Mayor información y transparencia

Sobre la recepción de Entidades Urbanísticas de Conservación.

Cualquier ciudadano de Valdemorillo que en las pasadas elecciones municipales leyera, aunque fuera someramente, los programas electorales que ofrecían los Partidos Políticos, repararían en reconocer que un tema estrella de la “campaña” pasaría por solicitar la desaparición de las EUCC y que esta responsabilidad pasaría a ser competencia única del Ayuntamiento.

Es una cuestión pendiente y “un mal endémico” que este Ayuntamiento tiene planteado desde antaño y que solamente con gobernantes que conozcan perfectamente la legislación sobre este asunto se podrán abordar, dentro de un espíritu colaborador de las EUCC existentes.

Las Entidades Urbanísticas de Conservación, EUCC son las hermanas feas de las juntas de compensación. Como es público, las juntas de compensación actúan principalmente en el momento de la ejecución del planeamiento y su labor fue, hace casi cincuenta años, llevar a cabo la distribución del suelo y las obras de urbanización en un suelo determinado. Pero, una vez finaliza el proceso de urbanización, en ocasiones se encarga a las Entidades de Conservación precisamente eso: conservar lo urbanizado.

En nuestra Comunidad de Madrid se encuentran reguladas en los arts. 136 y 137 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid (LSCM). También rigen de forma supletoria los artículos 24 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978 (RGU).

Resulta desconcertante que al conocer que la conservación es competencia del Ayuntamiento, se permite que se siga obligando a los propietarios a continuar como EUCC para llevar a cabo la conservación que, ordinariamente, corresponde al Ayuntamiento  (también hay EUCC voluntarias,). Es cierto que la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid (LSCM también establece la “obligación legal” del Ayuntamiento de subvencionar a la entidad, aunque no debe sorprender que una norma de contenido tan indeterminado no tenga una eficacia cierta en la práctica.

Esto supone, en la práctica, que los propietarios tengan que pagar los tributos municipales ordinarios más la cuota de conservación a la entidad. No hay que olvidar que la urbanización comprende los viales, aceras, alumbrado público y suministros, por lo que no tiene por qué tratarse de cantidades pequeñas, sobre todo si se prolonga durante años. Y a ello hay que sumar que la colaboración privada en esta tarea es obligatoria y no remunerada. Este asunto fue tomado con entusiasmo por la Concejala de Urbanizaciones, pero rápidamente nos pudimos dar cuenta que el asunto podría ser tan complejo como se quisiera y que la nueva Concejala tendría muy difícil acometer esta tarea en tiempo y forma. Por otra parte tampoco las comunidades de Propietarios se fiaban de la posible gestión municipal. Un panorama desolador que únicamente demuestra la incompetencia municipal para poder abordar con éxito responsabilidades con cierta Complejidad

¿Hasta qué punto está justificado que el planeamiento pueda seguir imponiendo esta injusta discriminación, una obligación indefinida de conservar?. Es decir, ¿hasta qué momento se puede considerar ésta una carga proporcionada? Una respuesta razonable pasaria por entender que esta obligación sólo debe durar hasta que se diluya la causa por la que se impuso la obligación de conservar. Esto no quiere decir que para ello deba haber un remanente de tesorería igual al de los gastos en que incurra la entidad de conservación. Si conservar es competencia del Ayuntamiento, éste deberá asumirla tan pronto como pueda integrar en su estructura las tareas que desempeñan los propietarios a su costa.

A los efectos de disolver la entidad es necesario, según dispone el art. 30.1 RGU, que se haya producido «el cumplimiento de los fines» para los que fue creada. No sería razonable entender que, como la conservación no acaba un día concreto, nunca se cumplen los fines. La interpretación razonable de este precepto es que el fin de la entidad es conservar en tanto el Ayuntamiento no pueda hacerlo por sí mismo, de modo que, cuando sí pueda, se habrá cumplido el requisito del art. 30.1 RGU.

A pesar de ello, muchas son las entidades de conservación que siguen existiendo en la Comunidad de Madrid y en otras, aunque en algunas ya se haya limitado su duración. Para su disolución es necesaria una DECISIÓN POLÍTICA que no siempre se toma (o no siempre se lleva a cabo) por diversas razones. También hay que contar con la complejidad técnica y jurídica que presentan. Estamos pagando a políticos que realicen su trabajo conforme al interés mayoritario del pueblo y en Valdemorillo mas del 50% de sus habitantes viven en urbanizaciones.

En Valdemorillo, se han cumplido con creces los fines» para los que fueron creadas hace medio Siglo. No sería razonable entender que, como la conservación no acaba un día concreto, nunca se cumplen los fines. La interpretación razonable de este precepto es que el fin de la entidad es conservar en tanto el Ayuntamiento no pueda hacerlo por sí mismo, de modo que, cuando sí pueda, se habrá cumplido el requisito del art. 30.1 RGU.

Para finalizar este trabajo y con todo el respeto necesario pido nuevamente al Sr. Alcalde que tenga más TRANSPARENCIA sobre este asunto e intente profesionalizarlo. Al final ganaremos todos.