CARTA DIRIGIDA A LOS JÓVENES

RECIÉN INCORPORADOS A VIVIR EN UNA URBANIZACIÓN DE VALDEMORILLO.

Para vosotros está dirigida esta carta. Leerla con detenimiento y comprobarlo por vosotros mismos lo que incluyo en ella. Después, ser capaces de intentar afrontar los problemas y ver soluciones.

La incompetencia de los gestores municipales, a quienes pagamos con nuestros impuestos y cuya principal función es velar por el bienestar de los vecinos, ha llegado a un punto insostenible. Los problemas que enfrentamos hoy en día, derivados de una gestión deficiente y una falta de visión clara, reflejan incapacidad para resolver cuestiones fundamentales que afectan a todos.

Soy un viejo profesor universitario, que conozco hace medio siglo este pueblo, He observado con creciente preocupación  la gestión municipal a lo largo de los años. El Ayuntamiento parece haber quedado atrapado en un marasmo de problemas relacionados con las urbanizaciones,  sin una solución efectiva.

Solicito encarecidamente que se considere la incorporación de jóvenes preparados y comprometidos al equipo de gobierno municipal. La llegada de nuevas generaciones con ideas frescas y una perspectiva innovadora podría ser el cambio necesario para revitalizar y transformar nuestro Ayuntamiento. Es esencial que estos nuevos gestores sean capaces de abordar y resolver de manera efectiva los problemas que han afectado a nuestra comunidad durante medio siglo.

La situación actual exige un enfoque renovado y una gestión proactiva que priorice el bienestar y los intereses de los vecinos. Espero que esta petición sea tomada en serio y  se adopten las medidas necesarias para garantizar que nuestro municipio pueda avanzar con una administración que responda a las necesidades de sus ciudadanos.

HISTORIA

En las décadas de los sesenta y setenta, los grandes terratenientes vieron una oportunidad de negocio en la urbanización de sus tierras. La idea era sencilla: dedicar grandes extensiones rurales a proyectos de urbanizaciones, lo que generaría importantes ingresos y atraería a los "domingueros", personas que acudían a disfrutar de segundas residencias o escapadas de fin de semana, una tendencia en auge en ese momento.

Este proceso se llevó a cabo bajo la apariencia de legalidad mediante el uso de planes parciales y normas subsidiarias, herramientas urbanísticas que permitían el desarrollo de estos proyectos de una forma aparentemente planificada. Empresas como Hispano Alemana de Inversiones lideraron esta oleada de urbanización, en complicidad del Ayuntamiento y con ciertos “jefes” locales, con una gran influencia en el desarrollo de estas áreas.

Un aspecto clave de este modelo era que, una vez terminadas las obras, los propietarios de las parcelas se harían responsables del mantenimiento y la conservación de las infraestructuras, un arreglo que liberaba a los promotores de futuros costos o responsabilidades. Sin embargo, en muchos casos, las obras no se completaron como  proyectaron. Algunas urbanizaciones carecían de servicios básicos esenciales como el saneamiento, lo que provocaba que las aguas residuales se vertieran directamente al campo, ya que los promotores estaban más interesados en vender parcelas rápidamente.

El caso de las Entidades Urbanísticas de Conservación (EUCC) en Valdemorillo es un claro ejemplo de cómo las cargas de la urbanización y la finalización de las infraestructuras recayeron sobre los vecinos, mientras que los promotores y las autoridades locales eludían sus responsabilidades.

A pesar de que las urbanizaciones no estaban completamente terminadas, el Ayuntamiento permitió la constitución de las EUCC sin haber recepcionado formalmente las obras. Esto significaba que las urbanizaciones no contaban con infraestructuras El hecho de que la urbanización Ampliación Cerro Alarcón se recepcionara en 1984 "de aquella manera", parece responder a un acuerdo entre los promotores y el Ayuntamiento. Esta maniobra permitió a los promotores evitar hacerse responsables de las obras pendientes y dejar el peso de la finalización y el mantenimiento en manos de los vecinos, que no solo tuvieron que asumir estos costos, sino que, en algunos casos, pagaron dos veces o más por los mismos trabajos.

CHANCHULLOS

Esta situación reflejó una clara falta de regulación y control por parte de las autoridades municipales, que cedieron a los intereses de los promotores, dejando a los residentes, obligados a asumir los costos y los problemas derivados de unas infraestructuras incompletas y mal gestionadas. El Ayuntamiento siguió mirando para otro lado, en algún caso no me permitieron en el colegio profesional dar el final de obra a algunos chalets sin saneamiento, pero como el ayuntamiento ya había cobrado el proyecto de ejecución daba su visto bueno. Una estrategia común en el desarrollo urbano de muchas áreas, y en Valdemorillo. A medida que los promotores fueron perdiendo interés en seguir invirtiendo tiempo y recursos en completar las infraestructuras prometidas, encontraron la oportunidad perfecta para deshacerse de sus responsabilidades mediante la creación de las Entidades Urbanísticas de Conservación (EUCC).

Ante la inoperancia del Ayuntamiento y posiblemente la falta de conocimientos técnicos o legales por parte de los parcelistas, el consenso entre promotores y autoridades locales permitió transferir las cargas de las urbanizaciones incompletas a los propios propietarios. La creación de las EUCC se vio como una solución para evitar el colapso o el deterioro de los servicios, pero en realidad fue un mecanismo para que los promotores se "largaran" sin haber terminado las obras Una ilegalidad manifiesta ya en aquellas fechas con un ayuntamiento cómplice todavía en los ochenta.

Los parcelistas, por desconocimiento o engaño, pasaron a asumir responsabilidades que, en una urbanización convencional, habrían correspondido a la administración municipal, como el mantenimiento de viales, zonas verdes, alumbrado público, e incluso la gestión de infraestructuras comunes como depuradoras y vigilancia. Los vecinos, al creerse propietarios de estas infraestructuras y servicios, quedaron atrapados en una situación en la que debían organizarse y financiar de su bolsillo la finalización y conservación de lo que no se había completado. En este momento arranco el mayor problema de este pueblo sin que hasta la fecha ningún gobierno municipal fuera capaz de salir de esta ilegalidad.

Este tipo de acuerdos beneficiaban a los promotores, quienes podían salir del proyecto sin tener que asumir los costos de finalización, y al Ayuntamiento, que se ahorraba la responsabilidad de gestionar y mantener estas urbanizaciones. Los grandes perjudicados, en última instancia, fueron los parcelistas, que se vieron con cargas imprevistas y, en muchos casos, sin los medios ni el conocimiento para gestionarlas adecuadamente.

EL MANEJO INTERESADO DE LAS EUCC

En 1984, el Ayuntamiento de Valdemorillo, bajo el liderazgo del alcalde de turno, se justificó la creación de las EUCC con informes jurídicos y técnicos que probablemente argumentaban que esta era la mejor solución para la situación de las urbanizaciones, a pesar de que las obras no estaban terminadas, ni las infraestructuras cedidas o recepcionadas por el Ayuntamiento. Aunque estos informes probablemente ofrecían una cobertura legal, en la práctica, se trataba de una manera de transferir la carga a los vecinos mientras se eximía de responsabilidades tanto a los promotores como a la administración.

A partir de entonces, los sucesivos alcaldes han utilizado una estrategia de "divide y vencerás", ofreciendo concesiones o soluciones parciales a diferentes grupos, lo que ha permitido mantener a la población fragmentada y, por tanto, incapaz de articular una respuesta colectiva fuerte. Esta táctica ha permitido mantener el control sobre una situación cada vez más insostenible para los habitantes de las urbanizaciones.

Las asociaciones temporales como URVA (Unión de Urbanizaciones de Valdemorillo) y más tarde ARLUV (Asociación de Urbanizaciones de Valdemorillo), surgieron como intentos de unificar los esfuerzos de los vecinos para mejorar la situación, pero se vieron afectadas por la división ideológica interna. Lo que hacía imposible lograr avances significativos a nivel colectivo. La falta de unidad entre las diferentes urbanizaciones impidió una estrategia común que pudiera haber presionado al Ayuntamiento para asumir sus responsabilidades o, al menos, garantizar una solución estructural más justa.

La situación pone de manifiesto un ciclo prolongado de gestión deficiente y negligencia por parte del ayuntamiento, que ha dejado a más de la mitad de la población de Valdemorillo enfrentando serios problemas de infraestructura y servicios. Este escenario es el resultado de años de decisiones políticas inadecuadas y una falta de coordinación entre las partes involucradas, lo que ha perpetuado una administración fragmentada y poco efectiva. En consecuencia, los vecinos hemos tenido que soportar cargas económicas desproporcionadas y vivir con carencias estructurales que deberían haber sido resueltas hace tiempo por la administración local.

Aunque en la primavera de 2021 se vislumbró un avance cuando el alcalde, tras escuchar a los vecinos, accedió a solicitar un informe jurídico externo para definir los límites y responsabilidades en las urbanizaciones, este paso solo vino a subrayar que el problema lleva demasiado tiempo sin resolverse. La decisión del alcalde fue un reconocimiento tardío de la gravedad de la situación y la necesidad de actuar, y se quedó únicamente en eso. Pero aún queda mucho por hacer para revertir el ciclo de división y negligencia que ha perjudicado a la comunidad.

El hecho de que los vecinos tengan que luchar por derechos básicos como servicios e infraestructuras que, en cualquier otra circunstancia, serían de responsabilidad directa de la administración local, evidencia la falta de un plan coherente y eficaz. La comunidad necesita que sus dirigentes asuman la responsabilidad de solucionar las carencias, y que se implementen medidas estructurales para garantizar una gestión transparente y eficiente que ponga fin a este ciclo de abandono.

El 13 de enero de 2022, en una mesa de debate con la participación de dos catedráticos de derecho de la Universidad Pública, la Subdirectora General de Urbanismo y el alcalde de Valdemorillo, Santiago Villena Acedos, como espectador, se abordó una cuestión clave sobre el futuro de las urbanizaciones: la Subdirectora General de Urbanismo afirmó que PARA CONSTITUIR UNA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN COLABORATIVA (EUCC), ES INDISPENSABLE QUE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA URBANIZACIÓN ESTÉN COMPLETAMENTE TERMINADAS.

Esta declaración expuso claramente que la falta de finalización de las infraestructuras ha sido uno de los principales obstáculos para avanzar en la gestión organizada de las urbanizaciones. La creación de una EUCC, que permitiría a los vecinos participar en el mantenimiento y conservación de los servicios básicos, depende del estado de las obras. Mientras estas no se completen, las urbanizaciones permanecen en una especie de limbo, sin una entidad formal que se encargue de la gestión y el mantenimiento de las infraestructuras esenciales.

Esta situación ha dejado a la comunidad en una posición vulnerable, con carencias en servicios básicos que deberían haber sido proporcionados o, al menos, gestionados por las autoridades locales. El estado inacabado de las infraestructuras no solo impide la creación de una EUCC, sino que también prolonga el ciclo de negligencia y división en la comunidad. Esto subraya la urgencia de que se resuelvan los problemas estructurales antes de que se pueda avanzar en una gestión adecuada, para que los vecinos de Valdemorillo dejen de soportar cargas desproporcionadas y la precariedad de los servicios básicos.

TODAS LAS EUCC DE VALDEMORILLO SON ILEGALES.

Posteriormente a esta celebración y en un pleno El se discutió la situación de las urbanizaciones y su marco legal. La afirmación del Secretario, Gustavo, al decir “Para que sean ilegales, antes, alguien tiene que declararlas ilegales”, refleja una postura que, por sí misma, pone de manifiesto la falta de acción y el vacío legal en torno a la gestión de las urbanizaciones. Este comentario sugiere que, mientras no haya una declaración formal de ilegalidad, no se puede proceder a regularizar o corregir la situación, lo que deja a las urbanizaciones en una especie de vacío jurídico.

La falta de intervención de Pilar López, antigua alcaldesa y abogada, que permaneció en silencio, y el comentario de Gema, también antigua alcaldesa y abogada, que añadió: “Tanto como ilegales, no sé, si acaso, alegales”, indica que incluso entre las autoridades locales y jurídicas existe incertidumbre o discrepancia sobre la situación de las urbanizaciones. El término "alegal", utilizado por la ex alcaldesa Gema, sugiere que las urbanizaciones están en una zona, donde no cumplen completamente con la normativa, lo que dificulta la toma de decisiones y la regularización de las mismas. Algo absolutamente “kafquiano”, que explica lo que sigue ocurriendo ahora y en donde algunos vecinos están comprendo chalets como si pertenecieran a una urbanización privada.

El pleno al que hago mención, es sin duda, un instrumento de gran valor, ya que captura el núcleo de la problemática legal y administrativa que afecta a las urbanizaciones. Las intervenciones (y silencios) de las figuras clave reflejan la confusión y el desacuerdo sobre el estatus legal de las urbanizaciones, algo que parece haber sido arrastrado durante años sin una resolución clara.

La afirmación del Señor Secretario, Gustavo, de que “para que sean ilegales, antes, alguien tiene que declararlas ilegales”, es reveladora, ya que sugiere que la falta de acción formal ha impedido que se tomen medidas correctivas. Este comentario evidencia una pasividad administrativa que ha perpetuado el estancamiento de la situación.

El hecho de que Pilar López, exalcaldesa y abogada, permaneciera en silencio, y que Gema, también exalcaldesa y abogada, respondiera con “Tanto como ilegales, no sé, si acaso, alegales”, es indicativo de la ambigüedad legal que rodea las urbanizaciones. El término "alegal" implica que las urbanizaciones no están formalmente declaradas ilegales, pero operan fuera de un marco regulado, lo que dificulta aún más cualquier intento de regularización o gestión eficiente.

Este pleno destaca no solo la complejidad legal que rodea a las urbanizaciones, sino también la falta de una dirección clara por parte de las autoridades, lo que ha dejado a los vecinos en una situación de precariedad e incertidumbre. La incapacidad para tomar decisiones concretas ha prolongado un problema que, bajo circunstancias normales, debería haber sido gestionado por la administración local.

El papel del Secretario del Ayuntamiento, es especialmente relevante en este contexto. Como responsable de garantizar la legalidad de todos los actos administrativos, recae sobre él la tarea de asegurar que las actuaciones del Ayuntamiento estén en conformidad con la ley. El hecho de que exista una percepción de retraso en su labor para aclarar la situación de las urbanizaciones refleja la frustración de la comunidad. Los vecinos esperan una respuesta clara sobre la legalidad o alegitimidad de su situación, algo que debería haberse abordado desde que asumió su cargo.

El reclamo hacia Gustavo no es solo una cuestión de responsabilidad administrativa, sino también una exigencia de justicia y transparencia. Dada su posición de autoridad en temas legales, su intervención es crucial para desbloquear la situación y encaminar las acciones necesarias para regularizar las urbanizaciones. La falta de resolución durante años ha perpetuado un ambiente de ambigüedad que sigue afectando a la comunidad, generando más incertidumbre y una gestión ineficiente de los recursos. Por ello, es urgente que el Secretario tome medidas firmes y claras, poniendo fin a un problema que ha afectado tanto la calidad de vida de los vecinos como la administración del Ayuntamiento. Este pleno, por lo tanto, refleja la complejidad del tema y la falta de claridad legal sobre cómo proceder, y podría servir como un documento clave para entender el contexto político y administrativo en el que se encuentra la comunidad. La falta de una intervención clara y decisiva ha perpetuado una situación de incertidumbre y precariedad para los vecinos, que siguen enfrentando problemas que, en otras circunstancias, serían resueltos por la administración local.

En cuanto a las Entidades Urbanísticas de Conservación Colaborativa (EUCC), es importante recordar que estas tienen responsabilidades muy específicas. Legalmente, su función es conservar y mantener las infraestructuras que les han sido entregadas por los promotores, pero no tienen la capacidad de terminar obras inacabadas, ni de realizar nuevas obras. Tampoco pueden asumir competencias como la limpieza y vigilancia de las calles, la venta de agua u otros servicios que corresponden directamente a la administración local o a otros actores. Esto subraya el problema central: si las infraestructuras de las urbanizaciones no están terminadas, la EUCC no puede asumir su gestión, ya que su competencia se limita al mantenimiento de lo ya existente, no a la construcción o terminación de lo que falta.

El hecho de que las Entidades Urbanísticas de Conservación Colaborativa (EUCC) no puedan subsanar las deficiencias dejadas por los promotores ni asumir responsabilidades fuera de su ámbito legal resalta la necesidad de una intervención urgente y decidida por parte del Ayuntamiento. Al limitarse su rol a la conservación y mantenimiento de las infraestructuras existentes, es evidente que no tienen el poder ni la capacidad legal para concluir obras inacabadas ni asumir la gestión de servicios esenciales que deberían corresponder a la administración pública.

Aquí es donde el Ayuntamiento, bajo la supervisión legal del Secretario, tiene la obligación de intervenir para asegurar que se completen las infraestructuras y se resuelvan los problemas pendientes. Es su deber garantizar que las urbanizaciones puedan operar de manera adecuada, asegurando que las obras estén terminadas y que los servicios necesarios se presten correctamente. La incapacidad de las EUCC para asumir responsabilidades fuera de su limitado marco legal deja claro que solo la administración local, con el liderazgo y control legal del Secretario, puede poner fin a este ciclo de precariedad.

LA FALTA DE ACCIÓN

Ha prolongado la situación, dejando a los vecinos en un estado de incertidumbre, con servicios deficientes o inexistentes y una sensación de abandono institucional. Este limbo legal, donde ninguna de las partes implicadas tiene el poder de actuar por su cuenta, solo puede resolverse mediante una intervención firme por parte del Ayuntamiento, que debe asumir su responsabilidad en la gestión y regularización de las urbanizaciones. Sin esta intervención, las urbanizaciones seguirán atrapadas en un ciclo de ineficiencia y falta de servicios que no solo afecta a la calidad de vida de los residentes, sino que también perpetúa un modelo de gobernanza inadecuado y fragmentado.

Esta situación subraya la urgencia de una intervención directa por parte del Ayuntamiento. Como órgano de gobierno local, es el Ayuntamiento quien debe completar las infraestructuras necesarias y garantizar el cumplimiento de las obligaciones dejadas sin concluir por los promotores. Bajo la supervisión del Secretario, que debe velar por la legalidad de estas actuaciones, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de resolver estos problemas y garantizar que se tomen las medidas necesarias para regularizar la situación.

La falta de acción del Ayuntamiento, combinada con la ambigüedad jurídica en torno a las urbanizaciones, no solo perpetúa la precariedad de los servicios para los vecinos, sino que también deja a las urbanizaciones en un limbo legal. Ninguna de las partes implicadas tiene el poder de resolver la situación de manera autónoma, lo que hace imprescindible una intervención clara y decisiva por parte de la administración local. El liderazgo del Secretario es fundamental para poner fin a años de gestión ineficiente y asegurar que las urbanizaciones puedan operar de manera adecuada, resolviendo así la incertidumbre y los problemas estructurales que han afectado a la comunidad.

Sabiendo esto ¿A cuento de qué, se obliga, es verdad que no nos pusieron una pistola, a que la EUCC firme un contrato de construcción de una nueva red de agua? ¿Por qué, el Ayuntamiento y/ o el Canal, no nos han mandado un contrato a cada vecino? Estoy loco por firmarlo y poder pagar a alguien con derecho. Todo esto y mucho más, lo sabe y lo permite el Ayuntamiento, toda la mesa del Pleno y los funcionarios de primer nivel. ¿Por qué, se nos persigue, si no pagamos la cuota de conservación y mantenimiento, a una Junta Gestora que, lo es, de un EUCC ilegal? No quiero pertenecer a una entidad ilegal y mucho menos darle un céntimo para que, encima, se lo gasten en lo que quieran.

No dejaré de preguntar ¿Por qué el Ayuntamiento sigue permitiendo estas cosas? Las competencias de las EUCC ilegales están estrictamente limitadas a la conservación y mantenimiento de las infraestructuras que les han sido entregadas por los promotores. No tienen la capacidad legal para asumir la finalización de obras inacabadas, construir nuevas infraestructuras, ni gestionar servicios esenciales como la limpieza, vigilancia o venta de agua. Este marco de responsabilidades resalta un problema central: si las infraestructuras no están completamente terminadas y adecuadamente entregadas, las EUCC no pueden operar de manera efectiva. Su función es simplemente mantener lo que ya existe, no solucionar deficiencias previas ni asumir responsabilidades adicionales.

Esta limitación subraya la urgencia de una intervención directa por parte del Ayuntamiento. Como órgano de gobierno local, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de completar las infraestructuras necesarias y garantizar que se cumplan las obligaciones que los promotores han dejado sin concluir. Bajo la supervisión del Secretario, quien debe garantizar la legalidad de las actuaciones del Ayuntamiento, es imperativo que se tomen las medidas necesarias para regularizar la situación.

La falta de acción del Ayuntamiento, junto con la ambigüedad jurídica que rodea a las urbanizaciones, no solo perpetúa la precariedad de los servicios para los vecinos, sino que también deja a las urbanizaciones en un limbo legal. Ninguna de las partes implicadas tiene el poder de resolver la situación de manera autónoma, lo que hace imprescindible una intervención clara y decisiva por parte de la administración local. El liderazgo del Secretario es crucial para poner fin a años de gestión ineficiente y asegurar que las urbanizaciones puedan funcionar adecuadamente, resolviendo así la incertidumbre y los problemas estructurales que han afectado a la comunidad.

 CONCLUSIÓN

El papel del Secretario, en esta situación, debería haber sido fundamental. Como figura clave en la administración local. TIene la capacidad de coordinar y liderar la respuesta de la administración a los problemas que enfrentan las urbanizaciones. Esto incluye varias tareas esenciales:

1. Debe trabajar para resolver la ambigüedad jurídica que afecta a las urbanizaciones, colaborando con asesores legales y otras autoridades para establecer un marco claro que defina las responsabilidades y derechos de todas las partes implicadas.

2.    Debe facilitar la comunicación entre el Ayuntamiento, las urbanizaciones y los vecinos. Esto incluye mantener a todas las partes informadas sobre los avances y las decisiones que se están tomando.

3.    Puede liderar la elaboración de un plan integral para abordar los problemas estructurales y de servicios, asegurándose de que se asignen recursos adecuados y se implemente de manera efectiva.

4.    Es crucial que el Secretario promueva la transparencia en el proceso de resolución de problemas y garantice que los responsables rindan cuentas por sus acciones y decisiones.

5.    Puede mediar en disputas entre las partes implicadas y buscar soluciones equitativas para los problemas que surjan durante el proceso.

En resumen, el Secretario debería haber tenido un papel de liderazgo crucial en la resolución de esta crisis. Su capacidad para implementar cambios efectivos y coordinar esfuerzos habría sido clave para mejorar la calidad de vida de los vecinos y asegurar el buen funcionamiento de las urbanizaciones.