pública, el Estado de Derecho y la propia legitimidad democrática.