SEGUNDA ETAPA. Las EUCC deben disolverse.

 

La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las Entidades Urbanísticas de Conservación

Subraya la necesidad de enfrentar, de una vez por todas, la falta de claridad legal que ha caracterizado la gestión de estas entidades en Valdemorillo durante décadas, operando en un marco de indefinición, al constituirse sin la RECEPCIÓN FORMAL, lo que en la práctica ha provocado UNA DESCONEXIÓN ENTRE LAS URBANIZACIONES Y EL PROPIO MUNICIPIO, favoreciendo además prácticas de difícil justificación. Esta situación ha desembocado en un contexto donde los vecinos han soportado, durante años, cargas económicas y administrativas que no respaldadas por base jurídica.

Santiago Villena, tenía la responsabilidad de supervisar y tutelar las actividades de estas EUCC. Sin embargo, la falta de tutela  ha permitido que estas entidades operen sin un control, llevando a decisiones de asamblea que en ocasiones exceden las competencias legales de las EUCC y generan cargas no justificadas para los vecinos. Este fallo judicial abre una oportunidad clave para aclarar y resolver esta situación, y para ello una reunión convocada por el Ayuntamiento, con la participación de un abogado urbanista, podría abordar varios puntos esenciales, como:

1.    Clarificación de la legalidad de las EUCC y el impacto de la sentencia: Explicar a los vecinos las implicaciones legales de la sentencia es fundamental para que puedan comprender el futuro de estas entidades. Si la constitución de las EUCC se considera irregular, será necesario estudiar si estas deben disolverse.

2.    Delimitación clara de responsabilidades: Es vital establecer un marco preciso que separe las competencias municipales de las responsabilidades de las EUCCs o los propios vecinos. Este punto permitiría evitar que los vecinos asuman costes y obligaciones que, por normativa, debieran corresponder al Ayuntamiento.

3.    Proceso de disolución o reestructuración: Si la creación de las EUCC es declarada ilegal, el Ayuntamiento debe diseñar un plan claro para su disolución o reestructuración conforme a la normativa. Este proceso debe evitar cargas adicionales para los vecinos y buscar una transición ordenada.

4.    Garantía de transparencia y límites en las decisiones de la asamblea: El Ayuntamiento debe establecer mecanismos que aseguren que las decisiones de las asambleas de EUCC se ajusten a la legalidad y no excedan las competencias asignadas. Esto incluye imponer límites claros a sus actuaciones y presupuestos, evitando interpretaciones arbitrarias y posibles abusos.

El proceso iniciado por la sentencia del Tribunal Supremo ofrece una oportunidad única para restablecer la relación entre los vecinos y la administración local de Valdemorillo. 

Durante años, la falta de claridad y la ausencia de una supervisión efectiva sobre las Entidades Urbanísticas de Conservación han generado una gran desconfianza y han impuesto cargas injustas a los residentes. Este fallo no solo sirve para corregir la situación desde el punto de vista legal, sino que también puede ser el primer paso hacia una relación más justa y transparente entre el Ayuntamiento y las urbanizaciones, consolidando una gestión que se ajuste plenamente a la normativa.

El proceso de revisión y regularización permitiría establecer una base sólida para que los derechos de los vecinos sean respetados en todo momento y para que sus obligaciones queden claramente definidas y justificadas. 

Con una estructura de competencias claras y un compromiso firme del Ayuntamiento, los vecinos podrán sentirse más protegidos y seguros de que cualquier contribución económica responde a necesidades reales y legales, y no a decisiones unilaterales de las asambleas de las EUCC.

Asimismo, al poner en marcha un marco de transparencia y rendición de cuentas, se podría reducir considerablemente el riesgo de abusos y malas prácticas, evitando cargas económicas injustificadas y permitiendo a los vecinos participar en la gestión de su entorno desde un conocimiento más claro de sus derechos y deberes. De esta forma, los residentes no solo recuperarían la confianza en la administración local, sino que también podrían participar activamente en la creación de un entorno urbano más equitativo, regulado y en sintonía con las necesidades y la legalidad.

Este enfoque de regularización y transparencia fortalecería además el vínculo entre el Ayuntamiento y las urbanizaciones. Al asumir un papel de tutela activa y responsable, el gobierno local enviaría un mensaje claro de que busca no solo cumplir con sus responsabilidades legales, sino también defender los intereses de todos los vecinos. En última instancia, esto podría allanar el camino hacia una comunidad más unida, donde la administración y los vecinos trabajen conjuntamente en la gestión de los espacios comunes, logrando así un Valdemorillo más justo y bien gestionado.

 

Comentarios

  1. Jesús, debo estar mal de las entendederas. Tal parece, que estás a favor de que sigan las EUCCs pero que el AYTO las tutele de verdad.
    PUES, NO. Las EUCCs tienen que disolverse. Luego que el Ayto haga lo que sea y le toque.
    ¡MALDITA SEA MI ESTAMPA! ¿POR QUÉ NOS TIENE QUE TRATAR DIFERENTE QUE A LOS VECINOS DEL "CASCO"?
    Si no le llega el dinero, que nos cobre lo que correspoda, pero, que no nos convierta en funcionarios, ni trabajadores del AYTO, encima sin sueldo.
    ¡¡YA ESTÁ BIEN!!!

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    1. Andrés, tú conoces este asunto como yo y los estudiantes de derecho administrativo de la Complutense: las Entidades Urbanísticas de Conservación (EUCC) deben disolverse sin ambigüedad, y existen sólidos fundamentos para sostener esta afirmación. En primer lugar, se debe reconocer que, que, las EUCC de Valdemorillo, nunca fueron constituidas de manera legal. La creación de estas entidades supone que las obras de urbanización hayan sido completadas y recepcionadas formalmente por el ayuntamiento, lo cual las califica para la conservación y el mantenimiento. No obstante, en varias ocasiones se ha pasado por alto este proceso, y las EUCC han sido implementadas sin cumplir con los requisitos previos. Esta omisión representa un grave error administrativo y UN ACTO DE CORRUPCIÓN, AL IMPLICAR ACUERDOS PREVIOS IRREGULARES ENTRE LAS AUTORIDADES LOCALES.

      El proceso de constitución de una EUCC exige un riguroso apego a la normativa autonómica vigente. Como recurso adicional, en caso de vacíos legales en la normativa autonómica, se puede acudir al marco normativo del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, de Gestión Urbanística, el cual establece las disposiciones necesarias para la creación y el funcionamiento de estas entidades en función de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Esta legislación sirve de guía fundamental, asegurando que las EUCC se estructuren adecuadamente en cada comunidad.

      En el contexto actual, el peso de la decisión sobre el futuro de las EUCC recae, en última instancia, en los altos cargos de la administración autonómica, con un especial énfasis en la Dirección de la Comunidad Autónoma (CAM). En muchos municipios, incluido el nuestro, es evidente que el alcalde no actuará sin el visto bueno de la Sra. Directora de la CAM, quien mantiene un control estricto sobre las decisiones locales. Sin embargo, una sentencia judicial favorable a la disolución de las EUCC podría ofrecer un marco jurídico para proceder sin necesidad de aprobación adicional.

      Este contexto subraya la necesidad de disolver las EUCC no solo por razones legales, sino también para restaurar la transparencia y la justicia en la gestión urbana, asegurando que los recursos municipales y la conservación de los espacios urbanos respondan a un interés público real y a un marco normativo legítimo.


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  2. Profesor, la falta de confianza en el ayuntamiento, es algo que muchas personas sienten, sobre todo cuando perciben que las decisiones que se toman parecen responder a intereses distintos a los de las urbanizaciones. Cuando un proyecto deja de ser lucrativo o se vuelve complicado de gestionar, es común que algunos políticos pierdan el interés o no se involucren tanto como deberían.
    Es frustrante que algunos políticos solo se preocupan cuando hay un beneficio directo para ellos. En muchos casos, la falta de acción no es solo una cuestión de pereza, sino también de una percepción de que no hay "GANANCIAS" POLÍTICAS O FINANCIERAS, Y POR TANTO, PREFIEREN NO INVOLUCRARSE.
    Ante esta situación, una estrategia puede ser la organización de los ciudadanos para ejercer presión. Las comunicación, los llamados a la transparencia y la participación en los espacios de toma de decisión son formas de hacer que el ayuntamiento sienta la responsabilidad de actuar. También, mantener un diálogo constante y vigilante puede ayudar a que no dejen el tema en el olvido. Gracias nuevamente por su trabajo


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  3. Aunque, a veces, como en lo que se está viviendo en Valencia, las Instituciones se tiran los trastos a la cabeza, no es así, aunque lo parezca. Las Instituciones se protejen. Lo he visto en el caso de los OKUPAS de los aparcamientos de uso público de mi calle,con el Defensor del Pueblo. Lástima que, luego, los Jueces le quitaran la razón. En nuestro caso, la DGU Inspección Urbanística, ya conoce la situación en Valdemorillo. ¿Por qué no actua? ¿Hay que poner una denuncia formal en los Juzgados?

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