La dimisión del Concejal Sr. Coba.

La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. “Cicerón”

Los casos de interés personal son tan habituales que resulta inimaginable cualquier dimisión  a voluntad propia y sin condena en un entorno político como el de Valdemorillo y sin que concluyan razones absolutamente convincentes Este caso, puede indicar una regeneración política o un nuevo episodio de interes que encubre una disculpa espuria

Lo cierto es que la “dimisión voluntaria”, es una expresión que parece haber desaparecido del diccionario de nuestros políticos municipales. Sin embargo, hubo un tiempo en el que los políticos primaban el interés general por encima del particular, tanto es así que en sus orígenes ni si quiera cobraban dinero. Hasta los años 70, los concejales y los alcaldes cobraban dietas, no tenían sueldos porque prestaban un servicio a la comunidad. Ellos trabajaban por las mañanas, cada uno tenía su profesión y las reuniones se hacían por la tarde. Ahora mismo esto sería imposible porque no se concibe la función de un alcalde y algún concejal sin dedicación total y mucho menos sin sueldo.

Lamentablemente ahora la clase política refleja de una forma muy negativa lo que está sucediendo en la sociedad, la ausencia del compromiso y el individualismo constituye lo habitual y a los puestos claves no llegan los mejores. Quienes lo consiguen lo hacen sin ningún bagaje en el servicio a la comunidad, buscan un puesto que les pueda servir a ellos para tener buena agenda de contactos, o para conseguir un puesto de trabajo bien remunerado, sin apenas preparación académica, ni de ningún tipo de cualificacion.

Todos los concejales, menos tres que están el gobierno, continúan con su trabajo habitual y dedican un tiempo remunerado a las tareas municipales, ellos, saben el tiempo que dedican a la misión municipal. Teniendo en cuenta esta realidad no es habitual que los concejales dimitan de su cargo, lo cual demuestra que hay sobradas razones para mantener su puesto. 

Por tanto, el caso del Sr Coba constituye un caso muy especial que el tiempo terminara mostrando las verdaderas circunstancias que concurrieron para tomar la decisión ahora después de casi un año. Desde luego conociendo la trayectoria política de su jefa de filas, todo aquello que se me ocurre no coincide con la versión oficial dada por ambos políticos, pero prefiero no especular sobre este asunto que afecta directamente a la ética malograda de los políticos, por eso debemos esperar a los acontecimientos que se irán produciendo en el futuro.

Hay personas, respetables, que sostienen que a los dirigentes políticos hay que juzgarles por los resultados, es imposible que haya buenos resultados si la acción política no está motivada por principios éticos. El líder político que desempeña su actividad para acaparar poder, para enriquecerse o para fines egoístas no puede servir a la comunidad. Esta reflexión viene a cuento de las actitudes mostradas por líderes políticos locales, que han puesto en evidencia que les importa mucho más su bienestar personal o su status que el servicio a los ciudadanos que les han votado.

El beneficio propio o de terceros afines en perjuicio del interés general, es un mal canceroso que vive en simbiosis con el sistema democrático, a pesar de ser teóricamente incompatible con el mismo, y que debe preocupar muy seriamente a todos los demócratas, ya que corroe los cimientos de la democracia, en tanto que elimina la obligada distinción entre bien público y bien privado, característica de cualquier régimen democrático; rompe la idea de igualdad política, económica, de derechos y de oportunidades, pervirtiendo el pacto social; traiciona el Estado de Derecho; supone desprestigio de la política y correlativa desconfianza de la ciudadanía en el sistema, desigualdad en la pugna política, violación de la legalidad y atentado a las reglas del mercado. Desde luego la profesionalización de la política, entendida en su peor versión; el fenómeno del transfuguismo; o el deficiente sistema de financiación de las formaciones políticas. Otras, propias del municipalismo, son la crónica insuficiencia de sus recursos económicos; el raquítico régimen de incompatibilidades legales de alcaldes y concejales; la galopante “empresarización” de los Ayuntamientos para huir del Derecho Administrativo; o el deficiente sistema legal de control interno de los actos económico-financieros de los entes locales.

Ni uno sólo de los gestores públicos que recientemente han sido imputados por prácticas presuntamente corruptas, se distingue precisamente por cumplir los postulados éticos descritos, a tenor de los modos y maneras de su malhadada gestión pública, que hemos conocido con todo detalle por las oportunas crónicas mediáticas sobre causas judiciales en marcha. Se diría más bien que utilizan la política como medio de vida y, según se ha visto, como negocio (primun vivere, deinde filosofare). La falta de ética pública de esos políticos es, por tanto, el denominador común de la práctica presuntamente corrupta a que se refieren los escándalos de corrupción.