Si queremos resolver los problemas de nuestro municipio.

Hay que devolver a los Funcionarios de Carrera su independencia y competencias. 

El Ayuntamiento de Valdemorillo, deberia ser una organización de servicios a los ciudadanos que gestionara correctamente las políticas públicas bajo los principios de economía, eficacia y eficiencia.

Para lograrlo, deberia de tener unos objetivos concretos con una estructura administrativa adecuada, también disponer de  recursos: económicos suficientes que le permitiera seguir una cultura organizativa concreta al servicio de la ciudadanía. Actualmente la secretaria municipal tiene un problema mayestático en donde queda atascada una parte importante de esta estructura municipal y nadie hace nada para corregirlo.  

Gema, deberia descubrir cuáles son las trances, luego hacer una propuesta de mejora orientada a preservar los elementos positivos de la misma y a superar las dificultades detectadas. Es, por tanto, crítico que se inicie el análisis buscando la causa en el entorno de secretaria y no confundir los síntomas con la enfermedad. Entonces, una vez manifiesto el problema real, hacer un diagnóstico y dar soluciones.

Cuando el acuerdo partidista en el gobierno municipal salto por los aires, la casi mitad de los concejales que permanecían en el gobierno acordaron: de manera unilateral “dividirse las funciones” y aumentar sus emolumentos como les vino en gana. Un aumento salariar arbitrario que supondría no incrementar su jornada de trabajo. Algo, a lo que se podría buscar una interpretación, pero que a ojos de la ciudadanía supuso una autentico abuso de poder de difícil digestión.  

Si de verdad queremos llegar a la auténtica resolución de los problemas de nuestro Ayuntamiento de Valdemorillo, tendremos que modificar todos aquellos elementos negativos que conocemos ofreciendo para su resolución verdaderos mecanismos de control que permitan la correcta operatividad de los diferentes departamentos consistoriales.

Algunos Ayuntamientos por indicación de sus dirigentes políticos se fueron liberando del contenido administrativo que tenían algunos funcionarios de carrera, lográndose de esta manera tener una falta de mecanismos de control autentico. Particularmente molestos era el secretario e interventor, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron limitando sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y minimizándolos todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde o alcaldesa.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre resultaba aconsejable tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a algunos Ayuntamientos a capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles. También se recurrió a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín. Algunos puestos accidentales duraron años, abusando del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal, el político apunta al funcionario.

Así las cosas, no nos debería extrañar que algunos ediles, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él o ella, sin controles previos internos, ni supervisión supramunicipal efectiva, acometían obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollaban prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos.

Cambiar este sistema definitivamente es posible, además necesario y se debe partir de la experiencia pasada y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponiendo una modificación de las reglas del juego. Devolviendo a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo desde las Autonomías. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

El cambio es necesario, la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad. También hay que hacer hincapié en que la transparencia es una ocasión para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada ciudadano estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en las próximas municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.