El asunto de Fuentevieja como telón de fondo

Cualquier corrupción sale muy cara

Las autoridades municipales son responsables de trámites y permisos fundamentales, los derechos de uso de suelo, licencias de operación, permisos de construcción …etc. Los trámites municipales tienden a ser los faltos de transparencia, por incumplimiento flagrante de la Ley que lleva su nombre.

Se me ocurre para comenzar este articulo utilizar una frase de Abraham Lincoln que dice: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.” Porque parece claro que la autoridad tiene la discrecionalidad para interpretar los trámites a su juicio y conveniencia, dándole el poder para determinar si realiza o no la tarea a quien se lo está requiriendo.

Para evitar que esto suceda, los municipios deberían estar obligados a establecer unos requisitos de cualquier trámite de forma clara y totalmente transparente. Una acción de este tipo reduciría el margen de maniobra de los funcionarios y eliminaría de un plumazo una parte importante de la corrupción grande o pequeña a nivel municipal. Porque a pesar del escándalo que se ha producido y que se produce con la corrupción en el entorno municipal, no parece que se estén analizando las causas del problema, pensando que su solución pasa por los tribunales, o que las listas estén libres de imputados. Es como querer acabar con la hidra cortando sus cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al bicho que ha demostrado su capacidad de adaptación al medio, pasando de alimentarse del urbanismo, las gratificaciones y la contratación pública de todo tipo.

Se me ocurre traer nuevamente a colación el asunto de Fuentevieja, en donde todas las personas con responsabilidad directa, indirecta o circunstancial han estado comprometidas por acción u omisión. A todos ellos habría que exigir responsabilidades, ya que este asunto dista mucho de haber terminado, no creo que la propiedad de la obra se quede “tan pancha” después de haber obtenido un permiso por el Ayuntamiento. Es duro saber que ha sido un ciudadano y los Ecologistas quienes pusieron veto a este desagradable asunto, mientras que el Ayuntamiento, secretario y técnicos municipales guardaban silencio. Por esta razón, no deberia extrañarnos que los ediles, rodeados solo de leales, sin controles previos ni fiscalización supramunicipal efectiva, hayan acometido obras, proyectos y planes urbanísticos, innecesarios o absurdos, desarrollando prácticas presuntamente corruptas, asignando obras digitalmente, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos.

Por todo ello, hay que modificar con urgencia el sistema de contratación y de fiscalización de los gastos, partiendo de la experiencia de otros países de nuestro entorno comunitario, proponiendo una modificación de las reglas del juego. Y si lo que verdaderamente queremos es llegar al núcleo del problema, deberemos cambiar los elementos del sistema que han favorecido la malversación.

El informe de la Unión Europea: 3.2.2014 COM, habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando en el tiempo. Particularmente molestos eran los Secretarios e Interventores de Ayuntamiento, funcionarios, del nivel superior, por oposición a escala nacional que tenían el encargo del control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.

Parece claro que una función importante del ciudadano contribuyente es la conciencia social de que el dinero publico forma parte de su patrimonio, y su defensa repercute directamente en el beneficio social del que somos todos copartícipes inmediatos; por tanto, cada uno de nosotros y nosotras debemos estar atentos a atizar adecuadamente nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en las próximas municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

Parece que ahora tenemos menos tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Tal vez los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar.