PODER Y LEY: CRISIS INSTITUCIONAL EN VALDEMORILLO

Este es, precisamente, el escenario al que nos enfrentamos actualmente en Valdemorillo. El comportamiento del Gobierno municipal en relación con las urbanizaciones no solo revela una alarmante falta de respeto por el marco jurídico, sino que además delata una preocupante indiferencia hacia las funciones básicas de cualquier administración pública: cumplir y hacer cumplir la ley, sin excusas, sin dilaciones, sin excepciones.

 

UNA COSA ES EL PODER Y OTRA MUY DISTINTA, LA LEY.

Cada vez resulta más evidente que una cosa es el Poder y otra muy distinta, la Ley. Esta distinción, que debería ser fundamental en cualquier democracia madura, se desdibuja peligrosamente cuando quienes gobiernan confunden el ejercicio del Poder con el derecho a ignorar las normas.

En esencia, el poder y la ley son dos conceptos profundamente interconectados, pero distintos. El poder, en su forma más amplia, es la capacidad de influir o controlar el comportamiento de los demás. La ley, en cambio, está compuesta por normas y principios que regulan esa conducta, tanto de los individuos como de las instituciones, estableciendo límites precisamente para evitar abusos del poder.

Cuando el poder se somete a la ley, como está obligado a hacer en un Estado de Derecho, entonces y solo entonces, la razón puede alzarse como autoridad legítima ante cualquier reclamación ciudadana. Pero cuando el poder decide actuar al margen de la legalidad, cuando ignora los límites y responsabilidades institucionales que lo encuadran, entonces lo que se impone ya no es la razón, sino la arbitrariedad, el capricho y, en última instancia, la injusticia.

Y lo más grave es que, mientras todo esto ocurre, la oposición permanece en un silencio cómplice. Tal vez porque ejercer su papel fiscalizador implicaría estudiar, trabajar, comprender la complejidad de la gestión urbana y, sobre todo, asumir riesgos políticos. En definitiva, implicarse con rigor y responsabilidad. Es decir, cumplir con su deber.

Esta dejación de funciones por parte de ambos —gobierno y oposición— no es nueva. Los hechos del pasado, que hoy se repiten sin rubor, evidencian una constante preocupante: la incapacidad, ignorancia o incluso la negligencia deliberada de quienes ostentan el poder para comprender que gobernar no es mandar, sino servir desde dentro del marco que la ley establece. Lo más inquietante no es que desconozcan la ley, sino que, con plena conciencia, hayan optado por ignorarla, sustituyéndola por el uso arbitrario y autor referencial del poder político.

Así, ante las legítimas reclamaciones de un grupo de vecinos que sí conocen la ley y entienden sus derechos, la respuesta del poder local no es el diálogo ni la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos. La respuesta es el silencio, la negación, el desprecio... o incluso la tergiversación. Hoy se pretende —sin un debate público riguroso, sin transparencia, sin análisis técnico ni jurídico— eliminar las Entidades Urbanísticas de Conservación (EUCC), ignorando tanto el marco legal que las ampara como los casos exitosos de su funcionamiento en numerosos municipios españoles.

Y lo más escandaloso: todo esto se pretende hacer sin ofrecer un modelo alternativo viable, sin establecer un plan de transición, sin dotación de medios técnicos ni humanos, sin planificación ni diagnóstico previo. Es decir, pura improvisación disfrazada de decisión política.

En otros municipios, con realidades similares, la solución ha sido otra: asumir con seriedad el trabajo institucional, respetar la ley, comprometerse con la ciudadanía y gestionar con dedicación. Gobernar, en definitiva, con honestidad y eficiencia, en línea con las retribuciones y responsabilidades de quienes han sido elegidos para representar y servir, no para esconderse detrás de excusas o frases vacías.

No hay justificación posible. Lo que está ocurriendo no es consecuencia de una falta de recursos, ni de competencias, ni de prioridades presupuestarias. Es, simple y llanamente, una crisis de voluntad política y de cultura democrática. Un gobierno que desprecia la ley no solo pierde legitimidad: se convierte en parte activa del problema. Y una oposición que calla, ya sea por comodidad, cobardía o desinterés, es igual de responsable.

Lo que está en juego no es un conflicto administrativo menor entre urbanizaciones y ayuntamiento. Lo que está en juego es el principio de legalidad, el respeto a las normas que garantizan la convivencia democrática, la calidad de nuestras instituciones locales, y la dignidad de una ciudadanía que exige —con todo derecho— ser tratada con respeto, no con arrogancia ni desprecio.

En esencia, el poder y la ley son dos conceptos interconectados pero distintos que moldean la sociedad. El poder, en su forma más amplia, se refiere a la capacidad de influir o controlar el comportamiento de otros. La ley, por su parte, son normas y principios que regulan la conducta de los individuos y las instituciones, a menudo estableciendo límites al ejercicio del poder.

Cuando el Poder se somete a la Ley, como está obligado a hacer en un Estado de Derecho, entonces y solo entonces, la razón puede erigirse como autoridad legítima ante cualquier reclamación ciudadana. Pero cuando el Poder decide actuar al margen de la legalidad, cuando ignora sus propios límites y responsabilidades institucionales, entonces lo que se impone ya no es la razón, sino la arbitrariedad.

Este es, precisamente, el escenario al que nos enfrentamos actualmente.

El comportamiento del Gobierno Municipal de Valdemorillo en relación con las urbanizaciones no solo evidencia una alarmante falta de respeto por el marco jurídico, sino que revela una preocupante indiferencia hacia las obligaciones básicas de cualquier administración pública: cumplir y hacer cumplir la ley, sin excusas, sin dilaciones, sin excepciones. Y lo más grave: mientras esto ocurre, la oposición guarda un silencio cómplice. Tal vez porque asumir su rol fiscalizador le exigiría trabajar más, implicarse de verdad, estudiar los marcos normativos, comprender la complejidad de la gestión urbana y, sobre todo, asumir riesgos políticos. En definitiva, cumplir con su deber de Poder.

Esta dejación de funciones por parte de ambas partes, gobierno y oposición, no es nueva. De hecho, los hechos del pasado, que hoy se repiten sin pudor, nos muestran con claridad una constante: la incapacidad, la ignorancia o, peor aún, la negligencia deliberada de quienes ostentan el Poder para entender que gobernar no es mandar, sino servir dentro del marco que la Ley Establece. Pero lo más preocupante no es solo que desconozcan el Poder de la Ley, sino que, con plena consciencia, hayan optado por ignorarlo y sustituirlo por el uso arbitrario del Poder Político.

Y así, ante las legítimas reclamaciones de un sector de vecinos que sí conoce la Ley, que sí entiende sus derechos, la respuesta del Poder local no es abrir el diálogo, ni aplicar los procedimientos legalmente previstos. La respuesta es la negación, el desprecio, el silencio, o incluso la tergiversación. Se pretende bajo argumentos dudosos y sin debate público real, todavía no decretar la desaparición de las Entidades Urbanísticas de Conservación (EUCC),  de medio siglo, ignorando tanto el marco legal como la experiencia de su existencia en muchos municipios de España. Y todo ello, sin plantear previamente un modelo alternativo, sin establecer un plan de trabajo coherente, sin dotarse de medios técnicos ni humanos, sin el más mínimo atisbo de planificación.

En otros municipios, con circunstancias similares, la solución ha sido clara: trabajo, dedicación, cumplimiento normativo y, sobre todo, una gestión que esté en consonancia con el salario y las responsabilidades de los concejales electos. Porque eso es lo que implica gobernar: esforzarse, rendir cuentas, conocer la Ley y aplicarla, no esconderse tras discursos vacíos ni utilizar el Poder como un escudo contra la crítica ciudadana.

No hay excusa posible. Lo que está ocurriendo no es un problema de recursos, ni de competencias, ni de prioridades presupuestarias. Es, simple y llanamente, una crisis de voluntad política y de cultura democrática. Un gobierno que desprecia la Ley no solo pierde legitimidad: se convierte en parte del problema. Y una oposición que calla, por comodidad o cobardía, es igual de responsable.

Lo que está en juego no es un conflicto menor entre vecinos y ayuntamiento. Lo que está en juego es el principio de legalidad, la calidad democrática de nuestras instituciones locales y la dignidad de una ciudadanía que merece ser tratada con respeto, no con arrogancia.