Carta de la ciudadana Alicia García Flores

 

Como ha ocurrido en otras ocasiones, Alicia periodista, quiere utilizar la plataforma Valdemorillo despierta  para destacar aspectos de la urbanización Ampliación de Cerro de Alarcón,  recepcionada hace años, pero que sigue con la problemática como si no perteneciera el Consistorio a pesar que dentro de unos días todos vamos a pagar nuestro IBI como cualquier ciudadano del pueblo.

Diez cosas que pasan en Cerro Alarcón 2 (y no son culpa del Ayuntamiento)

Sí, aunque parezca mentira, algunas cosas que pasan en las urbanizaciones —al menos en la que vivo, Ampliación de Cerro Alarcón— no son achacables al Ayuntamiento de Valdemorillo. Las que sí lo son merecen capítulo aparte, ya lo sabemos, pero hoy prestamos atención a algunas de esas otras cosas que ocurren en Cerro 2 y que los vecinos, si nos lo proponemos, podemos corregir por nosotros mismos, sin que nadie pueda argumentar que esas cuestiones son competencia del consistorio. Ahí van diez, puede que sean más:

1.- Pagamos por el certificado de deuda. Ese documento imprescindible para, como poco, la venta de un inmueble y que sólo puede expedir el secretario-administrador cuando dicha figura existe en una comunidad de vecinos —como es el caso—, nos cuesta en esta urbanización 30 euros más IVA. El cobro por este concepto es legal, legalisimo, así lo establece el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, lo que genera un mercado cautivo al que en algún momento hemos pertenecido o podemos pertenecer todos, cuando necesitamos ese impreso que solo ese profesional colegiado puede aportarnos. Las comunidades de vecinos suelen corregirlo pidiendo por contrato al administrador que facilite este trámite de manera gratuita; y muchos profesionales prescinden de su cobro por iniciativa propia salvo que el solicitante sea, por ejemplo, una entidad bancaria. Es el caso de todas las urbanizaciones que nos rodean. Todas salvo la nuestra.

2.- La ley obliga a la expedición del certificado de deuda en un plazo máximo de 7 días, por lo que algunos abogados entienden que se debe expedir de oficio, sin esperar a su cobro, que, en caso de no producirse, podría reclamar el administrador a posteriori. No es el caso del profesional que ejerce estas funciones en Cerro 2 que, si no recibe el justificante de pago previamente, no lo expide. Recordemos que es un documento imprescindible para algunas gestiones no menores, como la venta de un inmueble.

3.- Proporcionamos ordenador, impresora y consumibles al administrador, un profesional liberal que trabaja para varias comunidades de propietarios, no solo la nuestra. Lo habitual en los contratos con profesionales liberales es establecer que dicha persona ha de contar con los medios necesarios para el desempeño de su trabajo. No en nuestro caso. Así que, volviendo al certificado de deuda, los vecinos de Cerro 2 pagamos también la máquina y la tinta con la que se hacen los documentos que solo se nos cobran a nosotros en Valdemorillo.

4.- Por si quedaba alguna duda, el dinero derivado de la expedición de los certificados de deuda es ingresado por el administrador, no por la EUCC. Es decir, cada año, además de sus ingresos fijos el administrador obtiene unos ingresos variables de los que no se habla ni se tienen en cuenta cuando, por ejemplo, como ha ocurrido en este ejercicio, dicho profesional negocia una subida de emolumentos. ¿Cuántos certificados se emitieron el pasado año, por ejemplo? ¿Cuántos vecinos vendieron su vivienda? Sería interesante conocer el dato, así como si tiene algún otro tipo de ingresos variables asociados al ejercicio de su cargo en nuestra comunidad.

5.- Siguiendo con el capítulo de ingresos extras, hasta hace unas semanas empleados de la urbanización recogían la chatarra —solo chatarra— que algunos vecinos dejaban en las aceras de manera indebida para conseguir, con su venta, unos ingresos extra. Es preocupante por partida doble. Para empezar, porque debemos tener a nuestros empleados bien remunerados. Si sienten que no lo están, deben plantearlo de otra manera, no proponiendo una actividad que les roba tiempo y dedicación de sus obligaciones laborales, para la que utilizan espacios y vehículos de la urbanización y cuyo desarrollo les hace vulnerar una normativa que exige eliminar dichos residuos en puntos limpios y/o por gestores autorizados. Mal por quienes lo plantearon y peor por quienes lo aceptaron. ¿Es que no hay nadie al frente capaz de asesorar y asesorarse sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer? Este caso también es preocupante porque las infracciones en el capítulo de residuos, todas, han de ser denunciadas ante las autoridades competentes por quienes trabajan para esta urbanización, en ningún caso esconderlas y mucho menos hacer de ellas un —pequeño o gran— negocio. Duele además recordar que, cuando la tormenta Filomena hizo de las suyas en la urbanización, estos mismos empleados pretextaban que no era su cometido recoger las ramas caídas en las aceras —salvo que impidieran el tráfico de vehículos— pese a que los vecinos afectados no residentes no podían venir a retirarlas porque entonces, recordemos, había confinamientos municipales por el COVID. ¿Es porque no hay mercado para las ramas? Me pregunto, además, si nuestros empleados están dados de alta en el censo de transportistas de residuos y qué pasaría o hubiera pasado en caso de accidente.

6.- Un vocal de la junta tiene que hacer las veces de jefe de personal para organizar la campaña de desbroce anual para prevenir incendios forestales, pese a que ese cometido, el de jefe de personal, es uno de los que tiene asignados el administrador.

7.- A diferencia de otras urbanizaciones y comunidades de vecinos, no hay comunicación regular (ni irregular) entre la Junta y los vecinos. Un contrato a todas luces obsoleto, de más de 20 años, no contempla que nuestro administrador tenga entre sus cometidos la comunicación a los vecinos, y la Junta permite que esta situación siga así. Prácticas tan habituales en la mayoría de las comunidades como es un correo electrónico mensual con las novedades más relevantes y un enlace a las cuentas, resultan envidiables. Y no, no lo suple el que de forma aleatoria se suba alguna información puntual e insuficiente a la página web y al Facebook —por otro vocal, dicho sea de paso—. Sirva de ejemplo la anécdota del vecino que estaba preocupado por la cantidad de averías que creía que había en el alcantarillado de la urbanización, porque no sabía —¿cómo iba a saberlo? — que habían empezado las obras de sustitución de las tuberías del Canal de Isabel II.

8.- Acumulación de amianto. Además de la chatarra, se ha hecho acopio en la explanada del edificio de mantenimiento de los tejados de uralita que fueron sustituidos en su momento, depositados directamente sobre el suelo, cerca por tanto del riachuelo que pasa por la urbanización. El hecho ha sido descubierto de forma casual por al Ayuntamiento, que procederá a su retirada, ¿con multa para la EUCC?

9.- Permitimos que el administrador siga en su cargo pese a tener constancia por escrito de que no defiende adecuadamente los intereses de la urbanización y que, además, ha podido permitir —en vez de intentar evitar— un delito ecológico. Recordemos el caso del Canal de Isabel II a principios de año. A solicitud de algunos vecinos, el Ayuntamiento constató que no fueron las empresas implicadas en la obra —Ferrovial y el propio Canal— sino el administrador quien se puso en contacto con varios concejales para interesarse por la posibilidad de hacer acopio de residuos procedentes de dicha obra —una actuación que generaba, en otros, restos de amianto— en una parcela calificada como zona verde; según él, atendiendo al interés mostrado por las empresas. Sí, el mismo administrador que suele negarse a satisfacer las peticiones de los vecinos porque él no hace nada que no le mande la Junta, hizo esta labor para dichas empresas sin conocimiento de la Junta que, pese a todo y pese a conocer la contestación del Ayuntamiento  y lo que se habló sobre este asunto en el pleno municipal de 20 de enero de 2022, le mantiene en el cargo.

10.- Los correos electrónicos que algunos vecinos enviamos proponiendo temas y asuntos de nuestro interés para que sean tratados en la Junta o en la Asamblea, no son atendidos. Asimismo, las solicitudes de reunión con miembros de la Junta no se tramitan con diligencia.

¿Y bien? ¿Nos animamos a que estas cosas cambien, y que otras parecidas no puedan

Como hemos tenido ocasión de hacer constar en otras ocasiones, este blog está a la disposición de cualquier vecino de las urbanizaciones que quiera opinar sobre cualquier tema