Valdemorillo y otros pueblos, manejan competencias y
prestación de servicios que deberían abordarse desde una perspectiva
supramunicipal, como es la Planificación
Urbanística.
Se ha venido utilizando la crisis como una excusa para
imponer restricciones en contra de los intereses de la mayoría de la
ciudadanía. La degradación de los servicios públicos, fruto de las políticas de
austeridad, viene afectando desde años a la vida de las personas y al
funcionamiento de una economía cada vez más deprimida. Los recortes
sistemáticos no hacen más que ahondar en esta mala situación y perjudican
claramente a las cuentas públicas por la reducción de ingresos.
Mientras, se trasvasan grandes cantidades de dinero y
se convierten los servicios públicos en negocios de los que se beneficiarán
unos pocos. Sin la financiación adecuada muchos municipios no pueden afrontar
las múltiples competencias que tienen asignadas, y a menudo asumen más de las que
les corresponden, en servicios de urbanismo, sociales o educativos, por
ejemplo. "Sobre todo los Ayuntamientos, como Valdemorillo, que manejan
competencias y prestación de servicios que deberían plantearse desde una
perspectiva supramunicipal, como la Planificación Urbanística", La FEMP
aduce que para eso están las mancomunidades y también la asistencia a los
pequeños y medianos municipios que ejercen las diputaciones iniciales.
El vínculo entre los conceptos de tamaño del mercado y
eficiencia es bastante obvio. En estos municipios la ineficiencia vinculada a
su población afecta de manera notable al no poder permitirse un equipo de
gestión profesional al no haber recursos para pagarles. En muchos de los
ayuntamientos los alcaldes y concejales ejercen sus funciones de manera casi
amateur y a tiempo parcial, ya que tienen que ganarse la vida y, luego,
dedicarse a los asuntos municipales.
En otros, esta gestión no parece muy eficiente, sobre
todo si tenemos en cuenta el desconocimiento técnico o económico que los
gestores pueden tener de asuntos de gran importancia para el municipio.
Otro asunto que no agota la larga lista de
ineficiencias, es el del encarecimiento en la provisión de servicios públicos a
los ciudadanos que supone el tener que proveerlos de manera tan atomizada.
Aunque las mancomunidades tratan de limitar este problema, la realidad es que
el coste de contratar servicios de recogidas de basura, mantenimiento de
jardines, alumbrado, etc. es muy superior en 10 municipios de 10.000 habitantes
que en uno de 100.000, por ejemplo. Asimismo, determinados gastos de los
consistorios (teléfono, seguros, etc.) negociados de manera fragmentada también
resultan más caros, y al final esto repercute en el bolsillo de los
contribuyentes.
Siendo realistas, ¿es posible reducir de manera
importante el número de municipios? La evidencia de la Unión Europea ofrece
numerosos ejemplos de países que han optado por este camino como una forma de
racionalizar y mejorar la eficiencia de la gestión de los servicios públicos.
Así, En 2007 Dinamarca redujo la cifra de sus municipios desde 271 a 98.
Suecia, en el período comprendido entre 1950 y 1974 pasó de 2.281 municipios a
278. Por último, otra evidencia de la racionalidad en el gasto que supone este
proceso de concentración la encontramos recientemente en Grecia, que como
consecuencia de la intervención económica se ha visto obligada a disminuir su
número de municipios de 1.034 a 355.
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