ESTE TEMA, QUE ME ABURRE SOLEMNEMENTE, DEMUESTRA LA INCOMPETENCIA MAYESTÁTICA DE ESTE GOBIERNO.

No se pueden olvidar cincuenta años en una estafa que nadie sabe resolver.

Valdemorillo, ese rincón donde 16 urbanizaciones llevan cincuenta años viviendo en una estafa digna de estudio que debería tener su propia placa conmemorativa que diga: "Aquí, donde la incompetencia cumple medio siglo. Porque, reconozcámoslo, esto no es solo un caso de negligencia, es todo un arte: el de no resolver absolutamente nada mientras los vecinos nos debatimos entre la resignación y la furia contenida.

El gobierno actual, parece haber elevado la ignorancia al rango de virtud. Han conseguido que la situación sea tan desesperante como cómica, si no fuera porque los afectados son quienes pagan el pato. Cincuenta años de estafa y todavía nadie tiene idea de por dónde empezar a arreglar este despropósito. Claro, ¿quién quiere resolver un problema cuando puedes simplemente pasarle la pelota al siguiente?

Lo mejor de todo es que, con cada cambio de administración, se renueva la promesa de "esta vez sí". Y ahí estamos, medio siglo después, con las mismas excusas recicladas y soluciones que nunca llegan. Quizá sea hora de aceptar que en Valdemorillo no hay urbanizaciones, sino un agujero negro administrativo donde las leyes, las responsabilidades y la decencia entran, pero jamás salen.

Pero sigamos adelante, porque rendirse sería demasiado fácil, y al menos la ironía es gratis. Este asunto, que claro está, solo se resolverá cuando alguien del PP decida intervenir o cuando algún periodista tenga tiempo de convertirlo en noticia de portada. Porque, ya sabemos, nada como un escándalo urbanístico bien narrado para que las administraciones recuerden que tienen obligaciones. Es un caso de manual: negligencia, falta de control y un festival de posibles irregularidades que nadie parece tener prisa por aclarar. Mientras tanto, las preocupaciones sobre transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad política se quedan en eso, preocupaciones muy legítimas, pero poco efectivas.

Sobre la primera gran pregunta: ¿CÓMO ES POSIBLE QUE UNA ESTAFA NO SEA SUFICIENTE PARA QUE NUESTROS GOBERNANTES AUTONÓMICOS EXIJAN UNA SOLUCIÓN INMEDIATA? Fácil, porque no les interesa, ya que prefieren dedicarse a temas que den más votos. Los problemas locales no venden y, salvo que haya una fuerte presión social o mediática, quedan relegados al cajón de “pendientes eternos”. Segundo, la burocracia tiene sus tiempos. Incluso en casos de estafa flagrante, la solución depende de procesos judiciales que pueden durar años. Y, por si fuera poco, la administración siempre puede decir que no tiene competencias, que es un problema de los tribunales y que ellos solo pueden esperar. Despues, están los intereses privados, esos lazos tan cordiales entre promotores, empresas y administraciones, donde los conflictos de interés parecen ser más regla que excepción. Si no hay control, las irregularidades se quedan en un limbo perfecto donde nadie es culpable de nada. Y, por último, la presión ciudadana brilla por su ausencia. Los vecinos afectados, aunque muy perjudicados, no siempre están organizados y sus reclamos suelen perderse en buenas intenciones sin resultados concretos.

Y ahora, la otra gran cuestión: ¿CÓMO ES POSIBLE QUE TODAVÍA HAYA VECINOS CONVENCIDOS DE QUE VIVEN EN UNA URBANIZACIÓN PRIVADA? La respuesta es casi poética. Por un lado, está la desinformación. Algunos vecinos no tienen acceso a información clara, ya sea porque las autoridades no comunican o porque la información errónea circula más rápido que la verdad. Por otro lado, está la falta de conocimiento legal. No todos entienden las diferencias entre una urbanización pública y una privada ni las implicaciones que esto tiene. Pero también hay un toque de egoísmo: algunos prefieren creer que viven en una urbanización privada porque así se sienten más exclusivos, aunque la realidad diga lo contrario. Y, por supuesto, está la inercia cultural. Si durante años se ha alimentado la idea de que es una urbanización privada, cambiar esa percepción requiere un esfuerzo que nadie parece dispuesto a hacer.

Las posibles soluciones, aunque evidentes, no dejan de ser un desafío. Para empezar, SERÍA FUNDAMENTAL UNA PRESIÓN VECINAL ORGANIZADA. Si los vecinos se movilizaran y formaran asociaciones fuertes, podrían hacer ruido a nivel municipal y autonómico. La transparencia también es clave. Las administraciones deberían explicar con claridad qué está pasando y qué medidas se están tomando, pero claro, eso implicaría admitir errores. Otra opción sería UNA ACCIÓN JUDICIAL COLECTIVA, donde los vecinos afectados demanden a los responsables, desde los promotores hasta las administraciones negligentes. Y no nos olvidemos de las campañas de información, para que los vecinos entiendan la realidad de su situación y puedan unificar sus demandas.

Porque, al final, SI NADIE SE MUEVE, TODO SEGUIRÁ IGUAL: UNA ESTAFA MÁS, UNOS CUANTOS TITULARES OLVIDADOS, Y UNA URBANIZACIÓN DONDE LOS VECINOS SIGUEN CREYENDO EN UNA EXCLUSIVIDAD QUE NUNCA EXISTIÓ.