Quizás los políticos municipales comprendan que:

EL CONTROL  ES UNA GARANTÍA PARA SU PROPIA SEGURIDAD.

El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas.

Los casos de corrupción que acaban siendo noticias de prensa, una parte importante corresponde a chanchullos municipales. En cualquier caso, deben ser los grupos políticos o los medios de comunicación los encargados de sacar a la luz todas las irregularidades pasadas que se cometieron durante el desarrollo del poder municipal por pequeño que parezca. A ningún político, se le debe conceder privilegio alguno cuando maneja el dinero de todos los ciudadanos, sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que ningún grupo político de Valdemorillo utilice su poder, de acceso a la información, para despejar la nebulosa que se creó en el entorno del fracasado Plan General y de algunas irregularidades cometidas, en el entorno del urbanismo mientras fue concejala responsable la Presidenta de Pivalde.

Debo decir que había puesto mi confianza en los grupos políticos Si se puede y en el nuevo partido de Luis Herranz Anticorrupción, en este menester. Las personas que presenten los partidos a las próximas elecciones primaverales deben estar libres de sospecha alguna y por ello casi es preferible que se estuvieran alejadas de la política municipal de los últimos años.

Valdemorillo lleva demasiados años que no medra, que no tiene voluntad de expansión económica para su gente, compárenlo con Villanueva de la cañada. Los políticos de Valdemorillo se han dedicado a mirar a su pecunia personal o partidista, para intentar lanzar al pueblo en busca de un desarrollo que permita a su gente disponer de más puestos de trabajo. Este pueblo tiene servicios y es un lugar de dormitorio para jubilados o gentes que trabajan fuera. Además, algunos de los asuntos como la recepción de las urbanizaciones no se afrentan con valentía para resolver una injusticia de lustros.

Es el momento en el cual los grupos políticos deben reflexionar sobre este asunto y no solo con intereses electoralistas. Resulta lamentable, es intolerable, que Cerro 1 tenga planteado un conflicto absurdo sobre una gasolinera cuando la solución de este tema pasa necesariamente por conceder una licencia de obra en unos términos urbanísticos legales y sin tener en cuenta la opinión de la gente que vive en su entorno. ¿Esto habría ocurrido dentro del pueblo? Desde luego que el propietario de la parcela puede meternos en un nuevo conflicto de intereses a todos si decide seguir adelante con un proyecto, un proyecto que dispone de todos los requisitos legales, menos el popular para acometer una obra después de haber realizado una inversión absolutamente licita y en un lugar destinado a servicios. Algo que tiene algunos tintes de similitud, guardando las distancias de matiz, con Fuentevieja.

Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido un cierto caos administrativo en el tiempo. El informe de la UE del 7 de octubre de 2016, habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en los alcaldes y as.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido en parte corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios El secretario de Valdemorillo tiene más categoría administrativa y sueldo que un Sr. Catedrático de Universidad y la aparejadora igual que un Dr. Profesor Titular Universitario. Se hizo por agradecimiento a los servicios prestados y que sufragamos entre todos. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal, y a la luz, el político apunta siempre al funcionario.

Así las cosas, no nos debería extrañar que la anterior alcaldesa, rodeada solo de leales que dependían de ella, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometiera obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollara un PGOU, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos.

Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en las próximas municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

Sigo sin admitir anónimos, las personas que decidan comentar algo lo deben hacer bajo la misma responsabilidad de quien escribe el artículo.