En la ultima asamblea de Cerro2, con la representante del Gobierno Municipal presente:

 Se planteó la obligatoriedad de un Plan de Protección ante  posibles incendios.

Este asunto me despertó el interés por conocer como estaba establecida la legislación sobre este tema en la CAM. Al parecer la legislación actual no difiere sustancialmente con la que ya conocía de mi etapa docente. El “input” referencial debe  partir del Ayuntamiento de Valdemorillo teniendo en cuenta las directrices marcadas.

En repetidas ocasiones he intentado conectar con la Concejala que estuvo en la asamblea y no lo he conseguido hablar con ella si no es a través de un contestador. Espero ahora que sea ella la que intente conectar conmigo si quiere tener más información sobre este tema que afecta a su responsabilidad.  

La planificación municipal ante el riesgo de incendio se materializa en los Planes de Actuación de Ámbito Local ante Incendios en urbanizaciones y forestales del Plan de Protección Civil de emergencia por Incendios en la Comunidad de Madrid (INFOMA), aprobado por el Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, (BOCM 09/06/2017) deberán disponer de un PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL ante emergencias por incendios forestales.

Dicho PLAN ha de ser aprobado por el órgano competente de la corporación local correspondiente e informado por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad de Madrid.

La complejidad del problema de los incendios forestales queda patente en la en la Norma UNE 162002 que aborda los incendios forestales desde el punto de vista de su prevención, extinción y la posterior restauración de las zonas afectadas. Mediante el desarrollo y consecución de los Criterios e Indicadores paneuropeos a través de la implantación de los requisitos establecidos en la norma de referencia, donde se persigue la sistematización del seguimiento de los parámetros establecidos para la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, tanto de carácter ambiental como económico y social.

Valdemorillo despierta ya es visto regularmente en USA. Os doy gracias por vuestra aportación

Ante la creciente y cada vez más aparente gravedad del problema, reflejada en temporadas de incendios especialmente calamitosas, con frecuencia se exigen cambios, en una u otra dirección, en la estructura de gestión de incendios. Entre las atribuciones de los municipios en materia de protección civil, figura la de promover y crear una estructura de PCI. Dicha estructura, sin embargo, sólo tiene sentido en aquellos municipios donde existan servicios operativos cuya actuación requiere una cuidada coordinación y, por supuesto, en los que cuentan con un plan propio de protección civil.

El artículo 25.2, c) Ley de Bases de Régimen Local dispone que los municipios deben ejercer, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en los sectores de la Protección Civil y de la prevención y extinción de incendios. El Tribunal Constitucional ha reconducido la Protección Civil al concepto de la seguridad pública que figura en el artículo 149.1.20 de la Constitución. En cambio, la Ley básica incluye específicamente a la Protección Civil en el elenco de las materias respecto de las que los municipios han de ejercer competencias.

Las funciones que, por lo menos teóricamente, pueden desempeñar los municipios en materia de Protección Civil son muy diversas. Pero el señalamiento de las competencias municipales en este punto debe hacerse con conciencia clara de en qué consiste la acción pública en el ámbito de la protección y qué entidades municipales están en condiciones de cumplir con la eficacia necesaria funciones relevantes. ¿Qué competencias concretas pueden asumir y gestionar con eficacia en materia de protección? A lo sumo, realizar tareas informativas y de formación, por lo común con el apoyo de otras Administraciones Públicas, organizar simulacros, mantener una agrupación municipal de voluntarios y, llegado el caso, socorrer en la medida de lo posible a las víctimas del siniestro; pero da la impresión de que poco o nada más, con independencia de que sus alcaldes, como todos, puedan adoptar las medidas que fueren necesarias en caso de emergencia en los términos que referiré. Y he utilizado una cifra de población que, desde luego, bien podría ser sustituida por otra superior.

No es fácil precisar en qué funciones y potestades deben traducirse los SERVICIOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL. En relación con muchos de los servicios citados en la LBRL. En Ayuntamientos como Valdemorillo ¿La elaboración de planes, su aprobación y su ejecución?, ¿la gestión de la recuperación del tejido social y productivo una vez consumada la catástrofe?, ¿la actividades de formación y de sensibilización ciudadana?, ¿la organización de simulacros?, ¿las potestades sancionadoras?, ¿la selección de personal especializado?, ¿la coordinación de la actividad del voluntariado?.....Se lo dejo a su elección D. Santiago, pero el artículo 21.1, m) LBRL establece que corresponde al alcalde bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediatamente al Pleno”.

Hasta ahora los munícipes se encargaron de realizar su trabajo con el mínimo esfuerzo pero la responsabilidad civil asoma, como en el caso de Fuentevieja, cuando es necesario exigiendo adeudos. Insisto no están los políticos preparados para realizar todo el trabajo que corresponde a una acción voluntaria que se cobra mensualmente. Las pautas parten del Gobierno de CAM y siguen en el consistorio que marca unas pautas claves de actuación. Las funciones que, por lo menos teóricamente, pueden desempeñar los municipios en materia de protección civil son muy diversas. Pero el señalamiento de las competencias municipales en este punto debe hacerse con conciencia clara de en qué consiste la acción pública en el ámbito de la protección civil y qué entidades municipales están en condiciones de cumplir con la eficacia necesaria funciones relevantes.