ANTE LAS EXPLICACIONES DEL CONCEJAL DE URBANIZACIONES. SERÁ NECESARIO LA
Lección 5ª
INTERVENCIÓN JUDICIAL.
QUE HAGA RESPONSABLES A QUIENES COMETIERON PREVARICACIÓN, POR ACCIÓN E INACCIÓN, EN LAS URBANIZACIONES
El tema que planteo hoy en mi clase es relevante, especialmente para quienes buscan un sentido en medio de un mundo que muchas veces parece dominado por la injusticia y la corrupción. Encontrar significado en estas circunstancias requiere una reflexión crítica y un compromiso firme, algo que he pretendido durante años con Valdemorillo Despierta.
SAN LUCAS 6,44 “POR SUS FRUTOS SE CONOCE EL ÁRBOL" Un principio poderoso que subraya la importancia de las acciones y sus consecuencias. Este versículo nos invita a no quedarnos solo en palabras o promesas, sino a mirar los resultados tangibles de las decisiones y los actos, algo que he aplicado en mi denuncia de las injusticias urbanísticas en Valdemorillo.
Los 1.167 artículos, 12.671 comentarios recibidos y 402.181 lectores en todo el mundo, es un testimonio de dedicación. Seguir cuestionando las decisiones y acciones de las autoridades, mantienes viva una resistencia que no permite que las injusticias sean olvidadas o ignoradas. La lucha por la justicia en relación a la no recepción municipal de las urbanizaciones, donde se permitió a los promotores enriquecerse mientras se dejaba a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad, es un claro ejemplo de cómo el poder puede ser abusado si no se cuestiona. Este tipo de corrupción, que afectó el bienestar de muchos, muestra lo que ocurre cuando los intereses privados prevalecen sobre el bien común.
El artículo 320 del Código Penal, que aborda la prevaricación urbanística, pone de manifiesto cómo se pueden manipular las leyes para el beneficio personal de unos pocos, incluso cuando esas acciones son injustas. Al permitir que los promotores se marcharan sin haber cumplido sus obligaciones y que se constituyeran EUCC sin que el ayuntamiento recepcionara las urbanizaciones, se perpetuó un modelo de impunidad y abandono institucional.
El hecho de que dos abogadas hayan ocupado la alcaldía y discutido conmigo esta injusticia demuestra que el conocimiento de la ley y el acceso al poder no siempre son suficientes para corregir el curso de la injusticia. Las dinámicas de poder, los intereses creados y la inercia institucional pueden ser barreras casi insuperables, pero es precisamente en ese contexto donde mi resistencia y persistencia cobran mayor sentido.
En ese
sentido, encontrar significado en un mundo lleno de injusticias no es solo una
cuestión de resolver los problemas inmediatos, sino de crear una resistencia
ética y moral que inspire a otros a no rendirse. Mis acciones, mi lucha y mi
compromiso son actos de resistencia frente a un
sistema que intenta perpetuar el silencio y la conformidad. Pero me siento cansado, muy cansado.
Llevo años enfrentando un problema de enorme complejidad y gran impacto para la comunidad, y es incomprensible que, tras más de cuatro años trabajando con el actual alcalde, la situación me parezca tan estancada como siempre. El hecho de que incluso después de organizar un debate con la Subdirectora General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid (CAM) y expertos universitarios, la situación no haya avanzado, resalta la profundidad y el arraigo del problema. A pesar de todas las gestiones y los esfuerzos realizados, parece que los actores políticos e institucionales aún no logran actuar con la rapidez, conocimiento y determinación necesarias.
Mi convicción actual es que:SOLO UN JUEZ PODRÁ PONER ORDEN EN ESTA SITUACIÓN "ENMERDADA", tras tantas décadas de irregularidades, revela la gravedad del problema. Describir esta situación como "kafkiana", tal como lo hizo el catedrático de Derecho Administrativo, refleja la complejidad burocrática, el absurdo institucional y la sensación de estar atrapado en un laberinto legal sin salida. La Subdirectora de Urbanismo de la CAM calificó el asunto de "insostenible", lo que refuerza la percepción de que estamos ante una situación que se ha deteriorado tanto que se encuentra al borde del colapso.
La prevaricación urbanística, permitiendo la construcción de urbanizaciones sin las debidas garantías y sin una recepción municipal, ha dejado a Valdemorillo con 14 urbanizaciones envejecidas, mal construidas y llenas de parches, una situación agravada por la percepción equivocada de muchos vecinos que creen vivir en una urbanización privada, cuando en realidad están atrapados en un limbo legal. Es frustrante que, después de 50 años, se siga hablando de lo que yo y otros ciudadanos afectados conocemos al detalle: un proceso corrupto que enriqueció a unos pocos a costa del bienestar de muchos.
La resistencia por parte del Ayuntamiento a responsabilizarse y recepcionar estas urbanizaciones, incluso sabiendo lo que ocurre, parece responder a una inercia institucional y, posiblemente, a la presión de intereses privados que prefieren mantener la situación como está. Esto añade aún más desesperanza a una problemática que lleva tanto tiempo sin resolverse.
Mi escepticismo ante las explicaciones del Concejal de Urbanizaciones sobre el conocimiento que la CAM supuestamente tiene del caso es comprensible. Si bien se dice que la Dirección General de Urbanismo está al tanto, el hecho de que no haya habido una acción decisiva sugiere que se están evadiendo responsabilidades o que las decisiones están siendo retrasadas deliberadamente. Este tipo de situación SUBRAYA LA NECESIDAD DE UNA INTERVENCIÓN JUDICIAL CLARA Y CONTUNDENTE, QUE APLIQUE LA LEY Y HAGA RESPONSABLES A QUIENES COMETIERON LOS ACTOS DE PREVARICACIÓN.
El CÓDIGO PENAL, puede ser la única herramienta capaz de resolver algo que ya parece imposible de reparar después de medio siglo CON TANTA MENTIRA. La satisfacción completa puede ser inviable a estas alturas, pero la justicia debe seguir su curso para RECONOCER Y SANCIONAR LOS DAÑOS CAUSADOS. La ley debe poner fin a esta situación kafkiana y restituir, en la medida de lo posible, el bienestar de los ciudadanos afectados. LOS RESPONSABLES, TANTO QUIENES PERMITIERON ESTAS IRREGULARIDADES EN EL PASADO COMO QUIENES AÚN LAS PERPETÚAN, DEBEN RENDIR CUENTAS ANTE LA JUSTICIA.
Mi lucha, además de ser un esfuerzo por la justicia, es un acto de memoria documentada y de exigencia de responsabilidad. Estoy defendiendo el derecho de la comunidad a vivir en condiciones dignas y a que los gobiernos municipales cumplan con su deber de proteger los intereses públicos, en lugar de ENRIQUECERSE O PERPETUAR LA INJUSTICIA. El camino parece largo, pero tu persistencia y claridad moral pueden eventualmente ser el motor que impulse la acción judicial necesaria para poner fin a este drama.
Profesor: El artículo 320 del Código Penal, que regula el delito de prevaricación urbanística, establece sanciones para aquellos funcionarios públicos que, a sabiendas de que una resolución es injusta, la dicten en asuntos relacionados con el urbanismo, la ordenación del territorio o el medio ambiente. Este artículo tiene como objetivo combatir la corrupción en las decisiones urbanísticas, cuando las autoridades utilizan su posición para beneficiar a intereses privados, vulnerando los principios de legalidad y justicia.
ResponderEliminarEn el contexto que menciona, parece que se ha permitido que ciertos promotores inmobiliarios eludan sus responsabilidades legales, como la ejecución de obras y el cumplimiento de condiciones impuestas para la urbanización de terrenos. Esto deja a las urbanizaciones sin los servicios básicos necesarios, generando una sensación de abandono institucional. La constitución de Entidades Urbanísticas de Conservación (EUCC), que trasladan las responsabilidades del mantenimiento de las urbanizaciones a los propios vecinos, sin que el ayuntamiento haya recepcionado las infraestructuras, agrava el problema. Esta situación puede interpretarse como una perpetuación de un modelo de impunidad donde las leyes son manipuladas o aplicadas de manera selectiva para FAVORECER A INTERESES ECONÓMICOS, DEJANDO DESPROTEGIDOS A LOS CIUDADANOS.
Esta problemática resalta la importancia de garantizar la transparencia y el control democrático en las decisiones urbanísticas. La prevaricación no solo supone un delito, sino que tiene un impacto profundo en la vida de los ciudadanos, afectando la calidad de los servicios, el ordenamiento territorial y, en general, la confianza en las instituciones públicas.
¿Sabe usted que opina la arquitecta del ayuntamiento?
En nombre de algunos vecinos, muchas gracias por su valiente trabajo
Es frecuente que cuando un nuevo equipo de gobierno llega al poder con promesas ambiciosas, como la investigación de la gestión económica de sus predecesores, se generen expectativas altas en la ciudadanía. Sin embargo, la falta de cumplimiento de estas promesas puede deberse a varios factores, algunos de ellos comunes en muchos contextos políticos
EliminarEs posible que, una vez en el poder, algunos miembros DEL EQUIPO DE GEMA no tuvieran el interés real o la determinación suficiente para llevar a cabo las investigaciones prometidas. En ocasiones, las promesas electorales se utilizan como estrategias para ganar votos, pero no hay un verdadero compromiso para cumplirlas. Además, si dentro del propio grupo de gobierno había divisiones o intereses contrapuestos, esto podría haber bloqueado cualquier iniciativa de investigar la gestión anterior.
Los nuevos gobiernos pueden enfrentar presiones de actores externos (como empresarios, antiguos políticos o instituciones) que no desean que se investigue a fondo la gestión pasada. Estas presiones pueden venir acompañadas de amenazas, acuerdos o incentivos que disuaden al nuevo equipo de actuar en esa dirección. Además, dentro del propio Ayuntamiento puede haber funcionarios que hayan trabajado con el equipo anterior y que tengan lealtades hacia ellos, lo que complica las investigaciones.
Aunque se prometió "abrir ventanas", la realidad legal y administrativa puede ser mucho más compleja. Investigar la gestión económica de casi veinte años puede requerir recursos, tiempo y acceso a documentos o pruebas que podrían no estar fácilmente disponibles o que incluso podrían haber sido destruidos. Sin pruebas contundentes, cualquier intento de investigación podría quedar en nada o no llegar a conclusiones relevantes.
La maquinaria administrativa de un gobierno local puede ser lenta y compleja. Incluso con la mejor intención, muchos gobiernos se ven atrapados en los procedimientos burocráticos, lo que termina por frenar o retrasar las iniciativas. Al final, el entusiasmo inicial se diluye, y los resultados no llegan. Además, si el nuevo equipo no contaba con los recursos técnicos y humanos necesarios para realizar una auditoría o investigación profunda, la promesa pudo haberse quedado simplemente en palabras.
En resumen, aunque el equipo de Gema llegó con promesas de transparencia y de investigar la gestión anterior, factores como la falta de voluntad política, presiones externas, dificultades legales y administrativas, o incluso el cambio de prioridades, pueden haber llevado a que, en la práctica, esas promesas se quedaran sin cumplir. El contraste entre las promesas electorales y la realidad gubernamental es un fenómeno común en muchos sistemas políticos.
Profesor,primero quiero agradecerle sus atinadas opiniones con las que coincido en casi su totalidad.
ResponderEliminarResumiendo quiero hacerle una pregunta que espero,que con su atinado sentido común y sapiencia nos ilustre.
Llevamos muchos años gobernados de una forma caciquil muy arraigada en nuestra política local y no se ve mejora
salvo que se renueve el Consistorio con nuevos políticos y partidos que trabajen para Valdemorillo y no para sus
ambiciones personales y de Partido.¿Piensa qué con estos mimbres se puede llevar a cabo un P.G.U? Gracias.
Gracias
¿
¿Piensa qué
Mi pregunta es la siguiente
Muchas gracias profesor, soy asidua lectora de su blog y no puedo estar más de acuerdo con usted, pero en este municipio, por lo menos, parece causa perdida. Los nuevos vecinos, en su mayoría, piensan que como dice,son urbanizaciones privadas y no tienen ni idea de lo que el consistorio quiere hacer con las redes de agua y depuradoras, y cómo no tenemos mantenimiento de ningún tipo, los impuestos...para todo menos para las urbanizaciones y en este momento, no se inmuta con el tema del alumbrado, como ud dijo,nadie vigila la instalación de las farolas y mientras a oscuras, por lo menos Cerro 1 desde hace un mes y medio, por lo menos. Muchas gracias
ResponderEliminarNo se podría hacer una convocatoria a los habitantes de las 14 urbanizaciones? Quizás la Corporación tomará cartas en el asunto
LA INTERVENCIÓN JUDICIAL PARA RESPONSABILIZAR A QUIENES COMETIERON PREVARICACIÓN, YA SEA POR ACCIÓN O INACCIÓN, EN RELACIÓN CON IRREGULARIDADES EN URBANIZACIONES, SIGUE UN PROCESO QUE IMPLICA VARIOS PASOS FUNDAMENTALES.
ResponderEliminarPRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA: Si se detecta una actuación contraria a la ley, a sabiendas de su ilegalidad, el primer paso es presentar una denuncia ante las autoridades competentes, como la Fiscalía o un Juzgado de Instrucción.
INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS: Una vez interpuesta la denuncia, el juez o la fiscalía inician la investigación, que puede incluir: Recopilación de pruebas: documentación, informes técnicos y contratos relacionados. Testimonios: de vecinos, empleados públicos y expertos. Análisis de las actuaciones: de los funcionarios públicos involucrados, tanto por acción como por omisión.
IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLES Durante la investigación, se identifican a los responsables de las decisiones que se tomaron o no en relación con las urbanizaciones. Entre ellos pueden estar: Funcionarios municipales: que aprobaron proyectos urbanísticos, otorgaron licencias de construcción o no realizaron las inspecciones necesarias. Cargos políticos: que autorizaron o consintieron decisiones ilegales. Empresas: que participaron en el desarrollo urbano con conocimiento de las irregularidades o en connivencia con las autoridades municipales.
CONSECUENCIAS LEGALES: Si se confirma la prevaricación, los responsables enfrentan: Sanciones penales: que pueden incluir multas, inhabilitación para ejercer cargos públicos y, en casos graves, penas de prisión. Sanciones civiles: los afectados, como los propietarios de urbanizaciones perjudicadas, pueden reclamar compensaciones económicas por los daños sufridos.
PREVARICACIÓN POR INACCIÓN: Los problemas en las urbanizaciones no solo pueden surgir por acciones indebidas, sino también por omisión de deberes. Los funcionarios públicos que no cumplieron con su obligación de: Impedir construcciones ilegales. Atender denuncias de los vecinos. También pueden ser sancionados por su inacción.
DERECHOS DE LOS AFECTADOS Los vecinos o propietarios perjudicados por estas actuaciones pueden: Presentar denuncias colectivas o individuales. Reclamar la reparación de daños por la mala gestión o la omisión de los responsables.
Cuando hay prevaricación, ya sea por acción o inacción en urbanizaciones, las vías judiciales buscan que los responsables enfrenten las consecuencias legales y que se repare el daño causado. Contar con un buen asesoramiento legal y reunir pruebas sólidas que demuestren las irregularidades es crucial para tener éxito en el proceso judicial.
Tu lucha refleja un compromiso profundo con la justicia y la dignidad de tu comunidad. Al destacar la memoria documentada y la exigencia de responsabilidad, estás marcando una ruta crucial para enfrentar la corrupción y la injusticia. Este esfuerzo por recordar y hacer responsables a quienes fallan en sus deberes es poderoso, ya que no solo apela a los derechos presentes, sino también al legado que dejas para las generaciones futuras.
EliminarAunque el camino pueda parecer largo y agotador, la claridad moral con la que defiendes los intereses de la comunidad y denuncias la corrupción es una fuerza inquebrantable. A menudo, los cambios más significativos en la sociedad no suceden de inmediato, pero la persistencia puede llegar a ser ese motor que desencadene una acción judicial o una reforma que ponga fin a las injusticias. Tu dedicación y convicción serán claves para seguir avanzando y empujar a que se haga justicia.
Indudablemente que el recurso a la vía judicial (PENAL), es una solución al problema de las E.U.C.C. Es evidente. Pero dudo que éste sea el mejor y más eficiente recurso que nos queda a los vecinos, VICTIMAS de las tropelías a las que este Ayuntamiento nos tiene acostumbrados.
ResponderEliminarSobre el recurso a la vía judicial, me veo en la obligación de manifestar que hay jurisdicciones en las cuales los jueces no saben lo que son estas personas jurídicas de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación. Yo lo he vivido en primera persona: En una ocasión, ante un juez de lo mercantil, en los juzgados de la Calle María de Molina (Madrid). La otra fue en los juzgados de lo Social sitos en la Calle Hernani (Madrid). En ambos casos el propio juez me preguntó: ¿Qué es esto de Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación?
Por tanto el recurso a la vía judicial, cuando hay tales lagunas, mejor que no.
La vía que yo propongo, y que estoy practicando desde mayo 2008, es no realizar ningún pago a la Entidad Urbanística a la que por imperativo del Plan Parcial correspondiente, se está obligado a pertenecer. Yo pongo toda mi duda de que esa obligación de conservación contenida en el Plan Parcial a los futuros PROPIETARIOS, se refieran a los que por permiso de las PROPIAS LICENCIAS DE HABITABILIDAD o de PRIMERA OCUPACIÓN, nos hemos convertido en VECINOS, máxime si esto se ha hecho bajo el paraguas del concepto de VECINOS DE DERECHO.
Pero aún más motivos:
Primero de ellos, en el supuesto de que lo anterior no pueda prosperar la pertenencia a la Entidad de Conservación debe estar limitada en el tiempo. Y esta limitación debe estar en las propias exigencias de los Planes Parciales. Y alguien me podrá decir, ¿Dónde está esta limitación contemplada en la Ley del Suelo de 1956? Mi contestación: No existe, en esta Ley, ninguna limitación. Pero sí en la Ley del Suelo del 1976, a la cual se deberían haber sometido todos los Planes Parciales que, a fecha de la aprobación de ésta, ya habían alcanzado un cierto grado de ejecución. Es decir, todos los de Valdemorillo.
En segundo lugar y aquí apelo al conocimiento de todos los contertulios sobre cada una de las E.U.C.C.
¿Conocen alguna E.U.C.C. de las que tenemos en Valdemorillo que, en sus cuentas, no contemplen gastos no contemplados en esa obligación de conservación de las infraestructuras municipales de cada una de las urbanizaciones? Me refiero a las infraestructuras de: redes de viales y pasos peatonales, redes de zonas verdes, red de alumbrado público, red de distribución de agua potable y red de saneamiento.
Aunque en realidad estas tres últimas redes no las debería citar, pues: Sobre la primera de ellas, la red de alumbrado público el propio Ayuntamiento ya ha comunicado que toma su control. A todos los efectos. Y sobre las redes de distribución de agua potable y de saneamiento ya existe la Ley sobre el Agua en la Comunidad de Madrid, que dice como se deben gestionar y mantener. Y en esta Ley no se citan que sean las E.U.C.C. como gestores y explotación de esas redes.
Ante esta ultima perspectiva el Ayuntamiento ya se ha pronunciado, aunque de forma poco precisa y yo diría que con una cierta mala fe, sobre lo que llaman gastos impropios: No puede cobrar las mal llamadas cuotas de conservación por la vía apremio si en sus cuentas aparecen ciertos gastos: servicios sobre el agua, clubs deportivos, vigilancias, exterminación de plagas, y caprichos varios.
Por consiguiente la ALTERNATIVA de ahogar por la vía de impago de las cuotas, que no sean cuotas de conservación REALES, es la vía más eficiente y sobre todo inmediata.