Carta abierta al Señor Secretario municipal y al alcalde de Valdemorillo.
Perdóneme Sr Secretario, pero la posición que ha tenido en el pleno ordinario de hoy ha dado pie a esta carta. Espero y deseo que pueda hacerle reflexionar.
Sin ser jurista he acumulado información suficiente para usted y a todos los políticos que se sientan en el pleno.
Es comprensible que, en el de hoy jueves, surgieran tensiones al discutir por cinco vecinos su la actuación, que ha permitido que una situación de ilegalidad se perpetúe a lo largo del tiempo como es la gestión irregular de las EUCC, bajo distintos gobiernos municipales y que pone de manifiesto un problema más profundo en la administración local y en el papel de los funcionarios encargados de garantizar la legalidad.
En la celebración de un plenario del 2020, Ud. afirmo públicamente que: “para que algo fuera considerado ilegal” alguien debería decirlo, cuando poco antes la Subdirectora General de Urbanismo y varios profesores universitarios habían manifestado que las EUCC de Valdemorillo se habían constituido ilegalmente.
Las urbanizaciones sin recepcionar, gestionadas a través de EUCC fueron constituidas y mantenidas de manera irregular, generando un conflicto no solo legal, sino también social. En este caso su papel ha sido clave en no denunciar la ilegalidad de los actos municipales, no ha frenado o corregido una situación de ilegalidad, que abre la puerta a cuestionar su responsabilidad. Los políticos pueden cambiar, pero el Secretario, al ser un técnico, debe asegurar la continuidad de las buenas prácticas legales a lo largo del tiempo.
Si Ud. D. Gustavo ha permitido que una situación de ilegalidad se mantuviera durante varios mandatos, los ciudadanos podríamos ver su actuación como una complicidad pasiva o una falta de profesionalidad. Su deber debería haber sido actuar de manera inmediata para frenar cualquier irregularidad, sin importar quién estuviera al frente del consistorio. La falta de actuación de un funcionario clave como el secretario socava la confianza en las instituciones locales. Cuando una situación ilegal persiste a lo largo del tiempo sin que se tomen medidas correctivas, los ciudadanos sentimos que el sistema entero está fallando y no se protegen sus derechos.
Es posible que, en los plenos, los diferentes actores políticos traten de responsabilizarse unos a otros, señalando que la situación de las EUCC ha sido un problema heredado de gobiernos anteriores. Esto puede derivar en acusaciones cruzadas entre los partidos, mientras que el papel del Secretario, por su permanencia en el cargo, queda en el centro de la cuestión.
Para resolver esta tensión, sería necesario iniciar una auditoría interna sobre su actuación a lo largo del tiempo. Esto serviría no solo para aclarar su relación en la perpetuación de la ilegalidad, sino también para identificar si hubo presiones políticas o una negligencia técnica. La situación podría requerir la intervención de tribunales si se demuestra que la acción u omisión del Secretario ha tenido un impacto negativo en la comunidad. A través de una revisión judicial o incluso un recurso contencioso-administrativo, los actos administrativos relacionados con las EUCC podrían ser anulados y corregidos. Esto podría llevar a sanciones administrativas si se demuestra que su inacción fue deliberada o perjudicial.
Sr Alcalde, es vital que las tensiones surgidas en el pleno no se queden solo en palabras, sino que se traduzcan en acciones concretas para aclarar la situación y corregir las irregularidades que han persistido a lo largo del tiempo. Espero que en este caso tenga en cuenta este documento.
Estoy abierto al diálogo y a la rectificación, que refleja mi compromiso con la ciudadanía y el respeto a la legalidad. Ser funcionario implica justamente eso: actuar con integridad, transparencia y responsabilidad hacia la sociedad que se sirve, respetando las leyes en todo momento.
El deber de un funcionario no solo es cumplir con las normativas establecidas, sino también estar dispuesto a escuchar críticas constructivas y corregir errores cuando sea necesario. Esta actitud de apertura a la autocrítica y a pedir disculpas públicas es fundamental para fomentar la confianza entre la ciudadanía y sus representantes.
Si en algún punto de lo expuesto hubiese una perspectiva distinta, podríamos debatirlo de manera constructiva, con el fin de seguir fortaleciendo este enfoque de respeto a la ley y compromiso con el bien común
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