El Ayuntamiento es de todos, la Comunidad Autonoma y el Estado tambien.

 

El derecho  sobre lo público.

Todavía, a pesar de haber pasado medio siglo de democracia y siendo España uno de los países más desarrollados, sigue existiendo en muchos sectores sociales, la creencia de:  los recursos públicos no son de nadie y que, por tanto, quien los administra puede hacerlo como si fuera parte de su de su propiedad.

Esta concepción está también a la base de la corrupción, el autoritarismo y  de la deficiencia de algunos servicios públicos. Además, en la mente de una parte de la población, decir que lo público es de todos es lo mismo que indicar que no es de nadie. La misma persona que mantiene limpia su casa no tiene reproches en tirar basura a la calle, porque la calle es de todos y, por tanto, de nadie.

Un concejal que roba al Ayuntamiento, roba al pueblo

Que es el quien mantiene con sus impuestos al Municipio; pero a la vez  a nadie en particular, porque el Ayuntamiento no es de nadie. En contraparte, si un empleado de una empresa privada roba, le quita al dueño, a una persona con nombre y apellido, lo cual se considera distinto. Robarle tiempo al trabajo es peligroso en la empresa privada; en el Ayuntamiento de Valdemorillo es pan de cada día. Ponerse salarios  superiores al normal es posible porque en el fondo es dinero del Consistorio, es decir, de todos y de nadie.

Los deficientes servicios públicos son especialmente sentidos en áreas fundamentales como la educación y la salud. Muchos funcionarios públicos y, lo que es peor, la misma población entienden que los servicios de salud y educación son gratuitos para quien los recibe. No existe la conciencia de que los servicios públicos son obligación del Estado y un derecho ganado de los ciudadanos. Estos pagan la educación  con sus impuestos. Pero no: en España, muchas personas que solicitan, la atención médica en un hospital público lo hacen porque no puede pagar una privada y por eso debe esperar mucho tiempo para conseguir atención médica. Desgraciadamente, todavía, una parte del personal en esos centros atiende a los usuarios como quien hace un favor. El paciente y sus familiares, muchas veces, no ejercen el derecho a preguntar, a informarse, y menos aún a denunciar, con argumentos, para que ese servicio funcione mejor.

Lamentablemente, sigue ocurriendo, que, en el caso de una operación en un hospital privado, el médico suele salir del quirófano a explicar con cordialidad a los familiares el resultado de la intervención. Si una operación se da en un hospital público, el médico sale por la puerta de atrás porque no se siente en la obligación de darle explicaciones a nadie... después de todo, ha sido un servicio gratuito. Y como es gratis, además, pueden pasar semanas y hasta meses para que llegue el turno de la intervención a un paciente. Si tiene dinero para pagar un servicio privado, la operación se hace inmediatamente. Así, lo que define la calidad y la prontitud de la atención es el dinero, no la situación de salud de la persona.

Vuelvo nuevamente al recinto municipal 

Por resultar más sencillo su control habitual. La concepción patrimonial del Ayuntamiento propicia también la común y anti-ética práctica de colocar en los puestos públicos a personas por afinidad, no por competencia. Si entran por ley de salarios, se sienten protegidos por una coraza contra sanciones, independientemente de su desempeño. Eso empeora los servicios públicos. En fin, es largo el camino por recorrer para revertir la práctica y, sobre todo, la concepción que hacen que los servicios públicos sean deficientes. El servidor público tiene la invaluable posibilidad de entender su trabajo como un modo de servicio a la ciudadanía. Y esta debe ir entendiendo que los servicios públicos son su derecho, no una dádiva de los gobernantes de turno. Cuando entendamos que lo público, por ser de todos, hay que cuidarlo más que lo propio, entonces comenzaremos a disfrutar de una atención de calidad y trato digno. Solo entonces el servidor público estará consciente de que el espacio físico o institucional que ocupa no es suyo.

Y para terminar: Los ciudadanos europeos tienen derecho a solicitar al Defensor del Pueblo Europeo que examine los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos y organismos de la UE. Una vez más, los ciudadanos de la UE no son los únicos que se benefician de este derecho: cualquiera que resida en la UE puede solicitar una investigación al Defensor del Pueblo.