A mis amigos de Valdemorillo. Cap 3
EL URBANISMO. NÚCLEO PRINCIPAL DE CORRUPCIÓN EN
MADRID
El núcleo principal
de la trama de corrupción de la CAM dada a conocer hoy por el juez Pedreira revela que los ayuntamientos
del PP presuntamente implicados en tramas corruptas han ocultado
deliberadamente información al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM),
lo que ha dificultado las investigaciones judiciales.
El
incremento de delitos urbanísticos recoge la siembra del volumen de procesos
judiciales que actualmente instruyen los tribunales madrileños en esta materia.
Los delitos más comunes en estas tramas de corrupción son la prevaricación
urbanística, la prevaricación genérica, la omisión del deber de perseguir
delitos o la falsedad en documento oficial. La Fiscalía especializada destaca
la complejidad de perseguir estos tipos delictivos habida cuenta de su
singularidad: los órganos que deberían controlar estos excesos son los propios
ayuntamientos, que tienen la obligación de hacer las veces de «policía
urbanística», como ente que gestiona la recalificación de su propio suelo
urbano.
Un informe de la Intervención General del Estado incorporado
al sumario pone de manifiesto que varios los ayuntamientos regidos por el PP,
todos ellos en la Comunidad de Madrid, han ocultado "de forma expresa e
intencionada" los expedientes sobre adjudicaciones de obras y servicios.
En varios ayuntamientos importantes, tras los
registros practicados por la (Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de
la policía, que no debe haber terminado de finalizar sus trabajos, y a través de
los interventores generales del Estado adscritos a la Fiscalía Anticorrupción
comprobaron que la documentación intervenida sobre adjudicaciones presuntamente
irregulares estaban, en la mayoría de los casos, incompletos. Los municipios
fueron entonces requeridos judicialmente a remitir los expedientes completos,
pero la Intervención General del Estado -dependiente de Hacienda- volvió a
constatar la absoluta falta de colaboración de esos ayuntamientos.
Las corrupciones urbanísticas casi siempre se derivaron
desde Planes Parciales, Planes Generales y Normas
Subsidiarias organizadas desde el poder municipal y auspiciado por empresas constructoras
importantes en la zona. Estas empresas influían de manera determinante en la elaboración
de las normas urbanísticas favoreciendo sus intereses especulativos frente a la
concierna de muchos ciudadanos del pueblo.
Lo increíble es que, a estas alturas,
después de todo lo ocurrido, después de 5.144 casos de corrupción denunciados
en más de 600 ayuntamientos, el Congreso de los Diputados de este país no haya elaborado aun ningún
informe con esas mismas conclusiones. No, silencio. Ni un
miserable debate público sobre la evidencia de lo ocurrido. No ha habido
debate, ni está previsto que lo haya. Así, realmente, no se podrá nunca luchar
de verdad contra la corrupción, porque lo que falta, a todas luces, es la voluntad política para reconocer esa verdad.
Querido profesor y antiguo compañero. Soy militante del PP y debo confesar que tanbienme siento consternado ya que vivimos momentos en que la transparencia, la honestidad y capacidad de entrega de los dirigentes debe ser una referencia clara que sea capaz de permitir olvidar toda la inmundicia acumulada durante años. Los administradores de lo público y de quien la práctica debe ser cristalina mayoría de las personas que de forma altruista y no retributiva la ejercen deben salir reforzados como verdaderos servidores de los demás, por su vocación social e ideológica.
ResponderEliminarNo podemos ni debemos generalizar ante el panorama que estamos vislumbrando que, desde luego, es de todo menos alentador: Operación Pokemon, Operación Campeón, caso Gürtel, caso Palau de la música, ITV, Nóos, Palma Arena, los ERE en Andalucía y así un largo etc. “En política no vale todo”. Existe la necesidad de renovar la política y el partido y, por supuesto, con su rotunda afirmación en los partidos no debe haber cabida para actuaciones “irregulares, ilegales o fraudulentas”, por lo que quienes se intenten aprovechar del partido, tienen que estar fuera de él, fuera de la política y en manos de la Justicia.
Y así tiene que ser y la auditoría interna y externa solicitada para tal fin tiene y debe ser profunda, exhaustiva y definitoria, a la vez que la investigación judicial en curso y todos los casos se deben investigar hasta el final para garantizar la tranquilidad, transparencia y confianza que cualquier afiliado o simpatizante debe tener en su organización y por supuesto la de los millones de hombres y mujeres que apoyan con su voto a estos partidos. Todo partido tiene la obligación de colaborar en este propósito y que dichos resultados se hagan públicos, como no puede ser de otra forma. Los Ayuntamientos deben abrir sus ventanas y permitir cualquier tipo de auditoria externa y los funcionarios al servicio de la administración local permitir tales investigaciones.
Pero dicho esto, debe quedar clara la imperiosa necesidad de dar prioridad absoluta a un pacto nacional contra la corrupción entre todos los partidos del país. Que debe plantearse para dar tranquilidad al conjunto de los ciudadanos que componemos este gran país. De la misma forma tampoco debemos pensar que todo aquel que tiene una responsabilidad orgánica y pública en un partido político es un presunto delincuente en potencia.