Eliminar la prescripción de los delitos por fraude fiscal y robo en la función pública.

Sin ambos delitos, no se habría recortado en servicios públicos

Como sanidad, educación y un largo etcétera. El poder de la banca en España es enorme. Los grandes bancos juegan un papel clave en el establecimiento de los paraísos fiscales

Eliminar la prescripción de los delitos por fraude fiscal y blanqueo de capitales es una medida de dificilísimo encaje constitucional. La CE establece el principio de seguridad jurídica en el art. 9 y la eliminación total de la prescripción chocaría frontalmente contra ese principio. Pero la seguridad jurídica está contenida en todas las constituciones y es un pilar fundamental del Estado de Derecho. No obstante hay delitos imprescriptibles como por ejemplo los crímenes de lesa humanidad o el genocidio si son perdurables según varias reglas internacionales. Pero no obstante, lo que sí que cabe, en todo caso, es la ampliación de esos plazos de prescripción en todo el tiempo que uno estime siempre que no se elimine totalmente la prescripción. De hecho los plazos se han ampliado últimamente aunque estimo que deberían ser aún mayores. Pero claro, ¿por qué solo el delito fiscal y el blanqueo de capitales? En general deberían ser todos aquellos que afecten al saqueo de lo público. El fraude a la Seguridad Social es un fraude igual de grave que el delito fiscal, puesto que produce el mismo resultado. También el cohecho en todas sus formas, así como la financiación ilegal de los partidos y cualquier otro que vaya en esa línea. Pero aun así, habrá que decir que no solo la prescripción es la causa de todo ello, sino que debe de llevar aparejada otras medidas relacionadas con uso d testaferros, más medios para justicia y fiscalía, ausencia de indultos, etc....

Casi todo está inventado. Otra cosa es que haya partidos en el hemiciclo que antepongan la "hegemonía" de la izquierda al buen funcionamiento del país y de sus instituciones y que impidan o dificulten la aplicación de estas medidas. El pacto PSOE-C´s, rechazado por el Parlamento español en el debate de investidura y donde 200 y pico diputados votaron en contra de:

1.    Revisar los actuales delitos contra la Administración Pública (prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas) definiendo mejor las conductas contrarias a la ley, incrementando las penas para los delitos cometidos por funcionarios o autoridades públicas y reforzando las penas privativas de libertad en los delitos contra la Administración pública con penas de inhabilitación absoluta y especial, así como la suspensión para empleo o cargo público.

2.    Tipificar el delito de enriquecimiento ilícito que castigue el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos, producido durante el período de su mandato, cuando no puedan justificar la causa de este incremento.

3.    Tipificar entre las modalidades del delito de encubrimiento la figura del testaferro en las conductas de creación y/o mantenimiento de estructuras societarias u organizaciones de cualquier clase que no tengan otro fin que actuar en el mercado encubriendo actividades económicas ajenas de fraude y corrupción.

4.    Revisar el delito de financiación ilegal de partidos políticos rebajando significativamente la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión y tipificar la manipulación de cuentas anuales de los partidos políticos.

5.    Reforma y revisión integral de las medidas administrativas y penales contra el fraude fiscal, el fraude de subvenciones y el fraude a la Seguridad Social.

6.    Revisar las competencias de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción para los delitos de funcionarios públicos, autoridades y corrupción política.

7.    Establecer un plan especial para dotar de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, especialmente a la Fiscalía Anticorrupción y las fiscalías provinciales, donde se concentra más del 80% de los casos de corrupción. También incentivos para fomentar y favorecer el afloramiento de casos de corrupción y atenuantes específicos para los supuestos de auto denuncia para más delitos que los actualmente previstos.

8.    Regular la protección de quien denuncia prácticas corruptas e ilegales tanto en la Administración Pública como en el sector privado, a fin de proteger a la ciudadanía que denuncie este tipo de delitos de cualquier clase de represalias.

9.    Limitar y condicionar las sentencias de conformidad a la existencia de una cooperación activa y aportación de pruebas determinantes para el
esclarecimiento del caso o descubrimiento de otros, así como el obligado pago de la responsabilidad civil derivada del delito.

10.  Prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción, violencia de género y contra los Derechos Humanos. Incorporar la necesidad de su motivación y acentuar la información a las Cortes Generales sobre los indultos concedidos. Revisar las normas reguladoras del comiso para asegurar que la persona condenada por un caso de corrupción responda con bienes patrimoniales presentes y futuros.

Todas estas demandas son recogidas de la voluntad de casi todos los votantes que estamos viendo con verdadero estupor como algunos políticos abandonan la política enriquecidos a costa de los contribuyentes. También como los grandes bancos, a través de su influencia en los medios de información, centros de investigación y propaganda, son los grandes promotores de las políticas neoliberales, incluyendo los recortes de gasto público social con el fin de reducir el déficit público y la deuda pública. A la vez, estos bancos han estado facilitando la utilización de paraísos fiscales para los ricos.