¿Cuánto nos costó, de verdad, la Plaza de Toros?

El Pleno municipal acepta conocer los datos.

El pasado jueves, se sometido a la consideración del Pleno la falta de información técnica y económica que permitiera valorar con el rigor necesario, lo que nos gastamos de verdad los ciudadanos de Valdemorillo para la construcción de una Plaza de Toros.

Posiblemente un verdadero disparate económico, que podría haber sido invertido en una Residencia de la Tercera Edad. Ahora hay que esperar la respuesta municipal a la petición de ese control presupuestario que no fueron capaces de hacer los Auditores por falta de los datos informativos necesarios.

Aunque no existen razones objetivas para poder afirmar que la construccion de la Plaza de Toros de Valdemorillo sea un caso de manejo anormal de los presupuestos municipales, es alarmante la frecuencia que las construcciones promovidas por los ayuntamientos están salpicadas de casos de corrupción, así lo destaca el Informe Anticorrupción de la Unión Europea de 2014 del 3 feb. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce. El Informe Interventor realizado por el actual gobierno municipal consideraba que no había podido analizar este asunto por la falta de la documentación. No se profundizo debidamente incluso a sabiendas que las obras pagadas con el dinero de todos deben de estar escrupulosamente argumentadas con: Certificaciones de Obra promovidas por el Constructor, aceptadas por los Técnicos municipales y documentadas en su pago por el interventor. No parece que actualmente nadie haya estado o esté analizando las causas dela ausencia documental imprescindible.

En ningún caso y por ningún modo deberíamos pensar que la solución a estos problemas de corrupción está en que los tribunales vayan resolviendo los casos y que las listas electorales estén libres de imputados, es todo un error craso MIENTRAS NO SE TOMEN ACCIONES SOBRE LA GESTIÓN URBANÍSTICA DE LOS AYUNTAMIENTOS EL PROBLEMA PERDURARA.

SI DE VERDAD QUEREMOS LLEGAR AL NÚCLEO DEL PROBLEMA, se tendrá que modificar los mecanismos de control en el nivel local. Los partidos consideraron que el control por parte de los funcionarios eran un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que representaban. Esto afectó a los funcionarios de carrera, numerarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios.

Como consecuencia de ello se fueron modificando leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y las funciones de gestión, que se fueron concentrando en los alcaldes. También se quebrantó su independencia, permitiendo su nombramiento directo y la capacidad de fijar retribuciones modificando sus estatus de funcionario. En Valdemorillo, el secretario alcanzo un nivel 30, el máximo de la escala funcionarial que estaba reservado para los subdirectores generales. También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios.

La mayoría de los expedientes iniciados contra los funcionarios de carrera han sido por haber emitido informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Cuando algo sale mal la culpa se le atribuye al funcionario de carrera.

Muchos ediles, sin controles internos ni supervisión efectiva han acometido proyectos innecesarios o absurdos como una Plaza de Toros o un Colegio Privado que cerraba en el próximo año entre otras cosas.

No nos debería extrañar que muchos ediles, rodeados de leales, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen alguna práctica corrupta, abusando de sus competencias urbanísticas o infringiendo la legislación sobre contratos públicos o patrocinando un Plan General de Ordenación Urbana que tuvo que ser tumbado por la autoridad Autonómica. En nuestra Comunidad a bastantes alcaldes y alcaldesas imputadas por enriquecerse a costa de los ciudadanos. Métanse en internet o repasen las hemerotecas.

El cambio es necesario, la sociedad española ha limitado su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino la oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar.

Los ciudadanos debemos ser exigentes estando atentos utilizando nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en las próximas municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.