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Mandar ahora en un Ayuntamiento, no es una autorización para hacer de jefe.

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  HACE FALTA UNA JEFATURA PROFESIONAL Conseguir que los funcionarios hagan el trabajo y bien, Según la ley, el Ayuntamiento debe tener el personal idóneo nominado objetivamente con mejor perfil. En un proceso serio de selección con acreditación de las cualidades y competencia. Falta mucho trabajo por hacer si se quiere asumir el compromiso de que prevalezca la jerarquía democrática. Nadie puede poner en duda la dimensión institucional del municipio de Valdemorillo como poder público en un Estado democrático. Y la calidad del sistema institucional,  uno de los elementos que sustenta el desarrollo económico y social. Las instituciones son “infraestructuras sociales” que permiten un mejor crecimiento y acentúan la competitividad. Tampoco se puede objetar nada a la idea de que este municipio como otros, compiten entre sí , con estructuras institucionales adecuadas, inspiradas en criterios de calidad democrática y buen gobierno, eficientes en su gestión y con una ciudadanía

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ha cumplido 8 años.

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  El Ayuntamiento sigue informando mal. La información no llega adecuadamente a la población a pesar de querer estar bien informada. Lo que nadie puede discutir es que la Transparencia está ligada a la fe pública, el archivo administrativo (y electrónico único), la gestión documental y de procesos, y como tal, entraba de lleno en el círculo de competencias propias de la sub-escala de Secretaría (y de Secretaría Intervención, en su perenne dualidad funcional). Ampliación de Cerro Alarcón, ha denunciado al Consistorio por no haber efectuado la Recepción aprobada hace años en un Pleno. La realidad siempre es tozuda ya que la máxima responsabilidad municipal la ostenta provisionalmente el Alcalde, pero ha tenido que pasar más de ocho años y numerosas normativas para poder aclarar la cuestión de Transparencia y su obligación, de tal forma que al final la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parl