LA DISTORSIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN VALDEMORILLO

La política municipal debería ser el nivel más puro del servicio público: el más cercano, el más tangible, el que resuelve los problemas concretos a vecinos. Sin embargo, en Valdemorillo esa idea parece cada vez más desdibujada, sustituida por dinámicas que generan desconfianza y sospecha.

La cuestión no es únicamente si existen o no irregularidades concretas, algo que deben determinar los tribunales, sino la percepción que se genera en la ciudadanía. Y esa percepción es devastadora: la de una política local convertida en un espacio opaco, donde las responsabilidades se diluyen y los cargos se blindan.

Valdemorillo no es un caso aislado, pero sí un ejemplo claro de cómo la falta de transparencia, los conflictos internos y la ausencia de explicaciones alimentan el desapego ciudadano. Cuando los vecinos no saben exactamente qué hacen sus concejales, o perciben que algunas funciones son difusas o innecesarias, surge una pregunta inevitable: ¿se está trabajando realmente para el interés general?

Recuperar la esencia del servicio público exige algo más que declaraciones. Requiere transparencia real, funciones definidas, evaluación de resultados y, sobre todo, una cultura política basada en la responsabilidad. Cada euro público debe estar justificado por un trabajo útil. Cada cargo, por una necesidad real.

La política municipal, que debería ser la más cercana al ciudadano, se ve empañada por prácticas que erosionan la confianza pública. Una de las más indignantes es la de aquellos concejales y concejalas que, en lugar de desempeñar funciones claras y útiles para la comunidad, parecen inventarse responsabilidades con el único fin de justificar un sueldo.

No se trata solo de una cuestión económica, aunque el uso de dinero público ya sería motivo suficiente de preocupación. El problema es más profundo: hablamos de una distorsión del sentido mismo del servicio público. Un cargo electo no debería buscar acomodo personal ni crear estructuras artificiales para mantenerse en nómina; su razón de ser es responder a necesidades reales, con funciones transparentes y evaluables.

Cuando un concejal carece de tareas definidas o se le asignan proyectos vagos, difíciles de medir o directamente irrelevantes, el mensaje que se envía a la ciudadanía es demoledor. Se normaliza la idea de que la política es un espacio de privilegios más que de responsabilidad, y eso alimenta el desapego, la desconfianza y, en última instancia, el deterioro democrático.

Frente a esto, la exigencia de transparencia y rendición de cuentas no es opcional, sino imprescindible. El ayuntamiento debe detallar con claridad qué hace cada cargo y lo que cobra por ello, cuáles son sus objetivos y qué resultados obtiene. Y la ciudadanía, por su parte, tiene el derecho y la responsabilidad de exigir explicaciones cuando esas funciones no están claras.

Porque cada sueldo público debe estar respaldado por un trabajo real y útil. Y cuando eso no ocurre, no estamos ante una simple ineficiencia, sino ante una falta de respeto hacia quienes sostienen el sistema con sus impuestos.

Jesús González Martin

Profesor jubilado de la UPM