Viviendas en el centro del pueblo, ubicadas en trasteros
Quiero comenzar esta nueva
entrega, con una frase de Rudolf Von Jhering, filósofos del Derecho, que dice así:
“Cuando la
arbitrariedad y la ilegalidad se atreven a levantar la cabeza con insolencia e
impudicia, es signo seguro de que los llamados a defender la Ley no han
cumplido con su deber.”
Vivimos en sociedad y dependemos de todos; es más,
nos tornamos humanos gracias al contacto con los demás. Para convivir,
necesitamos normas y reglas que indiquen lo que está permitido e impidan que
nos perjudiquemos unos a otros. Cada grupo humano crea las reglas para guiar su
conducta y vivir en colectividad. Se hace indispensable un mecanismo que regule
la conducta de las personas, de manera que se respeten los derechos y las
libertades de todos por igual, ya que de esta manera todos estamos obligados por
las normas y los políticos que ostentan el poder, con mucha más razón.
El ciudadano, Juan Carlos Cañadas, ha venido
peleando con el asunto de la cabecera de este articulo más de diez años y nos ha venido relatando
algo que le atañe y también a otras personas de su entorno. Por tal
razón dejó en el blog su escrito y algunos documentos a disposición de
cualquier ciudadano que lo necesite, que fundamentan su arrebato. Prometí estudiar este asunto
para establecer un posicionamiento objetivo del caso. Esta tarde la he dedicado
a documentarme y a conocer testimonios evidenciados de este proceso. Después de conocer este escenario me permito
ofrecer una visión más clara de los hechos.
El conjunto residencial los Jardines de la Unión se
compone de 5 portales, con cinco viviendas en cada portal distribuidas en: bajo
A, bajo B, primero A, primero B y ático A. En cada portal existen 4 trasteros
en planta ático, excepto en el nº 2 en el que existen 3.
En el año 2005 se entregan las 25 viviendas, un año más
tarde, el promotor del inmueble, se lía la manta a la cabeza, iniciando una
obra ilegal, transformando los trasteros en viviendas y eliminando la puerta de
protección contra incendios y las cuatro puertas de acceso a cada uno de los
trasteros. Para conseguirlo se trampean los boletines de agua y electricidad
para transformarse en 5 viviendas ilegales no incluidas en la licencia de
primera ocupación, sin embargo la empresa de Gas Natural, nunca suministro
combustible, pese a que dejaron las tomas preparadas.
La anterior alcaldesa Pilar López Partida conocía de este asunto desde el año 2006, pero uno de los propietarios de
los trasteros era el concejal de Hacienda y Urbanismo. En el año 2014 por un
informe de los Servicios Técnicos se inicia un procedimiento sancionador y
restauración de la legalidad urbanística que muere en el intento. Durante los dos
años siguientes los vecinos, afectados por esta irregularidad urbanística, han
venido denunciando al ayuntamiento subsanar esta aberración sin éxito. Como
consecuencia los vecinos presentaron una denuncia a la Comunidad de Madrid.
En julio de este año la Comunidad de Madrid. ordena al Ayuntamiento que actué y si no lo hace lo haría ella.
Ahora, el actual equipo de gobierno conoce toda la documentación remitida por la Comunidad de Madrid, pero aun no comenzó a actuar. Hay que tener en cuenta que este tema ya no tiene recorrido y si el Consistorio no actúa, tendrá que hacerlo la Comunidad.
Ahora, el actual equipo de gobierno conoce toda la documentación remitida por la Comunidad de Madrid, pero aun no comenzó a actuar. Hay que tener en cuenta que este tema ya no tiene recorrido y si el Consistorio no actúa, tendrá que hacerlo la Comunidad.
¿Por qué el Ayuntamiento no ha iniciado expediente
sancionador? Será porque son amigos y familias de toda la vida. Durante años los ciudadanos de Valdemorillo
conocían que el control administrativo del urbanismo lo inspeccionaba el
arquitecto Andeiro, casado con otra arquitecta a la que no faltaba trabajo. Los
ciudadanos del pueblo que querían construir sabían que su mejor opción era
pasar por el estudio de la Sra de Andeiro, ya que de esta manera no
tendrían pega en la tramitación de la correspondiente licencia de obra. Este
argumento era conocido por los promotores y constructores de Valdemorillo, ya
que de esta manera podrían asegurarse un mejor
y más fácil rendimiento en los gastos de proyecto y dirección
facultativa de las obras. En muchos casos el arquitecto municipal se constituía
en supervisor de las mismas obras edificatorias, y a los promotores les venía
de perlas ya que así conseguían con el mismo coste obtendría mejores
rendimientos. Este escenario se mantuvo en el tiempo,… los políticos callaban,
los ciudadanos también y los funcionarios, depende.
En
ocasiones aprovechando esta situación de poder técnico y con la tolerancia de
los políticos se manejaba esta incompatibilidad manifiesta saltándose la
edificabilidad permitida a sabiendas de lo que se hacía. Se proyectaba de
manera incorrecta y con una arquitecta con bula. No quiero, seguir entrando en
detalles porque considero que el asunto queda lo suficientemente claro.
Todos, en
mayor o menor medida hemos podido tener parte de culpa. Los políticos por
tolerarlo y los ciudadanos por callar. Valdemorillo tiene irregularidades
urbanísticas Pero los políticos no dieron nunca la cara y prefirieron callar
Ya
tenemos el escenario: del caso una construcción arquitectónica erigida de
manera ilegal (desde el punto de vista normativo) y en función de una situación
irregular de poder. Lo levantado ha pasado por diferentes fases y ha sido comprado,
incomprensiblemente, por quienes deberían conocer por obligación, la
irregularidad de la construcción.
Las
Normas Urbanísticas, están destinadas a controlar la forma de los pueblos: sus
edificios, sus calles, instalaciones, equipamientos, servicios,… tienen la
espinosa misión de proteger el patrimonio, la naturaleza, a los habitantes y su
entorno; en definitiva: de resguardar lo importante; y de conseguir que con lo
nuevo sea eficiente, armónico, a la par que respetuosas con el medio ambiente.
Creo que esto todo el mundo lo entiende, lo que no resulta tan claro es que los
responsables de velar por los correctos cumplimientos de estas normas no lo
hagan por intereses notos.
Para terminar: ¿POR QUÉ EL AYUNTAMIENTO NO HA INICIADO EXPEDIENTE SANCIONADOR (30.001 A 600.000 EUROS)?
Para terminar: ¿POR QUÉ EL AYUNTAMIENTO NO HA INICIADO EXPEDIENTE SANCIONADOR (30.001 A 600.000 EUROS)?
Es más que posible que la empresa que dictamino los boletines de electricidad tenga algo que ver con el actual concejal de Urbanismo del gobierno municipal ahora en el poder.
ResponderEliminarJuan Carlos, constituyes un ejemplo de tesón, es más si todos los ciudadanos de este pueblo actuasen como lo has hecho tu muchos de los problemas que padecemos ahora no los tendríamos.
El actual concejal de urbanismo actual, Luis Hernández Puerta, NO tiene nada que ver con el boletín de instalación de electricidad. Fueron empresas de fuera del municipio las que certificaron que había 30 viviendas. El tesón y la pelea en este asunto es fruto de la perseverancia de un grupo de 8 vecinos, los cuales no estamos dispuestos a tolerar las cacicadas de antaño.
EliminarAgradecido Juan Carlos, por la aclaración necesaria a Charo. Aprovecho para insistir nuevamente, en no desacreditar a nadie sin tener la información precisa para poder hacerlo. Mis disculpas Concejal de Urbanismo.
EliminarLa huella digital, en lo que va de año y coincidiendo con el repunte de la actividad inmobiliaria, “ha crecido en España un 41% el número de empresas y personas del ámbito de la construcción que han encargado borrar informaciones negativas en internet que perjudican su reputación”.
Los más interesados en hacer desaparecer su huella son las promotoras inmobiliarias relacionadas con escándalos urbanísticos, corrupción o atentados medioambientales. Y los instaladores, a los que se acusa de falta de cualificación y la mala calidad de los materiales empleados. Las quejas se focalizan en empresas de cerramientos y aislamientos térmicos, colocación de tabiques, parqués, ventanas, persianas y cañerías.
Durante años se ha permitido que los poderosos o los próximos al poder municipal pudieran organizar la edificabilidad a su antojo. Cualquier manifestación urbanística al no tener la regulación de un PGOU campaba al socaire de unos pocos que se permitían plantar un polígono industrial en una zona de imposible desarrollo como la Gazuela, o colocar un colegio en un área residencial… y por supuesto, construir sobre unos trasteros unas viviendas aumentando de esa forma la edificabilidad en un 20%.
Yo también soy de la opinión que, con una ciudadanía como Juan Carlos y Cía., difícilmente los políticos camparían a sus anchas a costa de la ciudadanía inconsciente y tolerante.
El ciudadano forma parte del pueblo y debe colaborar con su gestión en función de sus intereses. El urbanismo es parte esencial que permite una mejor convivencia ciudadana y de debe modelarse conforme al interés mayoritario y no a concierna de unos pocos próximos al poder municipal.
Si en el año 2005 se entregan las 25 viviendas y seguidamente un año más tarde, el promotor del inmueble, emprendió una obra ilegal transformando los trasteros en viviendas y eliminando la puerta de protección contra incendios y las cuatro puertas de acceso a cada uno de los trasteros. La aparejadora municipal es responsable de no haber supervisado y parado la obra, a no ser que ella este también involucrada en esta desidia administrativa.
EliminarSegún dice el autor del artículo, para conseguirlo se hicieron trampas en los boletines de agua y electricidad para transformarse en 5 viviendas ilegales no incluidas en la licencia de primera ocupación.
Sin embargo la empresa de Gas Natural, no quiso asumir la responsabilidad civil correspondiente a una obra realizada sin licencia y nunca suministro combustible, pese a que dejaron la toma preparada.
Resulta indudable que ahora el ayuntamiento y más concretamente el servicio técnico tiene que actuar donde antes no lo hizo, la comunidad de Madrid da la razón a los propietarios y pide al Consistorio actuar de facto. Ahora veremos la capacidad de este gobierno para hacer justicia en favor de los legales propietarios del inmueble.
Hasta qué punto alcanza la impunidad de los políticos y funcionarios que aprueban excepciones que modifican arbitrariamente los Códigos de Planeamiento Urbano, en detrimento de la calidad funcional y la sustentabilidad tanto ambiental como económica.
ResponderEliminarLos que trabajamos con el urbanismo, siendo o no urbanistas, sabemos que solo las leyes de uso del suelo, ordenamiento territorial, etc... y sus códigos y reglamentaciones correspondientes es aquello que nos garantiza el no quedar a merced de los intereses arbitrarios e insaciables de los desarrolladores inmobiliarios.
Estas acciones obligan a gran parte de los ciudadanos a vivir en estado de precariedad o en su defecto a tener que habitar espacios que no cumplen con sus características urbanas, ya que unos trasteros no deben transformarse en viviendas a no ser por una razón especulativa.
Peor es el caso cuando esto sucede en zonas urbanas consolidadas y de buena funcionalidad al solo efecto de solventar grandes negociados y desarrollos no sustentables.
Demás esta repetir que no se contemplan en estos proyectos el impacto ambiental y socio-económico que puedan llegar a producir. Y que generalmente, los mismos que hacen grandes campañas promoviendo la "sustentabilidad" o "sostenibilidad", son los "desarrolladores" de megaproyectos insustentables, que comprometerán aún más a las futuras generaciones negándoles todo tipo de derechos.
A pesar de mi comentario del otro día, en el que me parecía absurdo que a alguien le dejen construir su casa con un bajo cubierta y luego le impidan usarlo como le de la gana, quiero dejar claro que esto, que se comenta hoy, no tiene nada que ver con lo otro. Esto, para empezar me parece un engaño y una estafa a los dueños de los pisos, que seguramente tenían derecho a un trastero o por lo menos así funciona en otros pisos que conozco. Meterles una vivienda encima, me parece un atropello por parte del dueño de los trasteros. Espero que consigáis que los vuelvan a convertir en trasteros.
ResponderEliminarMal "comparao" esto es parecido a lo que pasa en la calle Flor de los Almendros, donde seis vecinos se han adueñado del aparcamiento de uso público que hay entre sus parcelas y la calle. Yo llevo piándolas por esto desde 1998, la urbanización se gastó 36.000 euros en juzgados, que perdimos por hacerle caso al Ayuntamiento. Nuestra inexperiencia y la mala fe de nuestro abogado nos han dejado una situación que este servidor recuerda todos los meses al Ayuntamiento, con copia personal a todos los 17 concejales que se sientan en la mesa del Pleno,y a los funcionarios de primer nivel y a la Señora Aparejadora. Ni puñetero caso, me dan la razón pero, ni puñetero caso. Os deseo suerte.
Pasadlo bien. Andrés