RECOGIDA DE PODAS EN VALDEMORILLO.

EJEMPLO DE DESCONEXIÓN ENTRE AUTORIDAD Y REALIDAD.

Es un principio básico de la gobernanza, debe ser el respeto de la ciudadanía. Pero no se trata de acato por el cargo, sino por la capacidad real de gestionar, planificar y actuar con eficacia. Cuando esto falla, la autoridad se convierte en un espectáculo de ineficiencia, y lo que debería ser un servicio útil termina siendo una molestia evitable.

El caso de la recogida de podas en Valdemorillo es un ejemplo perfecto de esta desconexión entre autoridad y realidad. A finales de abril solicité un contenedor, y recién me fue concedido a mediados de julio. Sí, tres meses después, justo cuando las plantas alcanzan su máximo crecimiento y las parcelas se convierten en junglas imposibles de mantener. Resultado: o me enfrento a la limpieza por mi cuenta, o renuncio a usar un servicio que, según el Ayuntamiento, “facilitaría” la gestión de residuos vegetales.

Lo más sorprendente no es solo el retraso: es que nadie pareció considerar la planificación mínima necesaria. ¿Número de equipos disponibles? Ignorado. ¿Necesidades de los vecinos? Ignoradas. ¿Calendario coherente con la temporada de poda? Inexistente. Lo que debería ser un servicio eficiente se convierte en un ejemplo de improvisación administrativa. Un fiasco que nadie anticipó, y que genera más problemas que soluciones.

Este desorden evidencia algo más profundo: la autoridad sin capacidad de gestión es inútil. Cuando se promete un servicio público, los ciudadanos esperan que se cumpla, no que se convierta en una carrera de obstáculos. La falta de coordinación, previsión y compromiso con la ciudadanía erosiona la confianza en quienes gobiernan. Y no hay excusa que justifique que un contenedor llegue tres meses tarde, justo en el momento en que más se necesita.

En pocas palabras: este proceso no fue simplemente un error administrativo; fue un fracaso completo de planificación. La consecuencia es clara: vecinos frustrados, parcelas descuidadas y un servicio público que se ha convertido en un ejemplo de cómo no se debe gestionar. La autoridad responsable tiene la obligación de asumir la crítica, revisar sus procedimientos y garantizar que algo así nunca vuelva a repetirse, porque cada retraso y cada improvisación tienen un costo real para la comunidad.


Comentarios

  1. Profesor. La realidad es indignante: no se puede dirigir un Ayuntamiento desde la ignorancia, la improvisación y la falta de responsabilidad. Quien toma decisiones sin entender lo que firma ni las consecuencias que provoca, perjudica directamente a los vecinos.
    En Valdemorillo da la sensación de que algunos políticos están únicamente para cobrar un sueldo, mientras determinados funcionarios actúan sin control, haciendo cada uno lo que le da la gana. Y lo más grave es que el desorden empieza desde arriba, con quienes deberían garantizar legalidad, rigor y funcionamiento serio de la administración, incluido el propio Secretario.

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  2. Mientras los partidos políticos, en este caso PP Y VOX, no se den cuenta como se esta gobernando y los errores que se cometen difícilmente esto se puede superar

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    1. Hay municipios donde el paso del tiempo no se mide por proyectos terminados, mejoras urbanas o avances en los servicios públicos, sino por la acumulación de problemas enquistados. Localidades como Valdemorillo representan, para muchos vecinos, el ejemplo de una forma de gobernar donde la prioridad ha dejado de ser la gestión eficaz para convertirse en la conservación permanente del poder político.
      Durante años se han repetido decisiones improvisadas, desarrollos urbanísticos mal resueltos y una sensación constante de que cualquier medida que exigiera trabajo técnico serio, planificación o esfuerzo administrativo acababa sustituida por la “chapuza” de corto recorrido. Urbanizaciones mal conectadas, servicios insuficientes, mantenimiento irregular y proyectos que nunca terminan de resolverse forman parte de un paisaje político que demasiados ciudadanos consideran ya normalizado.
      Lo más preocupante no es únicamente el deterioro urbanístico o administrativo de las EUC. El verdadero daño afecta a la propia cultura democrática. Cuando los vecinos perciben que los cambios de partido no alteran las dinámicas reales de gestión, comienza a instalarse una idea peligrosa: que las siglas cambian, pero el sistema permanece intacto. Se consolida así una política municipal basada más en el control interno y las redes de influencia que en la rendición de cuentas.
      En muchos municipios pequeños y medianos, las estructuras de poder local terminan funcionando como círculos cerrados. La proximidad entre política, relaciones personales, contratación pública y dependencia económica genera entornos donde resulta difícil introducir cambios profundos. La fidelidad al grupo acaba pesando más que la capacidad de gestión. Y los partidos, lejos de corregir estas dinámicas, con frecuencia las toleran porque garantizan estabilidad electoral y control territorial.
      El urbanismo merece una reflexión aparte. Se han utilizado el crecimiento urbanístico como herramienta de financiación, influencia y construcción de poder político. Cuando no existe una supervisión técnica firme ni controles externos eficaces, el resultado suele ser una combinación de expansión desordenada, infraestructuras insuficientes y gasto público poco estratégico. El problema no aparece de golpe: se acumula lentamente hasta convertirse en un modelo difícil de sostener.
      La consecuencia más grave es la desafección ciudadana. Muchos vecinos terminan convencidos de que participar no sirve de nada, de que cualquier intento de cambio acabará absorbido por las mismas dinámicas internas. Esa pérdida de confianza deteriora el debate público y empobrece la democracia local mucho más de lo que reflejan los resultados electorales.
      Por eso sería conveniente que la Comunidad de Madrid analizara con mayor profundidad qué ocurre donde los problemas se repiten durante años sin que existan correcciones estructurales. No se trata solo de fiscalizar cuentas o revisar contratos. Se trata de estudiar cómo determinadas culturas políticas locales terminan vaciando de contenido la gestión pública.

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