Para evitar la asfixia presupuestaria de algunos ayuntamientos

Hay que reformar los estatutos de autonomía con pactos.

Clarificar los presupuestos del ayuntamiento y la reordenación competencial son argumentos de organización territorial que permanecen abiertos después de haber transcurrido más de treinta años desde la aprobación del texto constitucional. Las comunidades autónomas han absorbido el protagonismo y recursos dejando a ayuntamientos como el de Valdemorillo un segundo plano. 

Son muchas las voces desde otros ayuntamientos que han venido reclamando, sin éxito, la necesidad de una reforma estructural de los entes locales. La exigencia de reforma local han resurgido con fuerza con soluciones para contener el déficit municipal, de manera que gastos como, la policía municipal de y la redacción de los planes urbanísticos, entre otros, sean de entera competencia de la CAM.

Hay necesidad de clarificar el modelo de competencias partiendo de que una parte importante de los presupuestos del ayuntamiento se dedican a financiar capacidades que no han sido asignados específicamente por las leyes, con responsabilidades impropias de los entes locales. Los municipios tienen gastos, como los enumeraos anteriormente. en los que se ve el consistorio obligado a prestar unos servicios no asignados competencialmente, simplemente por ser la administración más próximas al ciudadano recayendo directamente la carga por dichos servicios. 

El Tribunal de Cuentas, cuando recomendó replantearse el mapa municipal defendió la necesidad de establecer un nuevo sistema de asignación de competencias municipales. Por su parte, el Gobierno y el Tribunal de Cuentas, apuesta por mejorar la competitividad y la eficiencia de las administraciones públicas y por la eliminación de duplicidades ya que la Ley 7/1985, reguladora de las bases de Régimen Local, diseñó un modelo competencial que ha dado lugar a disfuncionalidades, de que los Ayuntamientos presten servicios sin competencia y sin recursos adecuados.

El modelo de competencias locales es insuficiente para satisfacer un mínimo razonable de expectativas: el sector local sigue anclado en la gestión de apenas el 15 por 100 del gasto público indicativo de que el gasto público no ha sido objeto de descentralización. Para conseguir el objetivo de descentralización se inició un proceso de elaboración de pactos locales en las comunidades autónomas con el objeto de estudiar las competencias susceptibles de asignación y los consiguientes problemas económicos de la gestión que pueden derivarse del mismo. 

Todas estas circunstancias y principios son los que llevaron a los entes locales a reivindicar ante el Estado y las comunidades autónomas la realización de un proceso descentralizador que hiciese realidad la autonomía proclamada y garantizada por la Constitución donde los pactos locales autonómicos debería descentralizar con su asignación económica a favor de los entes locales. 

Parece que el elemento más relevante para la determinación de la capacidad de gestión de los Municipios viene determinado por su dimensión poblacional. En definitiva, es plenamente viable el establecimiento de diferentes regímenes competenciales de los municipios, según su mayor o menor complejidad organizativa o volumen de población. Sabiendo que las comunidades autónomas, podían haber resuelto el problema reformando los estatutos de autonomía a través de pactos con los Ayuntamientos.