El funcionario, debe garantizar imparcialidad y servicio al ciudadano

ELECCIÓN: ¿LA PALABRA O EL SILENCIO?

Colaboración.
Autor: Jesús Martínez*

Los ciudadanos están dispuestos a perdonar los errores; no están dispuestos, de ningún modo, a perdonar (seguir perdonando) ni la mentira ni la falta de honestidad. Porque, a pesar de las estadísticas, es muy posible que la ciudadanía esté más implicada/preocupada  que nunca en/con/por la política.

Gran parte del mal de la corrupción en España tiene su origen en que los dirigentes, de todos los partidos, han ido haciendo de la legislación un traje a medida para actuar sin obstáculos ni rendición de cuentas. En ese proceso han maniatado a los funcionarios, la clase encargada de velar desde las distintas administraciones por el cumplimiento de las normas, políticos que en el tiempo tuvieron la capacidad de intervenir sobre todos los ámbitos sociales colocando filtros  para mantenerlos bajo su dominio. En esas lides, desde la impunidad de su cargo, gestionan los parámetros básicos del funcionamiento de los ayuntamientos porque los que tienen que velar por la legalidad, los funcionarios, fueron descapitalizados y avasallados por el servilismo y el clientelismo laboral. ¿Dónde está la imparcialidad del funcionariado?, ¿Dónde su independencia y profesionalidad?, la sensación es que se encuentran sometidos a las directrices de los que, contrario a su temporalidad en la función pública, vienen a gobernar de modo atemporal.

De esos polvos, estos lodos. 

¿Se puede, de un modo arbitrario, mantener en su puesto a un interventor accidental?, ¿Se puede mantener un secretario que parece sacado del pasado?, solo se responde con una palabra, MANSEDUMBRE,  debemos recordar a los funcionarios de carrera que no son cargos de confianza, que no son políticos al servicio de ¿otros políticos?, que deben recuperar el deber de advertir a los que diseñan los planes la posible ilegalidad o disconformidad normativa en sus decisiones, que en gran medida, por su competencia, la Administración puede ser eficiente e imposible de manipular.

El funcionario tiene que  garantizar la imparcialidad y conseguir que el servicio llegue a los ciudadanos de forma eficaz, ha de ser objetivo, comprometido con los valores de ética y servicio público, asegurando la continuidad, sin depender del gobierno de turno, de los servicios públicos y velar por el interés general, alejados de modo sustancial de cualquier tipo de partidismo.

Pero si de función pública se trata, si del bien común se habla, entonces porque no decir que el criterio básico de un buen gobernante es precisamente el servicio público y, por tanto un ejercicio de responsabilidad y asunción de compromiso, hablamos de un código ético que parece abandonado por los gestores de Valdemorillo, código ético entendido como herramienta de gestión municipal. Nuestra Alcaldesa y por extensión nuestros concejales tienen la oportunidad, nunca es tarde, de asumirlo, interiorizarlo y responsabilizarse de su desarrollo. No hablo de leyes, hablo de compromiso y responsabilidad, de confianza y legitimidad, hablo de decisiones que son compartidas con los verdaderos agentes de su función, los ciudadanos, los que legitimaron a través de las urnas su posición en la estructura municipal.

Esta es la mejor forma de entender la palabra auditoría, un código que permite seguir y evaluar la política municipal, es la mayor y mejor consideración de una evaluación formativa, evaluación que permite crecer aprendiendo de nuestros errores y, como no, de nuestros aciertos, no vale culpabilizar al pasado, no vale desdeñar nuestra historia, están ahí para permitirnos crecer, no para mantenernos enclaustrados  en la mayor de las opacidades: deben entender que los ciudadanos les legitimarán en tanto Alcaldesa y Concejales permitan la participación de aquellos a quienes afecta, de un modo directo,  sus decisiones.

Desde fuera, desde una observación subjetiva la sensación que del gobierno de valdemorillo tiene el pueblo es que no hay definición de objetivos, que el equipo de gobierno, si los tiene, los mantiene encerrados , exclusivamente para el conocimiento de sus integrantes, que nos los plasman en documento alguno, que hay ausencia de planificación y orientación, que se hace lo que se hace porque es lo que toca no porque es lo que estaba preestablecido, que nuestros responsables políticos tienen un insuficiente o nulo interés por modernizar la gestión, que están sujetos al corto plazo. Nuestro municipio carece de una organización cercana a lo que los nuevos tiempos reclaman, colaboración y cooperación, trabajan en reinos, en un reparto ancestral de poder donde cada concejal tiene como preocupación única la resolución de su problema, donde no existe la palabra coordinación, donde no existe reflexión colectiva, lo que favorece la división y la crisis institucional, donde cada concejal dirige su parte de administración empeñándose en hacer el trabajo de los funcionarios, o dirigiendo desde su atalaya. Este modelo ancestral viene indefectiblemente definido por una falta importante de definición de prioridades, considerando los escasos recursos con los que contamos, la priorización de su función, como única de cada concejal, la escasa participación colectiva y lo que es más deleznable la baja o escasa definición del papel del alcalde, que queda únicamente como maestro de ceremonias en el ritual del pleno del ayuntamiento.

Me permitiré la licencia de recordar lo que parecen haber olvidado los que hoy nos gobiernan, de recordarles que decidieron compartir un camino juntos con premisas comunes, que se repartieron las funciones, espero, desde las capacidades individuales amasando unos compromisos que, por lógica, deben estar presentes en cada una de sus acciones: 1º.- Mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. 2º.- Acercar la Administración a los ciudadanos haciéndola más receptiva y transparente en su funcionamiento. 3º.- Perfeccionar el funcionamiento de los servicios municipales obteniendo la máxima eficiencia. 4º.- La mejora del funcionamiento de los equipos de gobierno

* Jesús Martínez  es miembro del Partido Anticorrupción de Valdemorillo