Sr. Alcalde, tiene usted una dura tarea por delante.

Debe buscar el apoyo de sus vecinos.

Hoy jueves 13 de febrero

He visto en la necesidad de acercarme al Consistorio a fin de conocer de primera mano todos los asuntos que he tratado en “Valdemorillo Despierta” durante los últimos meses. No he tenido dificultad alguna para ser recibido por el Alcalde y no ha puesto inconveniente para dar su versión.

Es justo y necesario, hacer especial mención, que nuestro Edil ha sabido responder a todas y cada una de las preguntas que he formulado sin poner traba a ninguna. Como consecuencia de ello, le he preguntado: ¿por qué no utiliza los medios de prensa municipales para informar a la opinión publica de Valdemorillo? Yo no tendría inconveniente alguno en canalizar el blog y mi trabajo al servicio de la Ley de Transparencia municipal.

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN es esencial para la democracia, porque facilita el ejercicio activo de la ciudadanía, contribuye a una gestión municipal transparente, confiable y responsable y robustece el debate sobre lo público. Es decir, fortalece la democracia representativa y participativa y mejora la gobernabilidad. No obstante, a pesar de estar consagrado en varias disposiciones legales y constitucionales de nuestro país y en convenciones internacionales, se desconoce, y en ocasiones se viola. En algunos casos, porque los ciudadanos o los funcionarios públicos ignoran sus alcances e implicaciones. Pero también porque con frecuencia la información pública es utilizada como si fuera de propiedad del funcionario de turno y no un bien, que como su nombre lo indica, es público. O porque es manejada como una especie de mercancía de uso privilegiado por parte de particulares para favorecer sus propios intereses o los de otros sectores poderosos.

Porque la información es una fuente potencial de poder para quienes tienen o han tenido acceso a ella, y para las personas que por acción u omisión pueden negársela a otros. Por estas razones, frecuentemente se la asocia con la conspiración, el conflicto de intereses, la “puerta giratoria” e incluso con la corrupción, para las cuales se convierte en un elemento de gran valor y la Carta Magna reconoce que este derecho ha sido determinante para la formación de una opinión pública libre y plural.

Siguiendo con el mismo asunto que ha suscitado este articulo me he tropezado nuevamente con una realidad a la que me he referido en múltiples ocasiones: El número de personas que trabajan en el Ayuntamiento es excesiva para la población de Valdemorillo, y funciona regular. Parece necesario por interés de todos auditar y regularizar la función pública municipal de Valdemorillo de manera que el contribuyente encuentre en el Ayuntamiento la solución no el problema. Los expedientes se eternizan, las preguntas de los ciudadanos o no son respondidas o se hacen de forma extemporánea. Hay mucho contratado digitalmente y poco funcionario de verdad. El pueblo ve que hay demasiados trabajadores municipales deambulando por el pueblo pasado el mediodía (por favor tomen esta critica con sentido constructivo).

Después de lo que he tenido ocasión de conversar con algunos trabajadores municipales esta mañana, sin ser jurista, pero si lector de la Ley y haber sido Funcionario Público de Carrera varios años. Estoy en condiciones de afirmar que todos los empleados del Consistorio, tanto funcionarios públicos, como personal laboral, tanto interinos, como estatutarios, Es obvio que la obediencia debida no puede ni debe desplegar efectos ante mandatos claramente delictivos. El conflicto de la obediencia del funcionario público o del empleado de la Administración en general, se produce en multitud de casos y situaciones cuando el trabajador se vea en la disyuntiva de ejercitar sus funciones con la obligada imparcialidad que resulte contraria a una orden, cuya antijuricidad no aparezca con la claridad suficiente para que el funcionario pueda discutirla y negarse a su cumplimiento. El funcionario público se encontrará ante el enfrentamiento de dos nociones del deber: El deber de imparcialidad frente al deber de obediencia, y el funcionario se encuentra en esa disyuntiva o encrucijada en la que forzosamente debe tomar camino.

Algunos empleados públicos, se estarán haciendo esta pregunta, la respuesta está en la propia Constitución y en su propio Estatuto Básico: “Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico…” traspasando dicho límite, el empleado o funcionario público estará incurriendo en un delito, al cumplir una orden que constituya una infracción manifiestamente ilegal. Desde luego, el empleado público, no es un jurista y por consiguiente, no tiene por qué conocer que dice exactamente toda la normativa efectiva, pero lo que si debe procurar, es que ante una orden o instrucción que entienda o pueda concebir contraria al ordenamiento jurídico, antes de ejecutarla o cumplirla, interesar que el Superior del que depende que le ha dado dicha orden, se la dé por escrito y aun así, si entiende que dicha orden es manifiestamente ilegal, en todo caso, ponerlo en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.